Nueva York rechaza que Gotham se ampare en protección de periodistas contra Grifols

Gotham City Research acaba de perder una batalla judicial crucial en Nueva York. El juez Lewis J. Liman rechazó el pasado 20 de agosto el recurso que el fondo bajista y su socio General Industrial Partners presentaron para invocar la Shield Law de Nueva York, una norma que protege a los periodistas de revelar sus fuentes y materiales ante los tribunales. Con esta decisión, Gotham pierde una de sus últimas defensas en su enfrentamiento legal contra Grifols, la farmacéutica catalana que demanda a los inversores por difamación tras la publicación de un informe acusador en enero de 2024.

Ese informe inicial fue devastador. Gotham aseguró que Grifols había maquillado sus cuentas y afirmó que el valor de la compañía era cercano a cero euros. La acusación desencadenó una espiral de caídas en bolsa e inestabilidad que la farmacéutica aún intenta superar. Desde entonces, ambas partes se han enfrentado en múltiples frentes judiciales, tanto en España como en Estados Unidos. Grifols sostiene que Gotham actuó de mala fe y reclama resarcimiento. Los bajistas, por su parte, defienden que su acusación estaba debidamente documentada.

La pretensión de Gotham de ampararse en protecciones de prensa ya había sido rechazada en mayo de 2026 por el juez Gabriel W. Gorenstein, quien descartó que Daniel Yu y Cyrus de Weck, los máximos responsables de ambas empresas, pudieran presentarse como periodistas profesionales. Ahora, la instancia de apelación respalda esa decisión con argumentos aún más contundentes. El juez Liman subraya que el verdadero negocio de Gotham no es periodístico sino su actividad como fondo bajista, es decir, inversores que buscan ganar dinero apostando a que los precios de las acciones caerán.

En su resolución, el magistrado es explícito: la pretensión de Gotham de acogerse a la protección del privilegio periodístico fracasa porque sus autores no logran demostrar que se les pague por actividades informativas. No pueden diferenciarse de un promotor de acciones o un publicista. Difunden información no como resultado de un criterio sobre su interés periodístico, sino exclusivamente para aumentar el valor de los activos que poseen. El juez señala como revelador que ni Yu ni De Weck afirmen dedicarse a recopilar información sobre una empresa basándose en su valor para la audiencia, para después adoptar una posición corta que financie su labor. Tampoco indican que su investigación se base en consideraciones sobre qué empresas podrían interesar a su audiencia, en contraposición a cuáles constituyen objetivos fáciles para apostar a su caída.

La decisión de Liman insiste repetidamente en la diferencia entre labor periodística y la que Gotham y GIP han declarado desempeñar como fondo oportunista. Los propios demandados admiten que su objetivo final no es informativo. El magistrado califica de notoriamente ausente en su defensa cualquier afirmación de que Gotham publique sus informes basándose en criterios de interés periodístico. Todo lo contrario: lo hacen exclusivamente porque se refieren a empresas respecto de las cuales Gotham y GIP habían constituido o podían constituir una posición corta considerable.

Grifols siempre había argumentado que Gotham invocaba el privilegio legal como espada y escudo, usándolo únicamente para evitar proporcionar el material más sensible mientras entregaba voluntariamente otros que respaldaban su posición. A mediados de junio, ambas partes habían alcanzado un acuerdo para acelerar la fase de discovery, centrada en la obtención de pruebas para la vista oral. Pero esa colaboración resultó efímera. Gotham recurrió la decisión sobre la Shield Law, y los abogados de ambas partes han intercambiado escritos discrepando sobre qué documentos forman parte del universo de pruebas que Gotham debe poner a disposición de Grifols. La batalla sobre qué información se aporta continúa, con la farmacéutica reclamando más material y el fondo tratando de exponer al mínimo sus cartas.

Para reconstruir cómo se gestó el informe que ocasionó la crisis bursátil, qué información manejaban sus autores antes de difundirlo y si el fondo actuó con malicia real—el estándar exigido por la legislación estadounidense para que prospere una demanda por difamación—Grifols ha solicitado una amplia batería de información: comunicaciones con periodistas y organismos gubernamentales, registros de operaciones financieras, y documentos que los demandados dijeron haber entregado a los reguladores estadounidense y español. El juez estadounidense consideró que solo la afirmación de que Grifols ocultó un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises, una empresa vinculada a la familia Grifols, podría ser difamatoria, puesto que sí lo había revelado. Con la Shield Law fuera del camino, Grifols avanza en su objetivo de obtener los documentos clave para demostrar esa malicia real.