Pedro Corbalán, el gestor del ático que Ayuso prefiere que no comparezca

Pedro Corbalán Ruiz es el consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública que en abril de este año adquirió un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros. Fue él quien gestionó cada paso de la operación: contactó con la inmobiliaria Promora, visitó el inmueble, firmó el contrato de arras por 630.000 euros y también el acuerdo de confidencialidad que selló la compra durante una década. Pocos sabían que esto estaba ocurriendo. Según documentos que la Comunidad de Madrid publicó esta semana, el nombre de Corbalán aparece tachado en varios papeles, un detalle que subraya cuán cerrada fue la gestión de una adquisición que permanecería oculta hasta que El País la reveló el 29 de julio.

La cronología es clara en los expedientes. El 3 de febrero, Corbalán firmó el acuerdo de confidencialidad con Astrid Gil Casares, la vendedora y expareja del presidente de Ferrovial Rafael del Pino. Trece días después se tasó el inmueble. El 27 de febrero volvió a firmar, esta vez las arras. La compraventa se cerró el 14 de abril. Un día y medio después de que la prensa revelara la operación, el consejero de Presidencia García Martín anunció que el ático se pondría a la venta por 6,69 millones de euros. Nadie pujó. Ahora vuelve a estar en subasta al mismo precio, y si no hay ofertas, permanecerá disponible indefinidamente.

Lo que los documentos no explican es quién ordenó que se buscara este inmueble, ni por qué se eligió una inmobiliaria de lujo especializada en viviendas cuando Planifica Madrid es una empresa pública dedicada a gestionar patrimonio y obras públicas. La oposición, a través de Más Madrid y el PSOE, pidió que Corbalán compareciera en la comisión de investigación que se celebró el lunes para responder estas preguntas. El Partido Popular lo impidió. En su lugar envió al consejero García Martín, quien argumentó que como presidente del consejo de administración de Planifica era el responsable último de lo que ocurría en la empresa. García Martín compareció el jueves anterior y reconoció por primera vez que el ático se usaría como alojamiento ocasional para autoridades en visita o para las propias autoridades de la Comunidad.

El acuerdo de alquiler que nunca llegó a ejecutarse preveía 3.000 euros mensuales, muy por debajo del precio de mercado para un inmueble de esas características en ese barrio. El contrato de arrendamiento entraría en vigor el 1 de agosto y se mantendría durante diez años, lo que hubiera significado 315.000 euros en pagos que no comenzarían hasta noviembre de 2027, después de las elecciones autonómicas. El documento incluye un detalle revelador: el ático se alquilaría como inmueble institucional de carácter residencial, con la posibilidad de uso permanente. Hasta que se publicó el expediente, el Gobierno regional había mantenido que el piso se usaría como oficina temporal mientras se realizaban obras en la sede de la presidencia.

Corbalán, arquitecto técnico e ingeniero de edificación, dirige Planifica Madrid desde 2023 con un salario de 113.995 euros anuales. Su carrera ha estado ligada a gobiernos del Partido Popular en administraciones locales y autonómicas. Fue gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama entre 2006 y 2011, donde también fue concejal y presidente del PP. Luego dirigió la entidad equivalente en Las Rozas de 2011 a 2016. En 2021 fue brevemente consejero delegado de la empresa pública de vivienda de El Escorial antes de llegar a Planifica. También fue candidato a la Asamblea de Madrid en 2019 y 2021, sin obtener escaño.

La inmobiliaria Promora, con sede en La Moraleja, mostró a Corbalán dos opciones: un piso de cuatro millones de euros en el paseo del Pintor Rosales, en Argüelles, y el ático de Chamberí en el paseo del General Martínez Campos número 35. Corbalán indicó que la vivienda debía tener entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza. Eligió el ático. El acuerdo de confidencialidad fue propuesto por la propia agencia como práctica habitual, un modelo estándar de Promora que ambas partes aceptaron y que comprometía a no revelar información sobre la operación durante diez años. El entorno de la presidenta Ayuso reconoció hace tres semanas que ella había visitado el ático, pero aclaró que lo hizo después de la compra.

Planifica Madrid tiene una genealogía empresarial compleja y una historia marcada por el escándalo. Nació hace 35 años como Ciudad de la Imagen de Madrid S.A., luego se llamó Arproma y después Obras de Madrid. En 2022 adoptó su nombre actual. Es el último eslabón de una cadena de sociedades públicas vinculadas al urbanismo, las infraestructuras y el patrimonio madrileño, y heredera de la antigua Arpegio, la histórica empresa pública de suelo de la región. Arpegio quedó marcada por investigaciones judiciales en el caso Púnica, donde se investigaban tráfico de influencias y malversación. En mayo de 2016, la entonces presidenta Cristina Cifuentes anunció la disolución de Arpegio tras iniciarse investigaciones sobre recalificaciones de suelo en diferentes municipios. Sus competencias pasaron a Arproma, ahora Planifica, y sus activos de suelo a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional había comenzado a investigar supuestas comisiones durante la época de Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre. Anticorrupción ubicó a la compañía pública en el origen de la fortuna del ex número dos del PP de Madrid y la definió como empresa clave en la trama.