Nueva York propone limitar a una hora diaria el uso de redes sociales en menores

Esta semana, el Concejo Municipal de Nueva York comenzó a examinar una propuesta legislativa que, de convertirse en ley, redefiniría cómo operan algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. La concejal Althea Stevens, quien representa sectores del Bronx y preside el Comité de Niños y Jóvenes, presentó ante el cuerpo legislativo local una de las iniciativas más agresivas del país para controlar el consumo de redes sociales entre menores. La medida es directa: ningún menor de 17 años podría permanecer conectado a estas plataformas más de una hora diaria, a menos que sus padres o tutores otorguen autorización explícita.

Lo que Stevens propone no es un simple recordatorio a los adolescentes sobre el tiempo de pantalla. Si la ley prospera, Meta, TikTok y Google deberían instalar sistemas técnicos capaces de registrar cuánto tiempo pasa cada usuario menor en sus aplicaciones, cerrar el acceso una vez alcanzado el límite de sesenta minutos y confirmar que existe consentimiento parental antes de permitir excepciones. En la práctica, esto significaría una transformación profunda en cómo funcionan plataformas como Instagram, YouTube y Facebook. Durante una audiencia de supervisión realizada el martes para examinar respuestas más amplias a la relación entre redes sociales y problemas de salud mental en jóvenes, Stevens enfatizó la necesidad de entender qué implica realmente regular estos espacios digitales y de contar con investigación sólida sobre cómo están impactando a los menores.

La propuesta va más allá del simple límite de tiempo. El paquete legislativo también busca prohibir la publicidad dirigida específicamente a menores y el uso de algoritmos diseñados para recomendar contenido personalizado, apuntando directamente al corazón del modelo de negocio de estas compañías. Los legisladores reconocen que estos mecanismos están construidos para maximizar el tiempo que los usuarios permanecen en pantalla y para fomentar el consumo continuo de contenido. Las sanciones propuestas son sustanciales: multas de al menos cinco mil dólares por cada violación, además de la posibilidad de que los padres presenten demandas civiles contra las plataformas si incumplen la ley o si sus hijos sufren daños.

La justificación detrás de esta iniciativa descansa en datos de salud pública. Un informe de 2024 del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York documentó que los adolescentes que usan redes sociales reportan tasas más altas de ansiedad y depresión, así como mayor exposición a experiencias dañinas en línea: ciberacoso, contenido perturbador y las presiones psicológicas que genera la comparación social constante. Las autoridades de salud de la ciudad han recomendado sistemáticamente a los padres con hijos menores de 14 años que les prohíban el acceso a estas plataformas. Stevens también impulsa una medida complementaria que obligaría a la municipalidad a estudiar los efectos de las redes sociales en la salud mental infantil y adolescente, publicando informes coordinados con autoridades sanitarias que incluyan recomendaciones sobre edades apropiadas de uso y límites de tiempo diario.

No es la única iniciativa en movimiento. La concejal Natasha Williams propone investigar la conexión entre altercados físicos entre jóvenes y su actividad previa en plataformas digitales, buscando identificar patrones que permitan prevenir conflictos. Estos esfuerzos se alinean con un movimiento más amplio en todo el país para establecer mayores controles sobre el entorno digital donde interactúan los menores. La gobernadora Kathy Hochul ha exigido recientemente etiquetas de advertencia en redes sociales dirigidas a niños y prohibió teléfonos inteligentes en las escuelas. En 2024, la administración de Eric Adams presentó una demanda formal contra cinco de las plataformas más grandes: TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. Ese litigio continúa avanzando lentamente en el sistema judicial.

Las empresas tecnológicas, sin embargo, ya están respondiendo. Justin Harrison, asesor legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, argumentó ante la publicación Gothamist que el proyecto de ley sería inconstitucional y prácticamente imposible de aplicar. Señaló que si la ley entra en vigor, probablemente los adultos también tendrían que verificar su edad para evitar el límite de una hora, lo que podría crear obstáculos inconstitucionales a la libertad de expresión, especialmente para grupos vulnerables que no tienen fácil acceso a documentos de identidad. Las empresas tecnológicas han reaccionado consistentemente a este tipo de regulaciones argumentando que amenazan la libertad de expresión.

El contexto de urgencia es real. Una encuesta de 2021 reveló que el 77 por ciento de los estudiantes de secundaria en Nueva York reportaron pasar tres o más horas diarias frente a pantallas de teléfonos inteligentes. Mientras el Concejo Municipal continúa analizando esta propuesta ambiciosa, el país observa si Nueva York logrará implementar una regulación que otras jurisdicciones han intentado sin éxito, o si los argumentos constitucionales de la industria tecnológica prevalecerán nuevamente.