Ahora se les reconocerá. Se les dignificará.
En la primavera de 2026, España abrió una puerta que más de novecientas mil personas llevaban años esperando encontrar: un proceso de regularización extraordinaria que, al superar con creces las previsiones gubernamentales, se convierte en el mayor reconocimiento legal de inmigrantes en toda la historia democrática del país. Detrás de cada cifra hay una vida suspendida —un peruano contando monedas, una brasileña revisando su teléfono cada mañana, un paraguayo que huyó buscando libertad—, y lo que el Estado ahora les devuelve no es solo un documento, sino la posibilidad de existir plenamente en el lugar donde ya vivían.
- El sistema recibió más de 900.000 solicitudes antes del cierre del plazo, desbordando en un 20% las estimaciones oficiales y apuntando a superar el millón cuando se filtren duplicidades.
- La demanda masiva ha colapsado las comisarías de Policía Nacional en Madrid y Barcelona, donde conseguir cita para tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero se ha vuelto casi imposible por vías legales.
- Las mafias han aprovechado el caos burocrático vendiendo citas en canales de Telegram por hasta 200 euros, convirtiendo un derecho recién conquistado en un nuevo mercado de vulnerabilidad.
- El Gobierno ha activado un plan de choque en Cataluña para reforzar las oficinas de extranjería, reconociendo que la región superará las 150.000 solicitudes previstas.
- Para miles de personas como Fer Insfran o Taís Nascimento, la resolución favorable no es solo un trámite: es el fin de más de dos años sin poder salir de España ni ver a sus familias.
Aarón Noriega llegó de Perú hace poco más de un año contando monedas de diez céntimos para comer. Fer Insfran huyó de Paraguay escapando de la persecución por su orientación sexual. Taís Nascimento dejó veinte años de carrera en recursos humanos en Brasil y lleva dos años viviendo en la clandestinidad, revisando cada día el estado de su solicitud. Sus historias son tres de las más de novecientas mil que han llegado al proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno puso en marcha el 16 de abril.
Cuando se cierre el plazo, las cifras probablemente habrán superado el millón. El Gobierno había estimado 750.000 peticiones; se equivocó ampliamente. Esta será la regularización de mayor alcance en toda la democracia española, superando la de 2005 bajo Zapatero, que otorgó papeles a 576.506 personas. El perfil de los solicitantes es revelador: el 53,1% tiene entre 25 y 44 años, la franja central del mercado laboral español. Los colombianos encabezan la lista con el 26,9%, seguidos de marroquíes con el 13,7%. En conjunto, los latinoamericanos representan el 65% de todas las solicitudes.
El proceso también nació para descongestionar un sistema burocrático colapsado. Quienes esperaban resolución de asilo podían acogerse al mecanismo masivo renunciando a esa vía. Insfran, que solicitaba asilo por razones de LGTBIfobia desde Paraguay —un país con bajas tasas de resolución positiva—, tenía toda su documentación lista el mismo día que se abrió la regularización.
Ahora, sin embargo, el sistema muestra sus grietas. Obtener cita en las comisarías para estampar la huella y recoger la Tarjeta de Identidad de Extranjero se ha convertido en un cuello de botella en Madrid y Barcelona. En canales de Telegram, las mafias venden citas irregulares por hasta 200 euros. El Gobierno ha activado un plan de choque en Cataluña para reforzar las oficinas de extranjería.
Pero más allá de los trámites, lo que está en juego es profundo: tanto Nascimento como Insfran llevan más de dos años sin poder salir de España ni ver a sus familias. La libre circulación, ese derecho básico que muchos dan por sentado, les estaba vedado. La regularización no crea una nueva realidad —ellos ya vivían, trabajaban y contribuían aquí—, sino que el Estado, por fin, la reconoce.
Aarón Noriega llegó a España desde Perú hace poco más de un año, con su hermano menor. Desde entonces, ha contado monedas de diez céntimos para comer. A punto de cumplir veinte años, nunca ha tenido un trabajo en blanco, nunca ha tenido estabilidad. Pero desde que su solicitud fue admitida a trámite, ha empezado a moverse: entrevistas en inmobiliarias, reponedor en supermercados, captador de socios en organizaciones sin ánimo de lucro. Es una de las historias dentro de la historia más grande que está ocurriendo en España ahora mismo.
Fer Insfran huyó de Ciudad del Este, en Paraguay, escapando de la persecución que sufría por su orientación sexual. Llegó a Madrid el 5 de marzo de 2024 buscando libertad, pero encontró incertidumbre. Ha trabajado cuidando niños y ancianos, sirviendo copas en bares, limpiando casas. Ahora, tras recibir la resolución favorable de su solicitud de regularización, planea estudiar una formación profesional en riesgos laborales. Incluso sueña con tener una vivienda propia. Taís Nascimento dejó veinte años de carrera en recursos humanos en Brasil para conocer mundo. Llegó con un visado de turista que se agotó. Lleva dos años viviendo en la clandestinidad, superando procesos de selección que se desmoronan en el momento de la contratación. Cada día consulta el estado de su solicitud. El viernes pasado escribía a través de WhatsApp: mi solicitud sigue en trámite, sigo esperando.
Estas tres historias son apenas tres de las más de novecientas mil solicitudes que han llegado al sistema de regularización extraordinaria que el Gobierno puso en marcha el dieciséis de abril. Cuando se cierre el plazo este martes, las cifras probablemente habrán superado el millón, aunque aún hay que filtrar posibles duplicidades. Hasta el doce de junio, se habían presentado novecientas mil solicitudes y se habían admitido a trámite trescientos sesenta mil expedientes. El Gobierno había estimado que llegarían setecientas cincuenta mil peticiones y que beneficiarían a quinientas mil personas. Se equivocó ampliamente. Esta será la regularización de mayor alcance en toda la democracia española. La anterior, en dos mil cinco bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, otorgó papeles a quinientos setenta y seis mil quinientos seis de las seiscientas noventa y una mil seiscientas cincuenta y cinco solicitudes presentadas.
Los números revelan un patrón claro. El cincuenta y tres coma uno por ciento de quienes solicitan regularización tiene entre veinticinco y cuarenta y cuatro años, exactamente donde se concentra el mercado laboral español según el Instituto Nacional de Estadística. El veintiocho por ciento son menores de veinticinco años. El diecinueve por ciento tienen más de cuarenta y cuatro. En cuanto a nacionalidades, más de una cuarta parte procede de Colombia, el veintiseis coma nueve por ciento. Los marroquíes, segunda nacionalidad, representan apenas el trece coma siete por ciento. Colombianos, venezolanos, peruanos, hondureños y paraguayos suman el cincuenta y seis por ciento de todas las solicitudes. Si se incluyen todos los latinoamericanos, la cifra sube al sesenta y cinco por ciento. Para encontrar la segunda nacionalidad africana después de Marruecos hay que bajar hasta el séptimo puesto: senegaleses, con el tres por ciento.
Que los venezolanos no encabecen la lista tiene una explicación. En dos mil dieciocho, el Gobierno de Pedro Sánchez abrió una vía exprés para otorgar permiso de residencia por razones humanitarias, similar en la práctica a una solicitud de asilo. A través de este mecanismo, que se cerró este mes después de casi seis años, se regularizaron casi doscientos cincuenta mil venezolanos. La regularización extraordinaria también nació para descongestionar un sistema burocrático colapsado por meses de espera. Quienes habían solicitado protección internacional podían acogerse al mecanismo masivo si renunciaban a su petición de asilo. Fer Insfran estaba en esa vía, solicitando asilo por razones de LGTBIfobia, aunque los ciudadanos de Paraguay tienen bajas tasas de resolución positiva por este motivo. Según la abogada Ariadna Marés, de la entidad colaboradora Arcópoli, lograr asilo por orientación sexual o identidad de género desde países latinoamericanos es difícil: aunque la regulación no va en contra del colectivo, hay poblaciones que persiguen por estos motivos y el Estado no protege. El mismo día que se abrió la regularización extraordinaria, Insfran tenía toda su documentación lista.
Ahora Insfran ya tiene en mano la carta con su tarjeta de identidad de extranjero, el documento físico que acredita la permanencia legal, la identificación y que el permiso se ha concedido conforme a la normativa. Pero aquí es donde el sistema empieza a fallar. Según fuentes policiales, conseguir una cita en las comisarías de la Policía Nacional para estampar la huella se ha convertido en un cuello de botella. En teoría no puede pasar más de un mes entre obtener el permiso y acudir a dependencias policiales. En Barcelona y Madrid, conseguir día y hora es casi misión imposible. En canales de Telegram, las mafias están vendiendo citas irregulares por hasta doscientos euros. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque especial en Cataluña para reforzar las oficinas de extranjería. Según el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, las solicitudes en la región superarán las ciento cincuenta mil previstas.
Pero la tarjeta de identidad de extranjero es más que un documento administrativo. Es el salvoconducto que permite a personas que llevaban años viviendo en la clandestinidad volver a sus países para ver a sus familias. Tanto Nascimento como Insfran llevan más de dos años sin poder salir de España. La libre circulación, ese derecho básico de seguridad jurídica, estaba vedado para ellos. Ahora se les reconocerá. Se les dignificará. Una realidad que existía antes de que la regularización extraordinaria tuviera luz verde definitiva será finalmente reconocida por el Estado.
Notable Quotes
Es muy duro pensar en un futuro inmediato si no tienes contrato— Fer Insfran, solicitante de regularización que huyó de la LGTBIfobia en Paraguay
He participado en procesos de selección, que he ido superando, pero a la hora de la contratación todo se viene abajo— Taís Nascimento, quien dejó 20 años de carrera en recursos humanos en Brasil
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué estas historias personales importan cuando hablamos de novecientos mil solicitudes?
Porque los números sin rostro son abstracciones. Aarón contando monedas de diez céntimos, Fer soñando con una vivienda, Taís esperando cada día—eso es lo que significa estar en la clandestinidad. El sistema administrativo solo ve expedientes, pero cada uno es alguien que ha estado viviendo en las sombras.
El Gobierno esperaba setecientas cincuenta mil solicitudes y llegaron novecientas mil. ¿Qué dice eso?
Que la demanda real era mucho mayor de lo que se estimó. Hay más gente viviendo irregularmente de la que se pensaba, o más gente dispuesta a regularizarse cuando se abre la oportunidad. También dice que el sistema estaba más saturado de lo que se reconocía públicamente.
¿Por qué los colombianos representan el veintiséis coma nueve por ciento cuando los venezolanos tienen esa vía exprés desde dos mil dieciocho?
Porque la vía exprés ya absorbió a casi doscientos cincuenta mil venezolanos en seis años. Los colombianos no tuvieron ese mecanismo. Además, muchos venezolanos que podrían haber solicitado regularización ordinaria optaron por la vía humanitaria cuando existía. Ahora que se cerró, algunos se acogen a esto.
Las mafias vendiendo citas por doscientos euros en Telegram. ¿Cómo llega el sistema a ese punto?
Cuando la demanda supera masivamente la capacidad administrativa. Las comisarías de Madrid y Barcelona no pueden atender a cientos de miles de personas. La gente necesita esa tarjeta para trabajar legalmente, para viajar. Si esperar toma meses, algunos pagan. Es un fallo de infraestructura que crea un mercado negro.
¿Qué cambia realmente para alguien como Taís cuando obtiene la tarjeta?
Todo. Puede firmar un contrato de trabajo sin miedo. Puede salir del país y volver. Puede acceder a servicios de salud, educación, protección legal. Deja de ser invisible. Durante dos años ha estado superando entrevistas de trabajo que se desmoronaban en la contratación. Ahora eso termina.
¿Es esta la regularización definitiva o habrá más?
Es la de mayor alcance en la democracia española. Pero la pregunta implícita es si el Estado seguirá permitiendo que se acumule tanta gente en la clandestinidad antes de actuar. Esto resuelve un problema que se construyó durante años.