Minsa refuerza restricciones en playas por Año Nuevo ante avance de ómicron

A finales de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud peruano enfrentaba una carrera contra el tiempo. La variante ómicron había llegado al país y ya sumaba 71 casos confirmados, varios de ellos concentrados en Lima Metropolitana y Callao. Con las festividades de fin de año a la vuelta de la esquina, las autoridades sabían que las playas se llenarían de gente buscando celebrar, y eso representaba un riesgo sanitario que no podían ignorar.

El ministro Hernando Cevallos anunció un refuerzo de medidas preventivas dirigidas específicamente a los balnearios nacionales. La más contundente era la exigencia del carnet de vacunación, que ya era obligatorio en espacios cerrados pero ahora se extendería a todas las playas del país. Sin embargo, esta disposición no fue recibida sin resistencia. En las horas previas al anuncio, se habían reportado disturbios de personas intentando ingresar a las playas sin presentar comprobante de vacunación. Cevallos fue claro en su advertencia: si los municipios no lograban controlar los accesos, el cierre de balnearios era una opción muy probable, especialmente en aquellas playas donde la Navidad había dejado evidencia de aglomeraciones descontroladas.

La implementación de estas restricciones reveló las fracturas en la capacidad de fiscalización del país. Mientras que municipios como Trujillo y Piura respaldaron las medidas y las aplicarían en playas emblemáticas como Huanchaco, Sechura, San Pedro, Chuyillache y Playa Blanca, otros distritos simplemente no contaban con los recursos necesarios. En Chiclayo, por ejemplo, la municipalidad disponía de apenas veinte fiscalizadores para vigilar veinticinco accesos a la playa Pimentel, una proporción que hacía imposible garantizar el cumplimiento total de la norma. Más problemática aún fue la posición de Miraflores, que rechazó directamente la exigencia del carnet de vacunación argumentando que su geografía era distinta a la del resto del país, una justificación que resultaba particularmente incómoda dado que precisamente en ese distrito se habían detectado varios casos de ómicron.

Las restricciones iban más allá del carnet de vacunación. El consumo y la venta de bebidas alcohólicas quedarían prohibidos en playas, lagos y ríos durante el 31 de diciembre y los primeros dos días de enero de 2022. Tampoco se permitiría llevar comida a los balnearios, una medida que ya regía desde hacía meses y que se mantendría vigente durante las festividades. Los asistentes debían mantener el distanciamiento social y no podían quitarse las mascarillas, aunque las autoridades reconocían que estas restricciones eran difíciles de cumplir en un ambiente de celebración. Como compensación, recomendaron a los visitantes que llevaran un kit básico con alcohol, protector solar y mascarillas adicionales.

El contexto de urgencia era innegable. Más del setenta y cinco por ciento de las camas de cuidados intensivos en el país ya estaban ocupadas, lo que significaba que el sistema de salud operaba prácticamente al límite de su capacidad. Aunque Cevallos no confirmó el cierre inmediato de las playas, dejó claro que la decisión dependería de cómo se comportara la ciudadanía durante las festividades navideñas y de la coordinación que pudiera lograrse con los gobiernos locales. El Ministerio de Salud también aclaró que los municipios tenían la facultad de implementar medidas adicionales si lo consideraban necesario, lo que abría la puerta a un patchwork de regulaciones diferentes según la jurisdicción. Mientras tanto, Perú se preparaba para recibir el Año Nuevo bajo la sombra de una nueva variante, con playas que podrían cerrarse, carnet de vacunación como pasaporte obligatorio y una población que tendría que celebrar de formas muy distintas a las acostumbradas.