Los recortes globales amenazan décadas de progreso contra el sida en plena revolución científica

La lucha contra el VIH ha llegado a un momento que parecía imposible hace apenas una década: la ciencia ha puesto en manos de la humanidad herramientas capaces de detener la epidemia. Pero justo cuando eso sucede, las decisiones políticas amenazan con deshacer veinte años de trabajo.

En 2024, los números confirmaron un progreso histórico. Las nuevas infecciones cayeron un 40% respecto a 2010, y las muertes relacionadas con el sida descendieron un 56%. Fue el mismo año en que llegó el lenacapavir, un antirretroviral inyectable desarrollado por Gilead que ofrece una protección del 99,9% contra la infección cuando se administra cada seis meses. Ningún preservativo, ninguna píldora de prevención previa a la exposición, había demostrado jamás una eficacia comparable. Por primera vez, el fin de la epidemia no era una aspiración abstracta sino una posibilidad concreta.

La promesa de acceso global también parecía estar tomando forma. Unitaid y la Fundación Gates anunciaron acuerdos con laboratorios indios para producir versiones genéricas del medicamento a 40 dólares anuales por persona en 120 países de ingresos bajos y medios, comenzando en 2027. En contraste, el precio en Estados Unidos ronda los 28.000 dólares anuales. El Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria llegó a un acuerdo con Gilead para suministrar el medicamento a dos millones de personas en países de bajos ingresos, con planes de enviar las primeras dosis a diez países africanos —entre ellos Mozambique, Nigeria, Uganda, Kenia y Zimbabue— antes de finales de 2025 o inicios de 2026.

Pero mientras la ciencia avanzaba, la política retrocedía. A principios de 2025, el Congreso estadounidense dejó en suspenso la continuidad del Pepfar, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida, que durante dos décadas había sido el motor financiero de la respuesta global. Casi simultáneamente, el cierre de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, paralizó de golpe los salarios de trabajadores sanitarios y los programas de prevención y tratamiento en decenas de países, especialmente en África subsahariana, donde ocurre el 50% de las nuevas infecciones mundiales y viven dos tercios de las personas con VIH.

El impacto ha sido inmediato y devastador. Las infecciones diarias de VIH pasaron de 3.500 en diciembre de 2024 a 5.800 en enero de 2025, según Winnie Byanyima, directora de ONUSida. En África subsahariana, el 60% de toda la respuesta al VIH dependía de donantes, y el 73% de esa financiación provenía del gobierno estadounidense. Las organizaciones comunitarias, que son las que llegan a poblaciones estigmatizadas —hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, consumidores de drogas— fueron de las más golpeadas. Aunque los medicamentos seguían en los almacenes, desapareció el servicio que los hacía llegar a quienes los necesitaban.

La caída en el uso de la profilaxis previa a la exposición oral, la herramienta de prevención más asequible disponible, ilustra la magnitud del problema. En Nigeria y Kenia, el consumo se desplomó tras los recortes. Las iniciaciones de PrEP cayeron hasta un 65% en algunos países, mientras que las interrupciones del tratamiento aumentaban debido a la inseguridad del suministro. El daño también alcanzó los sistemas de vigilancia epidemiológica. En varios países africanos, los sistemas de recogida y almacenamiento de datos que permitían planificar la respuesta funcionaban gracias a fondos estadounidenses. Con su retirada, se perdió información crítica sobre quiénes estaban bajo tratamiento, dónde se concentraban los contagios y cómo evolucionaba la epidemia.

ONUSida advierte que si no se revierten los recortes, en 2029 podría haber 6,6 millones de infecciones adicionales y 4,2 millones más de muertes relacionadas con la enfermedad. Algunos expertos han llamado a esto una "cruel ironía": justo cuando la ciencia multiplica las oportunidades, la política multiplica los obstáculos. La meta de 2030 —lograr que el VIH deje de ser una amenaza para la salud pública— ya estaba lejos antes de los recortes. En 2024 se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones, cuando el objetivo era bajar de 500.000. Ahora, esa brecha se amplía. Lo que suceda en los próximos meses determinará si la humanidad aprovecha la oportunidad más cercana que ha tenido jamás de detener la epidemia, o si deja que décadas de progreso se desmoronen.