ONU carece de capacidad para enfrentar conflictos graves, dice embajador Gallón

Gustavo Gallón Giraldo llegó a Riohacha esta semana con un mensaje incómodo. Como representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador vino a participar en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, pero antes de sumergirse en los debates, se sentó a hablar sobre lo que realmente lo preocupa: una organización internacional que, a su juicio, ha perdido la capacidad de actuar cuando más se la necesita.

El foro que recibe la capital de La Guajira nació en 2006 como un espacio para repensar la migración de manera constructiva. No es un órgano decisorio como la COP16, sino un lugar donde gobiernos, expertos y organizaciones pueden intercambiar ideas y forjar alianzas informales que luego influyan en espacios de poder real. Gallón ve en esto una oportunidad crucial. La migración, recordó, ha sido el motor del desarrollo humano durante milenios. Las sociedades que hoy existen son resultado de movimientos constantes de población. Sin embargo, prevalece una visión negativa del fenómeno, especialmente entre las grandes potencias. Eso es lo que el foro intenta contrarrestar: reunir energía civilizada para defender los derechos de quienes se desplazan.

Pero el embajador no oculta su frustración. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Colombia se integró como miembro hace seis meses para el período 2025-2027, percibe que la energía no es suficiente. Muchos países clave están retrocediendo en materia de migración, jalados por sectores cada vez más fuertes que se oponen al desplazamiento. Lo paradójico, señaló, es que esas mismas sociedades son producto de migraciones antiguas, y son antiguos migrantes quienes ahora cierran las puertas a los nuevos.

En estos primeros seis meses en el Consejo, Colombia ha logrado aprobar una resolución pidiendo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fortalezca su trabajo en Colombia, particularmente en el acompañamiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la protección de líderes sociales. También impulsa resoluciones sobre política de drogas y derechos humanos, y otra sobre mortalidad materna, en alianza con Estonia y Nueva Zelanda. Pero estos logros no silencian una crítica más profunda.

Lo que realmente duele a Gallón es la incapacidad estructural de Naciones Unidas para enfrentar los conflictos armados graves que azotan el planeta. La organización, explicó, está diseñada con una desigualdad fundamental: algunos Estados tienen más derechos que otros, los considerados potencias. Esos intereses cruzados, esa arquitectura de poder desigual, inhiben la acción cuando más se necesita. El Consejo está promoviendo una reflexión entre varios Estados sobre cómo fortalecer la capacidad de la ONU para responder a violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero Gallón fue franco: le falta bastante capacidad, y el tema genera una polarización que fracciona a los miembros del Consejo.

Sobre Colombia mismo, el panorama es mixto. El país enfrenta hechos gravísimos: 105 asesinatos de líderes sociales en lo que va del año, atentados recientes en Cali y Antioquia. Gallón reconoce que las acciones del Estado no han sido suficientes y deben fortalecerse. Sin embargo, observa un cambio respecto al pasado: los actores estatales ya no son violadores de derechos humanos, y no existen actores no estatales respaldados por el Estado. La justicia ha ganado capacidad, y existe un mecanismo de justicia transicional que genera interés internacional. La comunidad internacional, dijo, aprecia la política de derechos humanos del Gobierno actual, que reconoce la gravedad de los problemas en lugar de negarlos, a diferencia de administraciones anteriores.

Sobre la posición de Colombia frente a Israel y Venezuela, Gallón defendió la consistencia. Colombia ha sido clara: no reconocerá las actas electorales de Venezuela mientras no las conozca. Pero rechaza la confrontación como estrategia. La actitud belicosa del pasado solo causó daño a poblaciones civiles de ambos lados de la frontera, privándolas de servicios diplomáticos y consulares, y dificultando que familias divididas por la línea territorial pudieran relacionarse. Esa confrontación, que buscaba derrocar al Gobierno venezolano, fracasó. Lo que queda es la necesidad de proteger derechos en una región donde la geografía política no borra los lazos humanos.