Pacientes con VIH denuncian desabastecimiento crítico de medicamentos en Perú

Luz tiene 56 años y vive con VIH. En agosto pasado, cuando fue al hospital Arzobispo Loayza a recoger sus medicamentos, le entregaron un frasco que vencería en cuestión de semanas. La enfermera le explicó sin rodeos: tenía que tomarlo de todas formas, porque no había otra opción. Luz se encontró en una posición imposible: tomar un medicamento que estaba a punto de expirar o quedarse sin tratamiento. Eligió tomarlo, pero eso significó que para mediados de septiembre necesitaría cambiar completamente su esquema de medicinas, un cambio que no es simple ni sin consecuencias.

Este es el problema que enfrentan miles de pacientes con VIH en Perú. El desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales se ha convertido en una crisis silenciosa que obliga a los enfermos a tomar decisiones que comprometen su salud. Luz lo sabe bien. Pasó catorce años tomando un esquema que le causó pérdida severa de masa muscular en la cintura para abajo. Cuando finalmente le cambiaron el tratamiento, tres años después desarrolló osteoporosis y artrosis. Ahora, con un nuevo esquema que le funciona mejor, debe vigilar constantemente su alimentación porque el medicamento puede elevar sus niveles de glucosa, algo particularmente delicado en su caso porque tiene antecedentes familiares de diabetes. Cada cambio de esquema es un riesgo nuevo, un efecto secundario impredecible, una batalla adicional contra su propio cuerpo.

En las regiones más alejadas, la situación es aún más desesperada. Félix es un psicólogo y activista de 38 años que vive en Ucayali. En el hospital Amazónico de Yarinacocha, donde atienden a pacientes con VIH, los medicamentos llegan con retrasos crónicos. Las entregas para el cuarto trimestre deberían haber llegado hace semanas, pero los envíos desde Lima se retrasan constantemente. Mientras tanto, el Ministerio de Salud envía un stock de emergencia que apenas dura un mes. Para zonas aún más remotas como Purús o Atalaya, donde solo se puede llegar en avión, la situación es crítica. Muchos de los pacientes son pescadores o trabajan en el monte, lugares donde se retiran precisamente para evitar la discriminación. Cuando los medicamentos no llegan, simplemente dejan de tomar el tratamiento. Félix mismo está esperando el lote del cuarto trimestre mientras consume medicinas que le sobraron de la pandemia.

En septiembre de este año, una jueza de la Corte Superior de Lima, Sara Meza Soria, declaró fundada una demanda de cumplimiento presentada por ciudadanos y ordenó al Ministerio de Salud garantizar el abastecimiento y entrega gratuita de los medicamentos de primera línea: Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir. Susana Chávez, una de las denunciantes, explicó que el problema es recurrente y tiene raíces claras: una programación de compras deficiente, poco interés del Minsa en asegurar recursos, y cambios constantes en la dirección del Cenares, el centro encargado del abastecimiento. Los números son alarmantes. La organización Givar, que vela por los derechos de medicación de pacientes con VIH, registró 179 denuncias de desabastecimiento en 2023, 98 en 2024, y 118 en lo que va de 2025. La mayoría ocurren en establecimientos estatales de Lima, La Libertad y Lambayeque, pero las regiones amazónicas sufren lo peor. En Amazonas, se prescribieron 32 millones de unidades de medicamentos pero solo se entregó el 10 por ciento. En Loreto, 125 establecimientos reportaban desabastecimiento superior al 20 por ciento, y algunos alcanzaban casi el 90 por ciento.

El impacto en los pacientes es inmediato y grave. Cuando alguien no recibe su medicamento en el momento que lo necesita, sus defensas bajan, su capacidad de respuesta inmunológica disminuye, y queda expuesto a infecciones oportunistas. Algunos simplemente abandonan el tratamiento, lo que acelera el deterioro de su salud. Los grupos más vulnerables son hombres que tienen sexo con hombres, la población trans y las comunidades nativas, donde la epidemia permanece activa y concentrada. Víctor Zamora, exministro de Salud, fue directo en su crítica: cuando el Estado retira un medicamento que prolonga la vida, está condenando a las personas a la muerte y a la pobreza, porque muchos no tienen recursos para comprarlo por su cuenta.

El Ministerio de Salud respondió a la demanda negando que incumpla sus obligaciones. Afirmó que ofrece tratamiento gratuito desde 2004 y que ahora distribuye una nueva formulación de una sola pastilla que combina los tres medicamentos principales. Sin embargo, Zamora señaló que el incumplimiento es resultado de la descapitalización técnica del sistema, el desplazamiento de profesionales competentes por personal incapaz, y la falta de liderazgo frente a las regiones. La orden judicial está dada, pero la pregunta que queda en el aire es si el Ministerio realmente la cumplirá, y si lo hace, cuánto tiempo tardará en llegar a las zonas más remotas donde los pacientes ya están dejando de tomar sus medicinas.