México coopera con deportaciones de Trump enviando migrantes a terceros países pese a riesgos

Migrantes trans y centroamericanos son deportados a países donde enfrentan persecución, tortura y muerte; casos documentados incluyen mujeres trans devueltas a Honduras tras obtener protección judicial en EEUU.
Devueltos al país del que habían huido, pese a que tribunales dijeron que debían ser protegidos
El ciclo de deportaciones encadenadas viola tratados internacionales y decisiones judiciales estadounidenses.
Mark

¿Por qué México coopera con esto si públicamente critica a Trump?

Mimi

Porque la asimetría de poder es real. México depende de Estados Unidos en tantos aspectos que la cooperación migratoria se convierte en un precio que paga en silencio, incluso cuando contradice sus valores declarados.

Luke

Pero ¿tenemos confirmación de un acuerdo formal entre ambos países, o es solo una inferencia basada en los números?

Mimi

No hay acuerdo formal reconocido. Lo que sabemos es que 18.000 personas fueron trasladadas a México en 18 meses, y muchas fueron reenviadas. Los números sugieren coordinación, pero ambos gobiernos lo niegan.

Mark

¿Qué pasa con alguien como Andrea, que ya tenía protección judicial?

Mimi

Su caso muestra que ni siquiera una orden de un juez estadounidense protege a alguien de ser deportado a un tercer país. El sistema estadounidense la protegió, pero luego la expulsó de todas formas.

Luke

¿Sabemos cuántas personas de las 18.000 fueron reenviadas a sus países de origen versus cuántas se quedaron en México o llegaron a Cancún?

Mimi

Los números específicos de reenviaciones no están disponibles en los datos públicos. Sabemos que sucede, que hay casos documentados, pero no tenemos cifras exactas.

Mark

¿Y las detenciones inmediatas después de la liberación? ¿Eso está documentado?

Mimi

Sí, abogados como Silvia Quevedo lo confirman. Liberan a la gente, pero luego regresan y los detienen por estar en situación irregular. Es un ciclo.

Luke

¿Hay alguna investigación formal sobre estas prácticas, o solo reportes de organizaciones de derechos humanos?

Mimi

Hasta ahora, principalmente reportes de Human Rights Watch y testimonios de abogados. No hay investigación oficial que haya sido hecha pública.

  • Más de 18.000 personas han sido deportadas a México desde enero de 2025, muchas de ellas originarias de terceros países con protección judicial vigente en Estados Unidos.
  • El traslado ocurre sin información ni debido proceso: migrantes cambian de custodia sin explicación y firman documentos sin comprender su destino real.
  • México detiene a quienes son liberados en su territorio por irregularidad migratoria y los deporta esa misma noche, convirtiendo la aparente libertad en una pausa antes de la siguiente expulsión.
  • Casos documentados como el de Andrea, mujer trans hondureña con protección bajo la Convención contra la Tortura, evidencian que las garantías judiciales obtenidas en EEUU no detienen el ciclo de devolución.
  • La presidenta Sheinbaum mantiene una cooperación migratoria intensa con Washington pese a su discurso crítico público, reflejo de una profunda asimetría de poder entre ambas naciones.

Desde enero de 2025, miles de personas migrantes —muchas de ellas con protección judicial reconocida en Estados Unidos— están siendo trasladadas a México y desde allí deportadas a países que los propios tribunales estadounidenses consideraron peligrosos. Este ciclo, que afecta especialmente a personas trans y centroamericanas, revela cómo dos naciones pueden cooperar en silencio para eludir las obligaciones que el derecho internacional impone a cada una por separado. Lo que se presenta como gestión migratoria es, en su fondo, una cadena de devoluciones que convierte la frontera en un mecanismo de evasión de responsabilidades.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 18.000 personas han sido deportadas a México, la mayoría procedentes de Centroamérica y el Caribe. Lo que distingue este flujo no es solo su escala, sino lo que ocurre después: México las reenvía a sus países de origen, incluso cuando tribunales estadounidenses han reconocido que allí enfrentan persecución, tortura o muerte.

El caso de Andrea, mujer trans hondureña de 34 años, condensa el ciclo. Un juez migratorio estadounidense le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura en 2024. Un año después fue expulsada de todas formas: primero a México, donde fue detenida en Villahermosa, y luego a Honduras, el mismo país del que había huido y del que un tribunal ordenó protegerla.

El patrón se repite cada semana. Los migrantes cambian de vehículo, de agentes, de uniforme, sin explicación. Son trasladados al sur del país, lejos de la frontera, y abandonados en zonas de alta violencia como Tapachula o Villahermosa, sin documentos, sin dinero y sin información sobre cómo solicitar protección. El abogado Fernando Hernández señala que la primera violación es precisamente esa: la ausencia total de información. Muchos no saben que serán enviados a México hasta que el proceso ya es irreversible.

La magnitud de la operación sugiere coordinación deliberada entre ambos gobiernos, aunque ninguno la reconoce públicamente. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, afirma que es difícil creer que 18.000 traslados ocurran sin algún tipo de acuerdo. La abogada Silvia Quevedo subraya que enviar a alguien a un tercer país debería ofrecer garantías reales, no ser una escala hacia una devolución que viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

La contradicción política es visible: Claudia Sheinbaum se presenta como contrapunto crítico de Trump, pero intensifica la cooperación migratoria cuando Washington la convierte en prioridad. Goebertus lo atribuye a la asimetría de poder entre ambas naciones. Mientras tanto, quienes son liberados momentáneamente en México son detenidos horas después por irregularidad migratoria y deportados esa misma noche. Lo que parecía un respiro es apenas una pausa antes de la siguiente expulsión.

Desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha deportado a más de 18.000 personas a México. La mayoría de ellas—13.000 según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense obtenidos por Human Rights Watch—provienen de terceros países, principalmente de Centroamérica y el Caribe. Lo que distingue este flujo no es solo su volumen, sino su destino final: muchas de estas personas son reenviadas por México a sus países de origen, incluso cuando tribunales estadounidenses han determinado que enfrentan riesgos graves de persecución, tortura o muerte.

Cancún, con sus palmeras y hoteles de todo incluido, se ha convertido en refugio improbable para quienes logran escapar de esta segunda deportación. Pero la mayoría no tiene tanta suerte. El caso de Andrea, una mujer trans hondureña de 34 años, ilustra el ciclo completo. En noviembre de 2024, un juez migratorio estadounidense le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura, reconociendo que Honduras representaba un peligro real para ella. Un año después fue expulsada de todas formas. Primero la enviaron a México, donde fue detenida en una estación migratoria en Villahermosa, Tabasco, en una celda compartida con otra mujer trans. Desde allí, México la deportó a Honduras—el mismo país del que había huido y del que un tribunal estadounidense había dicho que debía ser protegida.

Este patrón se repite cada semana. Migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses son trasladados a México, donde cambian de custodia sin explicación. Describen el cambio de vehículo, de agentes, de uniforme. Luego son llevados hacia el sur, alejados de la frontera para dificultar nuevos intentos de cruce. Tras horas de carretera, los dejan en estados como Tapachula y Villahermosa—zonas con indicadores altísimos de violencia—sin pasaporte, sin dinero, a menudo solo con la orden de deportación que firmaron bajo presión, y sin información sobre cómo pedir protección o regularizar su situación. Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco, señala que la primera violación de derechos humanos es la falta de información. Muchas personas no saben que serán enviadas a México hasta que el proceso ya está en marcha. Algunas creen haber firmado una deportación voluntaria a su país y descubren el destino real cuando suben al avión o al autobús, cuando ya no hay forma de negarse.

La magnitud de este traslado de 18.000 personas a un tercer país sugiere coordinación deliberada entre ambas naciones, aunque ni Estados Unidos ni México lo reconocen públicamente. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, afirma que es "difícil creer que eso suceda sin algún tipo de acuerdo". Estados Unidos viola el debido proceso al no permitir que estas personas impugnen su deportación a México. A partir de ahí, México asume lo que Goebertus llama "el trabajo sucio por encargo de EEUU". Silvia Quevedo, abogada migratoria que litiga casos en Cancún, Tijuana y Ciudad de México, subraya que enviar a alguien a un tercer país debería operar como una alternativa con garantías, no como una escala intermedia hacia una devolución que viole la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

La contradicción política es evidente. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se presenta como contrapunto de Trump, crítica públicamente de varias de sus medidas. Sin embargo, mantiene y hasta intensifica la cooperación migratoria cuando esta se convierte en prioridad para la Casa Blanca. Goebertus lo atribuye a la "asimetría de poder" entre ambos países: públicamente crítica, la presidenta mantiene "por detrás" una estrecha colaboración. La liberación aparente de migrantes en territorio mexicano resulta momentánea. Según Quevedo, las autoridades acuden al lugar donde se alojan los migrantes liberados y los detienen por estar en situación irregular. Sin contacto con el exterior, sin representación legal, son deportados esa misma noche o al día siguiente. Lo que parecía ser un respiro es apenas una pausa antes de la siguiente expulsión.

Si estoy pidiendo protección a México y digo que estoy huyendo de mi país, ¿cómo me vas a poner otra vez frente a la gente que me va a linchar, matar o asediar?
— Silvia Quevedo, abogada migratoria
La primera violación de derechos humanos es la falta de información
— Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco
Contattaci Domande frequenti