México extradita a 29 narcos destacados a EEUU, incluido Caro Quintero, para frenar aranceles de Trump

El jueves por la mañana, México anunció la extradición de 29 narcotraficantes de alto nivel hacia Estados Unidos, un movimiento que llegaba en el momento más tenso de las negociaciones comerciales entre ambos países. Entre los nombres figuraba Rafael Caro Quintero, el capo que durante los años ochenta fue conocido como el "narco de narcos" y cuya captura había sido obsesión de la DEA durante décadas. A los 72 años, después de pasar veinte meses en una prisión del Estado de México, Caro Quintero se encontraba ahora en camino hacia territorio estadounidense, donde enfrentaría juicio por crímenes que incluían el secuestro y asesinato del agente federal Enrique Camarena en 1985.

La operación no era casual ni aislada. El gobierno de Claudia Sheinbaum la presentaba como respuesta directa a las presiones del presidente Donald Trump, quien había amenazado con imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos a partir del 4 de marzo si no veía avances concretos en tres frentes: el tráfico de fentanilo, el tráfico de migrantes y la seguridad general. La Casa Blanca y el Palacio Nacional confirmaron que esta remesa de extraditados constituía un gesto de "buena fe" del gobierno mexicano, aunque las fuentes estadounidenses la describían con mayor precisión como un movimiento táctico en medio de negociaciones comerciales de alto riesgo. Delegaciones de ambos países se reunieron ese mismo jueves en Washington para intentar suavizar las tensiones.

La nómina de extraditados revelaba el alcance de la operación. Junto a Caro Quintero viajaban Antonio Oseguera Cervantes, hermano del actual líder del cartel de Jalisco Nueva Generación; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, antiguos jefes de Los Zetas; José Ángel Canobbio, conocido como El Güerito, mano derecha de Los Chapitos dentro del cartel de Sinaloa; Vicente Carrillo Fuentes, heredero del cartel de Juárez; y otros líderes de organizaciones criminales menores pero significativas. Los 29 fueron distribuidos en ocho ciudades estadounidenses: Phoenix, Chicago, Houston y Washington entre ellas. El gobierno mexicano calificó la operación de "sin precedentes" en la historia de la lucha contra el narcotráfico.

La historia de Caro Quintero era particularmente compleja. Se decía que en su apogeo había acumulado una fortuna cercana a los 500 millones de dólares y que incluso se había ofrecido a pagar la deuda externa de México a cambio de operar sin interferencias. Fue capturado por primera vez en Costa Rica en 1985, el mismo año en que ordenó el asesinato de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. La justicia mexicana lo condenó, pero en 2013 fue liberado cuando varias causas en su contra fueron desestimadas, incluyendo un error procesal que anuló la sentencia por el homicidio de Camarena. Permaneció en libertad hasta 2022, cuando fue arrestado nuevamente. Apenas horas después de su captura, un helicóptero militar que transportaba a 14 soldados mexicanos que habían participado en la operación se estrelló cerca de Los Mochis.

La extradición de esta semana ocurría en circunstancias legales complicadas. El pasado 22 de febrero, apenas seis días antes, un tribunal colegiado había confirmado una suspensión que impedía el traslado de Caro Quintero a Estados Unidos, argumentando que no podía ser trasladado mientras su juicio de extradición, iniciado en 2022, estuviera en curso. Su defensa había presentado esta suspensión como un obstáculo legal insuperable. Sin embargo, el jueves todo cambió. La fiscal general estadounidense Pam Bondi emitió un comunicado afirmando que el caso de Caro Quintero se había convertido en una obsesión entre los agentes de la DEA y que su departamento estaba dedicado a juzgar a estos criminales "con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes de las fuerzas del orden que han dedicado sus carreras, y en algunos casos han dado sus vidas, para proteger a personas inocentes del azote de los cárteles violentos".

La operación reflejaba la realidad de la presión comercial que enfrentaba México. El fentanilo, un opioide sintético, había causado decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos años, convirtiéndose en una crisis de salud pública que Trump había convertido en punto central de su agenda de seguridad. La amenaza de aranceles no era retórica: si México y Canadá no demostraban avances medibles en un mes, los impuestos entrarían en vigor. La extradición masiva de 29 capos era, en esencia, la respuesta de Sheinbaum a esa presión, una demostración de que su gobierno estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para evitar una guerra comercial que podría devastar la economía mexicana.