Desde que Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, más de 18.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos a México, muchas de ellas reenviadas después a los mismos países de los que huyeron. En este engranaje silencioso entre dos gobiernos que nunca reconocen un acuerdo formal, el derecho de asilo se convierte en papel mojado: tribunales que protegen, fronteras que expulsan, y vidas que quedan atrapadas entre la ley escrita y la realidad ejecutada. La historia de Andrea, mujer trans hondureña deportada al país del que un juez estadounidense ordenó protegerla, condensa en un s
México coopera con deportaciones de Trump enviando migrantes a terceros países pese a riesgos
Migrantes, incluyendo personas trans, son deportadas a países donde enfrentan riesgo de persecución, muerte y violencia, violando protecciones de asilo otorgadas por tribunales estadounidenses.
Nos metieron en la estación migratoria. Me deportaron al país que debía protegerme.
Mark
¿Por qué México cooperaría en esto si la presidenta Sheinbaum dice públicamente que se opone a Trump?
Mimi
Porque hay una asimetría de poder enorme. México depende de Estados Unidos en comercio, seguridad, inversión. Sheinbaum puede criticar a Trump en público, pero coopera en privado porque el costo político de negarse sería muy alto.
Luke
Pero ¿tenemos confirmación de un acuerdo formal entre ambos países? El artículo dice que es "difícil creer que suceda sin acuerdo", pero eso no es lo mismo que tener prueba de uno.
Mark
¿Qué le pasó a Andrea después de ser deportada a Honduras?
Mimi
El artículo no lo dice. Sabemos que fue deportada, pero no qué ocurrió después. Es un vacío importante.
Luke
Exacto. Tenemos su historia hasta el punto de la deportación, pero no el resultado. ¿Está segura? ¿Enfrentó represalias? No sabemos.
Mark
¿Cuántas personas están atrapadas en este ciclo de redadas después de la liberación?
Mimi
El artículo no da números específicos. Sabemos que ocurre regularmente, que Quevedo confirma que sí hay redadas, pero no cuántas personas.
Luke
Ese es un dato crítico que falta. ¿Es el 10% de los liberados? ¿El 50%? Sin números, no podemos dimensionar realmente el problema.
Mark
¿Hay alguna protección legal para estos migrantes en México?
Mimi
Teóricamente sí, pero en la práctica no funciona. Quevedo dice que los detenidos "no tienen representación". Están en situación irregular, sin documentos, sin contacto con el exterior.
Luke
Pero ¿qué dice la ley mexicana sobre esto? ¿Tienen derecho a un abogado? ¿A una audiencia? El artículo no lo aclara.
Il Polso
- Migrantes con protecciones legales reconocidas por tribunales estadounidenses son expulsados de todas formas, cambiando de manos entre agentes sin explicación ni documentación.
- México recibe a miles de personas de terceros países y las deporta a su vez hacia naciones donde enfrentan persecución, violencia y muerte, completando el ciclo que Estados Unidos inició.
- Los detenidos llegan sin pasaporte, sin dinero y sin orientación jurídica a regiones con altos índices de violencia como Tapachula y Villahermosa, paralizados ante cualquier trámite.
- Las liberaciones que escenifican las autoridades mexicanas duran horas: las redadas recogen a los mismos migrantes en sus alojamientos y los deportan esa misma noche.
- Abogados migratorios y Human Rights Watch advierten que la cooperación entre ambos gobiernos es real aunque nunca reconocida, y que la responsabilidad primaria recae sobre Estados Unidos por violar el debido proceso.
Desde que Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, más de 18.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos a México, muchas de ellas reenviadas después a los mismos países de los que huyeron. En este engranaje silencioso entre dos gobiernos que nunca reconocen un acuerdo formal, el derecho de asilo se convierte en papel mojado: tribunales que protegen, fronteras que expulsan, y vidas que quedan atrapadas entre la ley escrita y la realidad ejecutada. La historia de Andrea, mujer trans hondureña deportada al país del que un juez estadounidense ordenó protegerla, condensa en un solo caso la fractura entre el derecho internacional y la política migratoria de nuestro tiempo.
Desde enero de 2025, más de 18.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos a México. Para muchas, México no fue el destino final: algunas fueron reenviadas a un tercer país; otras, devueltas al lugar exacto del que habían huido. Cancún se ha convertido en refugio improbable para quienes lograron escapar de esa segunda expulsión, mientras abogados migratorios denuncian violaciones sistemáticas a derechos fundamentales.
El caso de Andrea concentra la contradicción. Esta mujer trans hondureña de 34 años obtuvo en 2024 una de las protecciones más difíciles de conseguir en Estados Unidos: un juez migratorio determinó que enfrentaba riesgo real de persecución en Honduras bajo la Convención contra la Tortura. Un año después fue expulsada de todas formas. México la detuvo en Villahermosa y la deportó a Honduras, el país del que un tribunal estadounidense había ordenado protegerla.
El patrón se repite semanalmente. El ICE traslada a los detenidos hasta la frontera, donde cambian de vehículo, de agentes y de uniforme sin recibir explicación alguna. Horas después los abandonan en el extremo opuesto del país: sin documentación, sin dinero, con solo la orden de deportación que ellos mismos firmaron, frecuentemente sin saber que su destino era México hasta que el proceso ya era irreversible.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que el volumen de personas enviadas a México hace difícil creer que ocurra sin algún tipo de acuerdo entre ambas naciones, aunque ninguna lo reconozca. Estados Unidos violó el debido proceso al impedir que los deportados impugnaran su traslado; México ejecuta después el trabajo encomendado. La presidenta Claudia Sheinbaum se presenta públicamente como contrapunto de Trump, pero mantiene una estrecha cooperación migratoria cuando Washington la convierte en prioridad.
Las liberaciones que escenifican las autoridades mexicanas resultan efímeras. Las redadas acuden a los alojamientos de los migrantes recién liberados y los detienen por situación irregular. Sin representación legal ni contacto con el exterior, son deportados esa misma noche. El ciclo se cierra sobre sí mismo, invisible y continuo.
Desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la presidencia estadounidense, más de 18.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos a terceros países. La mayoría de ellas—13.000 según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) obtenidos por Human Rights Watch—terminaron en México. Pero para muchas, México no fue el destino final. Algunas fueron reenviadas a un tercer país. Otras fueron devueltas al lugar exacto del que habían huido.
Cancún, con sus palmeras y hoteles de todo incluido, se ha convertido en refugio improbable para quienes lograron escapar de esta segunda expulsión. La ciudad costera representa un punto de respiro en un sistema que, según abogados migratorios, viola sistemáticamente derechos fundamentales. Silvia Quevedo, abogada del bufete Fidens que lidia casos en Cancún, Tijuana y Ciudad de México, plantea la contradicción central: si alguien solicita protección en México argumentando que huye de persecución en su país de origen, ¿cómo justificar enviarlo de vuelta a enfrentar a quienes lo amenazan con linchamiento, muerte o acoso?
El caso de Andrea ilustra la magnitud del problema. Esta mujer trans hondureña de 34 años obtuvo en noviembre de 2024 una de las protecciones más difíciles de conseguir en Estados Unidos: un juez migratorio le otorgó amparo bajo la Convención contra la Tortura, determinando que enfrentaba riesgo real de persecución en Honduras. Un año después fue expulsada de todas formas. Primero la enviaron a México, donde fue detenida en una estación migratoria en Villahermosa, Tabasco, en una celda compartida con otra mujer trans. Luego México la deportó a Honduras, el país del que un tribunal estadounidense había dictaminado que debía ser protegida.
Este patrón se repite semanalmente. El ICE traslada migrantes detenidos hasta la frontera mexicana, donde cambian de manos sin explicación alguna. Los detenidos describen un cambio de vehículo, de agentes, de uniforme. Desde ahí son trasladados hacia el sur, alejados de la frontera para desalentar nuevos intentos de cruce. Tras horas de carretera, los abandonan en el extremo opuesto del país sin documentación, sin dinero, frecuentemente solo con la orden de deportación que ellos mismos firmaron, y sin orientación sobre cómo solicitar protección o regularizar su situación.
Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco, identifica la primera violación: la falta de información. Muchas personas no saben que serán enviadas a México hasta que el proceso ya está en marcha. Algunas creen haber firmado una deportación voluntaria a su país de origen y descubren el verdadero destino cuando suben al avión o autobús, cuando ya no hay forma de negarse. Llegan además sin pasaporte ni documento de identidad, lo que paraliza cualquier trámite administrativo.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que el volumen de personas de terceros países enviadas a México hace "difícil creer que suceda sin algún tipo de acuerdo" entre ambas naciones, pese a que ninguna lo reconozca públicamente. Estados Unidos, sostiene, es el primer responsable: violó el derecho al debido proceso al no permitir que los deportados impugnaran su traslado a México. A partir de ahí, México ejecuta el trabajo que Estados Unidos encarga. Los migrantes son enviados a lugares donde no son ciudadanos y donde nunca tuvieron oportunidad de declarar si se sentían seguros. Muchos terminan en Tapachula y Villahermosa, estados fronterizos con Guatemala que registran indicadores altísimos de violencia.
La contradicción política es evidente. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se presenta como contrapunto de Trump, pero mantiene e intensifica la cooperación migratoria cuando esta se convierte en prioridad para la Casa Blanca. Goebertus lo atribuye a la asimetría de poder entre ambos países: públicamente crítica con algunas medidas estadounidenses, Sheinbaum sostiene, "por detrás", una estrecha colaboración migratoria.
La liberación que las autoridades mexicanas escenifican resulta, sin embargo, momentánea. Según Quevedo, las redadas ocurren regularmente. Las autoridades acuden a los lugares donde se alojan los migrantes liberados y los detienen por estar en situación irregular. Sin contacto con el exterior, sin representación legal, son deportados esa misma noche o al día siguiente. El ciclo se cierra.
Citazioni salienti
Si estoy pidiendo protección a México y digo que huyo de mi país, ¿cómo me vas a poner otra vez frente a la gente que me va a linchar, matar o asediar?— Silvia Quevedo, abogada migratoria
La primera violación de derechos humanos es la falta de información— Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco
Vuoi la storia completa?
Leggi l'originale su Diario Córdoba ↗
Politics & Governance