Manifestantes asaltan sede del Partido Comunista en Cuba por apagones y escasez de alimentos

En la madrugada del sábado, manifestantes irrumpieron en la sede municipal del Partido Comunista en Morón, una ciudad de unos 70.000 habitantes ubicada a 460 kilómetros de La Habana, en la provincia de Ciego de Ávila. Lo que comenzó como una protesta pacífica derivó en actos de vandalismo: grupos más reducidos apedrearon la entrada del edificio e incendiaron muebles de la recepción en la vía pública. Cinco personas fueron detenidas, según reportó el medio oficialista Invasor. El asalto refleja una ruptura inusual en Cuba, donde el Partido Comunista es la única organización política autorizada, y marca un punto de quiebre en el creciente descontento social que atraviesa la isla.

Cuba enfrenta una crisis económica profunda que ha dejado a sus 9,6 millones de habitantes sin acceso regular a alimentos, combustible y electricidad. La situación se agravó tras la suspensión del suministro de crudo venezolano después de la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense. En Morón, los residentes reportan que cuentan con apenas una hora y media de electricidad diaria. Los hoteles, que constituyen la principal fuente de empleo en el municipio, permanecen cerrados debido a la escasez de combustible y al colapso del turismo. Una persona que habló con la agencia AFP bajo anonimato describió la magnitud de la protesta: "Eran muchísimas personas, la gente de verdad ya no puede más". Otra fuente local señaló que la mayoría de los manifestantes actuó de manera pacífica, aunque videos circularon en redes sociales documentando el asalto y la quema de bienes.

Lo que ocurrió en Morón forma parte de un patrón más amplio de resistencia ciudadana. Desde el 6 de marzo, al menos 20 personas han sido detenidas por participación en protestas, según denunció la organización Cubalex. Muchos cubanos expresan su descontento a través de protestas nocturnas que generalmente consisten en toques de cazuelas en las calles o desde el interior de sus viviendas. El descontento es tan profundo que ha llegado a desafiar las estructuras más fundamentales del sistema político cubano.

Las organizaciones de derechos humanos Justicia11J y Cubalex alertaron sobre posibles disparos durante la protesta en Morón. Según Justicia11J, se escucharon detonaciones en las inmediaciones de edificios vinculados a la sede municipal del Partido Comunista. Una persona fue reportada con una lesión que el medio oficial describió como una caída de alguien en estado de embriaguez, pero las ONG sugieren que podría tratarse de una herida de bala, sin especificar la procedencia de los disparos. El incidente subraya la tensión entre manifestantes y autoridades.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el sábado el "malestar" social en la isla, pero condenó los actos vandálicos. En un mensaje publicado en X, escribió: "Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo energético de EEUU", pero advirtió que "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad". Su declaración refleja una postura que valida las frustraciones ciudadanas mientras rechaza los métodos de protesta más confrontacionales.

En un giro simultáneo, Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar soluciones mediante el diálogo. Además, el gobierno inició la excarcelación de presos políticos tras un acuerdo con el Vaticano. Cubalex verificó la liberación de al menos 14 presos políticos del histórico levantamiento del 11 de julio de 2021 hasta las 19:00 hora local del sábado. Sin embargo, según Justicia11J, aún hay al menos 760 presos por razones políticas en Cuba, incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J. En 2025, un proceso similar de excarcelación permitió la liberación de 553 presos, de los cuales aproximadamente la mitad eran presos políticos.

El asalto a la sede del Partido Comunista en Morón representa un momento de quiebre simbólico en Cuba. No es simplemente una protesta contra condiciones económicas insostenibles, sino un desafío directo a la institución que ha gobernado la isla durante más de seis décadas. Mientras el gobierno intenta equilibrar el reconocimiento del descontento con la represión de la disidencia, y mientras negocia con Washington y el Vaticano, la pregunta que permanece es si estas medidas de alivio político serán suficientes para contener una frustración que ha llegado a las puertas de los símbolos del poder.