Maryland impulsa leyes para limitar operativos de ICE en condados clave

En los condados de Maryland que rodean Washington, los gobiernos locales están moviendo pieza por pieza para construir una barrera legislativa contra los operativos de inmigración federal. Montgomery y Prince George's, dos jurisdicciones con poblaciones inmigrantes significativas, han presentado una serie de proyectos de ley diseñados para limitar dónde puede operar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y cómo puede hacerlo. La tensión es real: mientras el gobierno federal presiona con redadas y detenciones, las autoridades locales intentan proteger a sus residentes usando las herramientas que tienen a su alcance.

En Montgomery, el enfoque es directo. El Concejo presentó la iniciativa conocida como 'ICE Out Act', que prohibiría que centros de detención privados para inmigrantes funcionen dentro del condado. La medida también definiría con precisión qué constituye una instalación de detención, cerrando las grietas por las que ICE ha operado históricamente a través de intermediarios privados que alquilan espacios bajo permisos locales. El concejal Evan Glass explicó que la propuesta está pensada para anticiparse a los conflictos legales que casi seguramente vendrán. No es una medida defensiva pasiva, sino un intento de establecer límites claros antes de que el conflicto escale.

Prince George's ha ido más lejos, presentando seis proyectos de ley y resoluciones después de una audiencia pública donde residentes expresaron su miedo. Uno de esos proyectos prohibiría que el condado contrate a personas que hayan trabajado para ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de junio de 2025, efectivamente cortando los canales de información interna. Otro, llamado la Ley de Espacios Comunitarios Seguros, impediría que agentes federales entren a instalaciones del condado sin una orden judicial válida. Una tercera medida ordenaría a la policía local verificar y documentar la identidad de los agentes federales en cada operativo, creando un registro de quién está haciendo qué.

Los proyectos van más allá. Uno establecería una base de datos colaborativa con organizaciones sin fines de lucro para rastrear a residentes detenidos por ICE, llenando un vacío de información pública que ha dejado a familias sin saber dónde están sus seres queridos. Otro prohibiría que agentes federales usen cubiertas faciales en público sin autorización explícita, una medida que busca aumentar la responsabilidad y la identificación. Un sexto proyecto impediría que el condado permita que sus propiedades se usen para la aplicación de leyes migratorias civiles.

La urgencia detrás de estas medidas es palpable en los testimonios de los residentes. Durante la audiencia pública, vecinos describieron el miedo que paraliza a las familias, especialmente a aquellas que no hablan inglés. Una persona presente dijo que las familias tienen tanto miedo que ni siquiera abren la puerta. Este no es un miedo abstracto. Es el miedo de una madre que no sabe si su hijo llegará a casa después de la escuela, de trabajadores que evitan salir de sus casas, de comunidades que se cierran sobre sí mismas.

Los concejales esperan completar la revisión final de estos proyectos en dos o tres semanas. Si son aprobados, entrarían en vigor de inmediato. No hay tiempo para transiciones graduales o períodos de implementación. La lógica es clara: cada día que pasa sin estas protecciones es un día en que las familias viven con miedo. Estos condados están apostando a que pueden usar el poder local para crear espacios donde sus residentes, sin importar su estatus migratorio, puedan vivir sin terror a ser arrancados de sus hogares.