Sesenta y cinco mil capturados sin derecho a defensa
En El Salvador, los primeros días de abril de 2023 transcurrieron sin un solo homicidio registrado, un silencio que el presidente Nayib Bukele celebra como fruto de un régimen de excepción que lleva un año suspendiendo garantías constitucionales. La caída de la violencia es estadísticamente innegable —de más de 2.390 muertes en 2019 a 496 en 2022—, pero el camino hacia esa paz ha implicado la detención de más de 65.000 personas bajo condiciones que desafían el debido proceso. La humanidad lleva siglos debatiendo cuánta libertad es justo sacrificar en nombre de la seguridad, y El Salvador se ha convertido en el laboratorio más reciente de esa pregunta sin respuesta fácil.
- El Salvador amaneció sin homicidios los dos primeros días de abril, una señal que el gobierno Bukele convirtió de inmediato en bandera política publicada en Twitter con gráficas comparativas.
- Detrás del silencio estadístico hay una maquinaria sin precedentes: más de 65.000 personas capturadas en un año bajo la acusación de pertenecer a pandillas, muchas sin acceso pleno a defensa legal.
- El régimen de excepción suspende derechos fundamentales —defensa jurídica, privacidad de telecomunicaciones— y extiende las detenciones administrativas hasta quince días, generando alarma entre organismos de derechos humanos.
- Las cifras de homicidios dibujan una curva descendente real: de tasas de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a un abril que arranca en cero, lo que convierte el debate en algo más que retórica.
- La paradoja central se instala: el país más violento de su historia reciente avanza hacia la paz medible, pero a través de un modelo que erosiona las mismas garantías constitucionales que definen a un Estado de derecho.
El lunes, Nayib Bukele anunció en Twitter que los dos primeros días de abril no dejaron ningún homicidio en El Salvador, acompañando el mensaje con una gráfica que comparaba el desempeño con abril de 2022, cuando el régimen de excepción ya operaba. Semanas antes había declarado que marzo fue «el mes más seguro en toda la historia del país», aunque sin precisar cifras concretas.
Los números de fondo son contundentes. En 2019, año en que Bukele asumió la presidencia, El Salvador registró más de 2.390 homicidios. En 2022 esa cifra cayó a 496, la más baja de su mandato. La tendencia descendente había comenzado desde 2016, pero se aceleró con el Plan Control Territorial y, sobre todo, con el régimen de excepción activado hace un año.
Esa medida es el corazón de la controversia. Suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y amplía las detenciones administrativas de tres a quince días. Desde su entrada en vigor, más de 65.000 personas han sido capturadas acusadas de pertenecer a pandillas como la MS-13 o la 18, muchas de ellas trasladadas al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador.
El gobierno presenta esos números como prueba de eficacia. Los defensores de derechos humanos, en cambio, advierten que la reducción de homicidios se construye sobre la erosión del debido proceso. El Salvador se ha convertido así en el escenario más visible de una tensión que no es nueva: la que existe entre la seguridad que los ciudadanos exigen y las libertades que un Estado democrático está obligado a preservar.
El presidente Nayib Bukele anunció el lunes que los primeros dos días de abril transcurrieron sin registrar homicidios en El Salvador, un hito que su gobierno atribuye directamente al régimen de excepción que mantiene vigente desde hace un año. El mandatario publicó el mensaje en Twitter con una gráfica comparativa, señalando que abril de 2023 ya se alineaba con el desempeño de abril de 2022, cuando la medida ya estaba en funcionamiento.
Anteriormente, Bukele había declarado que marzo cerró como "el mes más seguro en toda la historia de El Salvador", aunque no especificó cuántos homicidios se registraron durante ese período. La afirmación forma parte de una narrativa más amplia sobre la efectividad de sus políticas de seguridad. El gobierno atribuye la caída de la violencia tanto al régimen de excepción como al Plan Control Territorial, iniciativas que han transformado el panorama de seguridad del país en los últimos años.
Los números respaldan una tendencia clara. En 2022, El Salvador registró 496 homicidios, la cifra más baja desde que Bukele asumió la presidencia en 2019. Ese año inicial fue devastador: más de 2.390 muertes. En 2020 la cifra bajó a más de 1.340 asesinatos, principalmente atribuidos a miembros de pandillas. Antes de la llegada de Bukele, el país había atravesado años de violencia extrema. Entre 2015 y 2019, El Salvador registró tasas de entre 103 y 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2015 marcó el pico más violento de la historia reciente salvadoreña, aunque desde 2016 comenzó una tendencia descendente que se aceleró bajo el gobierno actual.
El régimen de excepción, sin embargo, ha generado controversia internacional y local. La medida suspende garantías constitucionales fundamentales, incluyendo el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, permite que las detenciones administrativas se extiendan de tres días a un máximo de quince. Desde su implementación hace un año, más de 65.000 personas han sido capturadas bajo la acusación de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Muchas de estas detenciones ocurren sin los protocolos de debido proceso que normalmente protegen a los acusados.
La cifra de 65.000 detenidos representa una operación de seguridad sin precedentes en la región. Los capturados han sido trasladados a instalaciones como el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, ubicado a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, donde se concentran miembros de las pandillas MS-13 y 18. El gobierno presenta estos números como evidencia del éxito de su estrategia, mientras que defensores de derechos humanos advierten sobre el costo en libertades civiles. La paradoja central de la política de Bukele es que ha logrado reducir homicidios de manera medible, pero a través de mecanismos que erosionan los derechos constitucionales que supuestamente protegen a los ciudadanos.
Notable Quotes
Marzo cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador— Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Segundo día de abril con 0 homicidios— Nayib Bukele, en publicación en Twitter
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Cómo es posible que un país pase de casi 2.400 homicidios a cero en apenas unos días?
No es exactamente cero en todo el país, sino cero en los primeros dos días de abril. Es un anuncio de un momento específico. Lo que sí es real es la tendencia: de 496 homicidios en 2022, el más bajo en años.
Pero ¿a qué costo? Sesenta y cinco mil personas detenidas.
Ese es el dilema. El gobierno dice que capturó a pandilleros y colaboradores. Pero sin derecho a defensa adecuada, sin protección de telecomunicaciones, con detenciones de hasta 15 días sin garantías, es difícil saber cuántos de esos 65.000 son realmente culpables.
¿El régimen de excepción fue temporal?
Se suponía que sería temporal, pero lleva un año en vigor y el presidente lo sigue celebrando. Eso sugiere que se ha convertido en política permanente.
¿Qué dicen los salvadoreños comunes sobre esto?
La fuente no lo especifica, pero es probable que haya división. Algunos ven seguridad en las calles. Otros ven un estado que suspende sus propias leyes.
¿Hay comparación con otros países que han intentado algo similar?
La fuente no lo menciona. Pero El Salvador es un caso extremo: una democracia que eligió suspender sus garantías constitucionales para combatir pandillas.
¿Qué viene después?
Eso es lo incierto. ¿Se mantiene el régimen indefinidamente? ¿Se normaliza? ¿Qué pasa cuando termine, si es que termina?