Panamá declara Estado de Emergencia tras terremoto y asigna $100 millones para reconstrucción

El viernes al mediodía, un terremoto sacudió Panamá con epicentro en la península de Azuero. Las réplicas continuaron durante horas. El sábado, el gobierno respondió: declaró estado de emergencia y destinó 100 millones de dólares para la reconstrucción. La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete bajo instrucciones del presidente José Raúl Mulino, quien recibió informes del Sistema Nacional de Protección Civil y de las instituciones trabajando en el terreno.

El balance de daños creció conforme avanzaba el fin de semana. Las autoridades contabilizaron 27 personas lesionadas con heridas leves a moderadas, trasladadas a centros médicos. No se reportaron muertes. Pero la infraestructura sufrió golpes profundos: 419 centros educativos presentaban daños, 21 instalaciones de salud resultaron afectadas, y más de 426 viviendas fueron evaluadas con distintos niveles de deterioro, desde daños menores hasta pérdidas totales. Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentraban la mayor parte de las viviendas comprometidas, aunque el terremoto también dejó marca en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas indígenas Ngäbe-Buglé y Emberá.

Una de las situaciones más críticas se desarrolló en la isla de Cañas, donde el nivel del agua se elevó de manera abrupta tras el movimiento sísmico. Trescientas personas tuvieron que ser evacuadas. Según Sinaproc, los residentes fueron resguardados y reciben asistencia mientras continúan las gestiones para garantizar medicamentos, alimentos y artículos esenciales. El traslado de ayuda humanitaria a comunidades insulares y zonas de difícil acceso representó un desafío adicional para los equipos de respuesta.

El gobierno habilitó el Parque Omar en San Francisco, ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones. Las gobernaciones provinciales funcionan como puntos de recepción de alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Desde las primeras horas posteriores al terremoto, los operativos de asistencia humanitaria comenzaron con coordinación entre estamentos de seguridad y emergencia. La respuesta incluyó acompañamiento psicológico para personas afectadas por el temor, las pérdidas materiales y los desplazamientos temporales. También se habilitó un mecanismo de atención con intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la prioridad sería atender a las familias damnificadas, garantizar disponibilidad de recursos institucionales y coordinar acciones para responder a los daños. El presidente instruyó a los ministros a mantenerse activos en las zonas afectadas y poner recursos de sus instituciones al servicio de la población. Se creó una comisión de alto nivel integrada por José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas; Mirna Luque, viceministra; y Orillac. Este equipo trabajaría en dos frentes: la coordinación de donaciones y ayudas de la ciudadanía, y la preparación de intervenciones para recuperar infraestructuras.

En materia educativa, el ministro Ventura Vega informó que se ordenó la suspensión inmediata de clases y actividades administrativas del sistema público como medida preventiva. El domingo 11 de octubre se anunciaría si las clases se reanudarían el lunes 12 en todo el territorio nacional. La decisión dependería de las evaluaciones de seguridad y del estado de las instalaciones escolares, especialmente en provincias donde se identificaron daños estructurales. Ingenieros y arquitectos especializados realizaban inspecciones en escuelas y edificios de salud para determinar sus condiciones.

Los operativos de seguridad contaron con el apoyo de 419 integrantes del Servicio Nacional de Fronteras, desplegados en operaciones en Penonomé, la ciudad de Panamá, Tonosí y Las Tablas. Su participación formó parte del dispositivo de seguridad e institucional activado tras el terremoto y sus constantes réplicas. Mientras las autoridades continuaban actualizando el balance de daños y evaluando condiciones de seguridad, la emergencia dejaba clara la magnitud del evento: un país en proceso de evaluación, respuesta y reconstrucción simultáneas.