Perú se propone lograr interconectividad total en 2030 con acceso a internet de alta velocidad

En la CADE Digital de 2021, funcionarios peruanos trazaron un ambicioso plan: para 2030, el Perú tendría internet de alta velocidad en cada rincón del país, servicios digitales funcionales y una población capaz de usarlos. No era una promesa vaga. Osiptel y la Presidencia del Consejo de Ministros presentaron esto como la brújula para el desarrollo nacional bajo la nueva normalidad que la pandemia había impuesto.

La pandemia había dejado clara una verdad incómoda: lo digital no era lujo empresarial. Era infraestructura básica. Sin ella, los ciudadanos no podían acceder a servicios esenciales. Elena Conterno, presidenta de IPAE, lo planteó así: el Estado, el sector privado y la academia debían trabajar juntos para que la transformación digital incluyera a todos los peruanos, no solo a algunos. El desafío era identificar qué agenda común podía llevar eso a la realidad.

Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital de la PCM, y Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de Osiptel, fueron los encargados de detallar el camino. Ambos reconocieron que el país había avanzado: se había aprobado la Ley de Gobierno Digital y creado el Sistema Nacional de Transformación Digital, marcos que permitían a entidades públicas y privadas colaborar para poner la tecnología al servicio de las necesidades reales de la gente. Pero los avances normativos eran solo el primer paso.

Chocobar fue clara sobre lo que faltaba: los servicios digitales debían ser empáticos, diseñados pensando en las personas, no en los sistemas. Quienes los creaban tenían que respetar la realidad de conectividad del país, construir plataformas simples y accesibles. Para los peruanos, esto significaba billeteras digitales para recibir bonos, trámites más rápidos, procedimientos administrativos menos engorrosos. Pero nada de esto funcionaría sin alfabetización digital.

Muente trajo números que mostraban el camino recorrido. En 2012, apenas el 2% de los hogares rurales tenía acceso a internet. Para 2019, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, esa cifra había saltado a más del 40%. Era un salto real. Pero también había obstáculos reales: gobiernos locales y ciudadanos mismos frenaban la instalación de infraestructura. Muente fue directo: sin confianza, sin comunicación cercana, sin el compromiso de todos los niveles del Estado y el sector privado, la conectividad no llegaría a ningún lado.

La visión para 2030 era clara en sus términos: interconexión total, internet de alta velocidad en todo el territorio, servicios digitales de calidad, ciudadanía empoderada. Pero los funcionarios sabían que esto dependía de algo que no podía legislarse: que los ciudadanos vieran valor en la tecnología en su vida diaria, que la adoptaran, que luego exigieran que fuera mejor, más simple, más confiable. Eso era lo que fortalecería el talento digital y crearía una ciudadanía informada. Todo dependía de que el sector público y privado actuaran como un ecosistema, no como adversarios.