Personas con discapacidad reclaman participación política real: «Somos protagonistas, no espectadores»

En una sala del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, tres voces distintas convergieron el viernes pasado alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué significa participar en política cuando la sociedad te ha enseñado a ocupar el menor espacio posible?

Gloria Bazán, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, llegó a esa mesa como trabajadora social, madre y mujer con parálisis cerebral. Su trayectoria resume años de obstáculos invisibles: la universidad que tuvo que terminar contra las expectativas, el mercado laboral que le cerró puertas una y otra vez, hasta que un vídeo currículum que se hizo viral abrió caminos que nadie le había ofrecido. Hoy coordina delegaciones de salud, infancia y juventud en su ayuntamiento, siendo la primera delegada con discapacidad del Partido Popular en gobernar una ciudad. "Tuve que demostrar mucho más que el resto", confesó. Su definición de inclusión no es poética: es tener que sacar adelante tres delegaciones como cualquier otra compañera, sin que eso sea noticia, sin que eso sea excepcional.

José Inache, conocido como Ugo sin hache, llegó desde otro lugar. Durante años vivió escondido, avergonzado de su rostro marcado por el síndrome de Möbius. La infancia feliz dio paso al rechazo social, la infantilización, el aislamiento. "Fue la sociedad la que me discapacitó", dijo con claridad. La terapia le permitió reconocerse como una persona valiosa con derecho a ocupar espacios públicos. Hoy es una voz reconocida en redes sociales que desmonta estigmas desde el humor, la crítica y la ternura. Su mensaje fue directo: "No somos el problema. El problema es una sociedad que no nos quiere mirar a la cara".

Pero quizá el momento más contundente llegó cuando Laura, David y Ángel, miembros del Comité de Ciudadanía de Fundación AMÁS, tomaron la palabra. Este comité es una estructura pionera de representación democrática compuesta enteramente por personas con discapacidad intelectual. Ellos no vinieron a pedir que se les escuchara. Vinieron a exigir que se les permitiera decidir. "No queremos ser consultados, queremos decidir", proclamaron. Sus reivindicaciones son concretas: un abono único de transportes para personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, y la aplicación efectiva de la Ley 8/2021, que elimina las tutelas. "Queremos elegir nuestros apoyos, decidir por nosotros mismos y asumir responsabilidades. La ley debe aplicarse, no solo figurar en el papel", leyeron en su manifiesto.

Melisa Tuya, redactora jefe de la sección Capaces de este periódico y moderadora del encuentro, recordó algo que suena obvio pero que sigue siendo necesario repetir: "No se puede hablar de discapacidad sin contar con las personas con discapacidad". Defendió el papel esencial de los medios accesibles —lectura fácil, subtítulos, formatos comprensibles— como herramienta para que el ejercicio de derechos políticos sea posible. "Informarse es el primer paso para participar", subrayó.

La jornada, organizada por Ceapat del IMSERSO bajo el título "La participación social y política de las personas con discapacidad", también contó con la participación del jurista Rafael de Asís Roig, catedrático de filosofía del derecho, y representantes de organizaciones como el CERMI, Fundación AMÁS y Plena Inclusión Madrid. Pero fueron los testimonios de quienes viven estas barreras cada día los que dejaron la marca más profunda.

Lo que emergió de esa mesa fue una verdad incómoda: la participación política de las personas con discapacidad no es un asunto de caridad, de consulta simbólica o de representación tutelada. Es una cuestión de presencia activa, de decisión propia, de protagonismo real. Como dijo Ángel al cerrar: "Estamos en 2025. Que nadie dude de que también nosotros decidimos el futuro". El desafío ahora es si la sociedad está dispuesta a creerle.