Megaestudio en 20 países revela quiénes sufrieron más en la pandemia de Covid

Helen Legido Quigley presentó esta semana en Nueva York el resultado de tres años de trabajo coordinando una investigación sin precedentes en salud pública. La comisión PRIME —Preparación ante pandemias mediante instituciones, movilización de comunidades y equidad— reunió a más de 800 especialistas de distintas disciplinas para estudiar quiénes sufrieron más durante la pandemia de Covid-19 en 20 países y cómo prepararse mejor si una crisis sanitaria de esa magnitud vuelve a ocurrir.

Legido Quigley, catedrática de Ciencias de los Sistemas de Salud en el Imperial College London y el George Institute for Global Health, es una figura poco común en esos espacios académicos: hija de padre español e madre inglesa, con formación en Sociología en una institución orientada a las ciencias duras, y con un acento que no disimula sus raíces. Pero fue precisamente su experiencia viviendo en Singapur durante la pandemia y trabajando años en países asiáticos lo que la posicionó para coordinar este esfuerzo desde la Universidad Nacional de Singapur junto con la revista médica The Lancet. A diferencia de comisiones previas lideradas típicamente desde Europa o Estados Unidos, esta buscó deliberadamente perspectivas de otras regiones del mundo.

Lo que distingue al informe PRIME es su enfoque de 360 grados. No se limitó a evaluar planes de emergencia, capacidades técnicas o cumplimiento de normas —aspectos que, aunque importantes, no garantizan la protección real de la población. En cambio, el trabajo partió de escuchar directamente a las comunidades que tradicionalmente quedan excluidas de estas evaluaciones: personas mayores, migrantes, comunidades indígenas y racializadas, personas con discapacidad, mujeres, personas de género diverso, trabajadores informales y quienes viven en zonas rurales, remotas o desatendidas. El equipo identificó en cada país cuáles fueron los grupos más vulnerables. En China, residentes ancianos en zonas frías. En Inglaterra, familias que perdieron integrantes. En Etiopía, desplazados y comunidades afectadas por sequías. En India, personas expuestas tanto al virus como a fenómenos climáticos extremos. En Indonesia, personas en situación de calle. En Japón, mujeres que atienden bares de conversación. En Eslovenia, jóvenes de 18 a 24 años. En Líbano, profesionales de la salud en crisis. En México, comunidades indígenas. En Mozambique, mujeres de distintas edades. En Noruega, poblaciones LGBTIQ+. En Perú, trabajadoras domésticas. En Singapur, personas mayores. En España, trabajadores agrícolas migrantes. En Tanzania, trabajadores de la salud y personas mayores. En Tailandia, personas con discapacidad. En Turquía, trabajadores de salud. En Uruguay, personas en situación de calle. En Estados Unidos, trabajadores agrícolas migrantes y grupos étnicamente minorizados.

Las dificultades que estos grupos reportaron fueron notablemente consistentes. Las exclusiones administrativas aparecieron una y otra vez: personas que no podían cumplir las normas de aislamiento porque necesitaban salir a comprar comida o trabajar para subsistir. El hacinamiento impedía que alguien enfermo se aislara en viviendas con muchos ocupantes. Muchos carecían de conexión a internet o estaban lejos de servicios sanitarios. Pero quizás lo más grave fue la pérdida de confianza en gobiernos, instituciones e información. Legido Quigley subraya que la confianza es un aspecto principal a recuperar.

El equipo multidisciplinario incluyó no solo especialistas en enfermedades infecciosas y emergencias sanitarias, sino también expertos en sistemas de salud, cambio climático, ciencias sociales, gobernanza y protección social. Cada país tuvo su coordinador y el trabajo se llevó adelante en contacto directo con líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, mutuales y bibliotecas. Argentina no fue incluida, aunque Legido Quigley expresó su deseo de haberlo hecho. La decisión fue práctica: México, Perú y Uruguay respondieron antes, y el objetivo era representar todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud con diversidad de culturas e idiomas.

Los modelos desarrollados por la comisión muestran escenarios contrastantes. Si una hipotética pandemia de gripe A ocurriera, acelerar la producción de vacunas podría reducir la mortalidad en un 59 por ciento, de 58,5 millones a 23,9 millones de personas, incluso si los países más ricos las recibieran primero. Distribuirlas de manera equitativa sin que dependiera de la capacidad adquisitiva salvaría otros 2,7 millones de vidas. Recuperar la confianza pública en las vacunas salvaría 1,9 millones más. El número total de víctimas en una próxima pandemia dependerá no solo de la velocidad de los avances científicos, sino de quiénes y en qué orden reciban las vacunas.

Legido Quigley reconoce que otra pandemia de magnitud comparable al Covid-19 es probable. Modelos citados por otra comisión de The Lancet estiman aproximadamente un 3 por ciento de probabilidad anual de una pandemia que cause al menos 25 millones de muertes, con una probabilidad a diez años del 23 por ciento. Aunque estas estimaciones tienen incertidumbre considerable, sirven para entender la magnitud del riesgo. El primer paso después de presentar el informe PRIME es conectar a miembros de comunidades que forman parte de instituciones de la sociedad civil con quienes diseñan políticas públicas. La comisión creó el PRIME test, una herramienta para que funcionarios se hagan preguntas antes de decidir una política: ¿Protege a toda la población? ¿Asegura equidad para los vulnerables? ¿Creará confianza porque realmente involucra a las personas? ¿Qué efecto tendrá en el trabajo, la vivienda, la educación? No se puede determinar si una nueva pandemia es inevitable, pero sí se puede elegir de qué manera prepararse mejor.