Ortega cancela elecciones: el fin de las dictaduras bolivarianas con apariencia democrática

Daniel Ortega ha pasado medio siglo leyendo bien el momento político. En 1979 encabezó la última revolución marxista exitosa en América Latina. Once años después, cuando el mundo se giraba hacia la democracia tras el colapso soviético, fue el primer líder comunista en aceptar la derrota electoral, convencido de que ganaría de todas formas. Regresó al poder en 2007 y desde entonces ha perfeccionado el arte de gobernar sin soltar las riendas, usando todas las herramientas que caracterizan a los regímenes híbridos: elecciones amañadas, oposición encarcelada, instituciones capturadas. Ahora, a los ochenta y tantos años, ha dado un paso que probablemente muchos líderes autoritarios en la región envidian: ha anunciado que Nicaragua ya no tendrá elecciones.

Esta decisión no es un acto de excentricidad sino de clarividencia política. Ortega ve que el mundo ha cambiado. Con China y Rusia como garantes de un nuevo orden internacional, ya no es necesario mantener la ficción de las urnas. Los regímenes autoritarios pueden gobernar abiertamente sin las molestias de la legitimidad electoral. Nicaragua es un país pequeño y pobre, lo que facilita la represión. Pero el mismo cálculo podría aplicarse a Venezuela, donde Nicolás Maduro enfrenta una situación similar: una oposición diezmada por el encarcelamiento y el exilio, y un fraude electoral tan descarado en 2024 que volver a fingir elecciones resultaría absurdo.

Lo que Ortega está haciendo es cerrar un círculo histórico. El bolivarianismo, la ideología que ha caracterizado a los gobiernos de izquierda radical en América Latina durante las últimas dos décadas, tiene un principio fundamental: nunca soltar el poder. Se puede llegar a la presidencia de manera legítima, pero una vez allí, la lógica interna del sistema exige cada vez más fraude, más represión, más control. Las mentiras electorales se multiplican hasta que se vuelven tan evidentes que mantener la farsa se convierte en un costo político innecesario. Entonces llega el momento en que ni siquiera vale la pena convocar a elecciones.

Esta es la casilla final del bolivarianismo: el regreso a las dictaduras militares puras de hace décadas, pero sin uniforme, sin golpe de estado, sin ruptura formal con la legalidad. Es una tiranía que emerge de la propia lógica del populismo autoritario, respaldada internacionalmente por potencias que tienen interés en un mundo fragmentado y sin democracias funcionales. La oposición nicaragüense, como la venezolana, ha sido desmantelada. Sus líderes están en la cárcel o en el exilio. No hay fuerza capaz de impedir lo que Ortega anuncia.

En el horizonte de una o dos décadas, es probable que otros países latinoamericanos sigan este camino. No porque sea inevitable, sino porque el modelo funciona: permite gobernar sin límites, sin rendición de cuentas, sin la molestia de fingir competencia electoral. Y mientras China y Rusia ofrezcan respaldo diplomático y económico, mientras la administración estadounidense mire hacia otro lado o incluso aplauda, como ha hecho con Venezuela, no hay fuerza externa que lo impida. Ortega ha identificado la tendencia global y se ha adelantado a ella. Probablemente no será el último.