Oposición ecuatoriana cuestiona exclusiones en proceso electoral de noviembre

En Quito, la junta electoral provincial de Manabí tomó una decisión que encendió las alarmas en los círculos opositores ecuatorianos. Rechazó la inscripción de Luisa González, excandidata presidencial, como aspirante a prefecta por el movimiento indígena Pachakutik. El organismo acogió dos objeciones, una de ellas presentada por Acción Democrática Nacional, el movimiento oficialista, y le dio al movimiento indígena 48 horas para corregir el registro. El argumento central: González y su compañero de fórmula, Gabriel Giler, no cumplían con el requisito de haber pertenecido a Pachakutik durante al menos dos años antes de la definición de candidaturas.

Esta exclusión llegó en un momento de tensión política creciente. Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana —la principal fuerza de oposición, actualmente suspendida— salió a cuestionar lo que llamó un patrón sistemático. En su programa dominical, Rivadeneira planteó que el conflicto ya no era una simple disputa entre el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa, sino una batalla más profunda por el futuro democrático del país. "Ya no van solo contra el correísmo, estamos entre la defensa de la democracia o la permanencia de un modelo cada vez más violento, planificado, planteado por Noboa", afirmó.

La dirigente señaló que Revolución Ciudadana ahora participaba en alianzas con otras organizaciones políticas, incluso algunas que históricamente habían sido opositoras al correísmo. Esto sugería una reconfiguración del mapa político ecuatoriano, donde las líneas divisorias tradicionales se estaban redibujando. Rivadenería llamó a una "madurez superior" en el país, instando a mirar hacia los "objetivos fundamentales de recuperación de la Patria".

Desde la bancada legislativa, Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana, fue más directa en sus críticas. Denunció que las juntas provinciales estaban siendo utilizadas como herramientas para excluir a sectores opositores de las papeletas electorales. "Mejor expidan un decreto y designen directamente a los alcaldes, prefectos y autoridades que sean del agrado del Gobierno", escribió en redes sociales, con un tono que reflejaba la frustración de su bancada. Veloz agregó que el patrón era claro: primero se excluyó a Revolución Ciudadana, luego al movimiento Amigo, y ahora se utilizaban decisiones de las juntas electorales contra candidaturas de oposición.

La exclusión de González no es definitiva. La resolución de la Junta Electoral de Manabí puede ser impugnada ante el Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto significa que el caso seguirá en disputa durante las próximas semanas. Además, se acumulan otros cuestionamientos: hay una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la candidatura a la reelección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también de Revolución Ciudadana, por una presunta infracción.

Todo esto ocurre mientras Ecuador se prepara para sus elecciones seccionales del 29 de noviembre, cuando los ciudadanos elegirán autoridades locales para el período 2027-2031. La oposición ve en estas exclusiones un patrón preocupante que, según sus argumentos, debilita las garantías del proceso electoral. El gobierno, por su parte, mantiene que se trata simplemente de la aplicación de requisitos legales. Lo que está claro es que las próximas semanas serán cruciales para definir quién podrá competir en los comicios locales y si las instituciones electorales logran mantener la confianza de todos los actores políticos.