Maíllo exige un giro estratégico total en relaciones con Marruecos tras calificar de "criminal" la entrada masiva en Ceuta

Antonio Maíllo estaba en la sierra de Huelva cuando atendió la llamada, pendiente de los incendios que devoraban más de veinticinco mil hectáreas en la provincia. El coordinador general de Izquierda Unida, un hombre de cincuenta y nueve años nacido en Lucena, Córdoba, tenía otra crisis en la cabeza: lo que había sucedido en Ceuta días atrás, y lo que creía que debería suceder ahora en las relaciones entre España y Marruecos.

Maíllo no andaba con rodeos. Marruecos había cometido una acción criminal, dijo. Setenta y dos mil personas —aunque el Gobierno hablaba de ochenta mil— habían cruzado hacia Ceuta en lo que describió como una ola coordinada, y el Estado marroquí lo había permitido. Eso no era negligencia. Era irresponsabilidad de un gobierno, y había dejado gente muerta. Para Maíllo, eso significaba que España tenía que replantear todo, desde cero, con el vecino del sur.

Pero primero, exigía respuestas. El Gobierno español debía explicar con transparencia absoluta qué había pasado. Pedro Sánchez había hablado de una violación de la integridad territorial, pero si eso era cierto, ¿por qué no se había convocado al Consejo Nacional de Seguridad? ¿Por qué no había un gabinete de crisis? Maíllo había pedido que se reuniera la comisión de secretos oficiales en el Congreso. Quería saber si el CNI había tenido alertas sobre un ataque híbrido días antes. Quería saber si alguien había fallado, o si las relaciones que se presumían modélicas con Marruecos nunca lo habían sido realmente.

Sobre los migrantes que habían entrado, el ministro de Exteriores había prometido que todos volverían a Marruecos. Maíllo encontraba esa seguridad extraña. El derecho al asilo existía. Los procedimientos tenían que respetarse. Lo que había que hacer era priorizar a los solicitantes de asilo y acogida humanitaria, enviarlos a centros en la península que no estuvieran saturados, y atender a los menores que quedaban en Ceuta. Familias ceutíes estaban acogiendo a niñas en sus casas porque los centros reventaban. Eso no debería pasar en España, dijo.

El giro estratégico que Maíllo proponía tenía tres pilares. Primero, la Unión Europea tenía que hablar con una sola voz. Segundo, España no podía abandonar su posición histórica sobre el Sáhara ni renunciar a exigir un referéndum de autodeterminación bajo supervisión de la ONU, aunque eso complicara la buena vecindad. Tercero, había que establecer una relación de lealtad real entre los servicios de inteligencia de ambos países, o reconocer que esa lealtad nunca había existido.

Maíllo también creía que Marruecos debería ser excluido de la organización conjunta del Mundial 2030 con España y Portugal. Había que darle un golpe a la FIFA. Marruecos no estaba a la altura de las garantías de derechos humanos que exigía un torneo así. Izquierda Unida había presentado una proposición no de ley en el Congreso sobre esto, compartida con Vox, pero Maíllo dejó claro que se opondría a cualquier voto de Vox o del Partido Popular. No tenían autoridad moral. Eran oportunistas que no dudaban en erosionar a España con sus aliados europeos, como Italia. El foco tenía que estar en Marruecos, no en la deslealtad interna.

Sobre el Sáhara, Maíllo fue directo: el PSOE se había equivocado siempre. El cambio de posición de Pedro Sánchez había sido una traición al pueblo saharaui y no había servido para nada. La estrategia había fracasado. Ahora, con elecciones generales previstas para marzo de 2027, Izquierda Unida estaba preparando su propio proyecto. Maíllo creía que podía representar entre el once y el dieciocho por ciento de la población española. Ya había acercamientos con la figura que encabezaría esa candidatura. El calendario era apretado: necesitaban presentar el proyecto, el nombre y las personas en septiembre y octubre. Pero primero, España tenía que mirar a Marruecos a los ojos y decir que las cosas no podían seguir como estaban.