Los 'ricos', según Irene Montero: un trampantojo político

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha construido un argumento político que funciona como un espejo deformante: señala a los ricos como responsables de los males que aquejan a la ciudadanía, pero en el proceso, según este análisis, libera a la clase política de la obligación de resolver esos mismos problemas. Es un truco visual en política, una ilusión óptica que redirige la atención hacia un enemigo abstracto mientras deja intacta la pregunta más incómoda: ¿qué está haciendo el gobierno para cambiar las cosas?

El mecanismo funciona así. Cuando Montero habla de los ricos como obstáculo central, crea una narrativa donde la solución parece obvia: quitarles dinero, aumentar impuestos, redistribuir. Pero esta simplificación tiene un efecto secundario político poderoso. Convierte a un grupo difuso y lejano en el culpable de todo, lo que permite a quienes gobiernan presentarse como víctimas de las mismas fuerzas que sus votantes sufren. No es que el gobierno no haya logrado reducir la pobreza o mejorar los servicios públicos; es que los ricos se lo impiden.

Esta estrategia descarga responsabilidad. Si el problema es que existen personas muy ricas, entonces la solución es un problema de voluntad política para gravar su riqueza. Pero si el problema es más profundo—cómo se diseñan las políticas públicas, cómo se gastan los recursos, cómo se priorizan las necesidades—entonces la clase política no puede escudarse en la existencia de desigualdad. Debe responder por sus propias decisiones.

Lo que hace particularmente efectivo este enfoque es que no es completamente falso. Los ricos existen. La desigualdad es real. Pero al convertir esto en la explicación central de por qué la gente sufre, se crea un cortocircuito en el debate público. La ciudadanía termina enfocada en un enemigo que está lejos, mientras los problemas concretos—sanidad deficiente, vivienda cara, educación desigual—siguen sin resolverse. Y la responsabilidad de resolverlos, que recae en quienes tienen poder ejecutivo, queda difuminada.

Este tipo de narrativa política tiene consecuencias reales. Cuando el debate público se centra en la riqueza de unos pocos, se pierde espacio para preguntas más difíciles: ¿por qué los salarios no suben? ¿Por qué los servicios públicos se deterioran? ¿Qué decisiones específicas del gobierno han contribuido a esto? Estas preguntas exigen respuestas concretas, no enemigos abstractos. Y exigen que quienes gobiernan rindan cuentas por lo que han hecho o dejado de hacer.

La crítica no es que Montero esté equivocada en señalar desigualdad. Es que el modo en que la señala—como el problema fundamental que explica todo—permite que la clase política se presente como impotente ante fuerzas que la superan, cuando en realidad tiene herramientas, presupuestos y poder legislativo para actuar. El trampantojo funciona porque es convincente. Pero su convicción es precisamente lo que lo hace peligroso: distrae de lo que realmente importa, que es si quienes gobiernan están usando ese poder para mejorar la vida de la gente.