La regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno es "una buena noticia"

Población migrante en situación irregular enfrenta barreras administrativas y lingüísticas que limita su acceso a servicios sanitarios esenciales.
La regularización abre la puerta, pero no la atraviesa por ellos
Sobre cómo la legalización de migrantes es solo el primer paso para garantizar acceso real a servicios sanitarios.

A mediados de abril, el Gobierno español aprobó un decreto de regularización para migrantes que investigadores y farmacéuticos interpretan como un umbral hacia la dignidad sanitaria. Durante años, el miedo a las consecuencias legales mantuvo a miles de personas alejadas de hospitales y centros de salud, convirtiendo a las farmacias en refugio silencioso de quienes no podían permitirse ser vistos. La medida reconoce una realidad que ya existía en los barrios y en los mostradores de las boticas, y plantea la pregunta que toda sociedad debe hacerse: ¿basta con abrir la puerta, o hay que también despejar el camino?

  • El miedo a represalias legales impedía que migrantes en situación irregular se empadronaran o buscaran atención médica, incluso en emergencias.
  • Las farmacias absorbieron silenciosamente esa demanda insatisfecha: 2,3 millones de consultas diarias, con un 20% de usuarios migrantes que encontraban allí un espacio sin barreras.
  • El decreto de regularización aprobado en abril elimina la principal barrera psicológica y administrativa, pero expertos advierten que sin cambios sistémicos el avance será incompleto.
  • Un decálogo de medidas propone armonizar normativas, incorporar mediadores interculturales como personal permanente y garantizar financiación estable para cerrar las brechas que persisten.
  • La fase crítica comienza ahora: traducir el decreto en políticas concretas que integren a las comunidades migrantes en el diseño del sistema que las atiende.

El Gobierno español aprobó a mediados de abril un decreto de regularización para migrantes que farmacéuticos e investigadores en salud global reciben como un avance largamente esperado. Laura Agúndez, del Instituto de Salud Global de Barcelona, explica que la medida ataca una barrera fundamental: el miedo. Las personas en situación irregular evitaban empadronarse y acudir a servicios públicos por temor a consecuencias legales, manteniéndose alejadas del sistema sanitario incluso cuando necesitaban atención urgente.

Las farmacias han sido, en la práctica, la única puerta abierta. Cada día 2,3 millones de personas las visitan en España, y cerca del 20% son migrantes. Rita de la Plana, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, señala que esta realidad no es casualidad: la proximidad geográfica y la empatía de los farmacéuticos los han convertido en intermediarios de facto para comunidades que de otro modo quedarían sin orientación médica. Jesús Díaz, de la Organización Internacional para las Migraciones, añade que la regularización no solo beneficia a las personas migrantes, sino también a la economía y a las comunidades locales, pues reconoce una realidad que ya existía en los barrios.

Sin embargo, los expertos advierten que el decreto es apenas el primer paso. La población migrante sigue prefiriendo las farmacias a los hospitales, y las brechas de acceso persisten. Para cerrarlas, investigadores y profesionales presentaron un decálogo de medidas: armonizar normativas, establecer protocolos antidiscriminación, incorporar mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural, fortalecer la formación intercultural de sanitarios e integrar a las propias comunidades migrantes en el diseño de las políticas.

La pregunta que queda abierta es si el impulso político se sostendrá lo suficiente para convertir estas recomendaciones en cambios reales. Sin inversión en competencias interculturales y sin reconocer a las farmacias como actores clave en la equidad sanitaria, el decreto corre el riesgo de quedarse en el papel mientras millones de personas siguen navegando el sistema en los márgenes.

El Gobierno español aprobó a mediados de abril un decreto de regularización para migrantes, una decisión que farmacéuticos y expertos en salud global celebran como un paso fundamental para garantizar que estas poblaciones vulnerables puedan acceder al sistema sanitario sin temor. La medida llega en un momento en que investigadores presentaban un estudio exhaustivo sobre cómo las personas migrantes navegan la atención médica en España, revelando que las farmacias se han convertido en la puerta de entrada más accesible para quienes enfrentan obstáculos administrativos, lingüísticos y culturales.

Laura Agúndez, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y autora del estudio presentado en colaboración con el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, subraya que la regularización es crucial porque elimina una barrera fundamental: el miedo. Las personas en situación irregular evitaban empadronarse y acceder a servicios públicos por temor a consecuencias legales, lo que las mantenía alejadas de hospitales y centros de salud incluso cuando necesitaban atención urgente. Con esta regularización, explica, esas personas podrán sentirse más seguras al buscar cuidados médicos.

Las cifras hablan por sí solas. Cada día, 2,3 millones de personas pasan por las farmacias españolas, y aproximadamente el 20 por ciento de ellas son migrantes. Rita de la Plana, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, destaca que esta realidad no es casualidad sino reflejo de cómo estas comunidades encuentran en las farmacias un espacio de confianza donde pueden resolver dudas de salud sin las barreras que enfrentan en otros espacios del sistema sanitario. Los farmacéuticos, por su proximidad geográfica y empatía, se han convertido en intermediarios de facto para poblaciones que de otro modo quedarían sin acceso a orientación médica.

Jesús Díaz, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en España, amplía la perspectiva más allá de lo sanitario. La regularización beneficiará a las personas migrantes que podrán acceder sin temor a servicios públicos, pero también al sistema económico del país y a las comunidades locales. Estas personas, señala, ya son conocidas en sus barrios; la regularización simplemente reconoce una realidad existente y permite que contribuyan plenamente a la sociedad.

Sin embargo, el desafío persiste. La población migrante sigue accediendo menos a servicios sanitarios formales y evita hospitales y centros de salud, prefiriendo las farmacias por su accesibilidad. Para abordar esta brecha, los investigadores y profesionales presentaron un decálogo de medidas que va más allá de la regularización administrativa. Proponen armonizar normativas de acceso, establecer protocolos que garanticen atención sin discriminación, reforzar la coordinación entre servicios y potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario de proximidad.

El plan también incluye detectar tempranamente necesidades complejas, simplificar procedimientos de acceso, fortalecer la formación intercultural de profesionales sanitarios e incorporar mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural permanente. Igualmente importante es integrar la participación de las propias comunidades migrantes y la sociedad civil en el diseño de estas políticas, y asegurar financiación estable y planificación a largo plazo.

Lo que emerge de este análisis es que la regularización es apenas el primer paso. Sin cambios sistémicos en cómo el sistema sanitario español atiende a poblaciones migrantes, sin inversión en competencias interculturales y sin reconocer a las farmacias como actores clave en la equidad sanitaria, el decreto de regularización corre el riesgo de quedar incompleto. La próxima fase será observar cómo se implementa esta medida y si las recomendaciones del estudio se traducen en políticas concretas que realmente cierren las brechas que hoy mantienen a millones de personas fuera del sistema sanitario formal.

La regularización es una buena noticia, pero ahora tenemos que ver su implantación, ya que estas personas tienen muchas barreras administrativas para acceder al sistema sanitario
— Laura Agúndez, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona
Esta regularización va a ser un beneficio para todos: para la persona migrante que se sentirá más segura, para el sistema económico del país y para la comunidad
— Jesús Díaz, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en España
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
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¿Por qué las farmacias se han convertido en el lugar donde los migrantes buscan ayuda médica en lugar de hospitales?

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Porque están cerca, porque no requieren papeleo complejo, y porque los farmacéuticos hablan con empatía. Un hospital puede parecer una institución intimidante si no hablas el idioma o tienes miedo de que tu situación irregular sea reportada. Una farmacia es un lugar de confianza.

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Pero la regularización debería resolver eso, ¿no? Si ahora pueden acceder legalmente, ¿por qué seguirían evitando hospitales?

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La regularización abre la puerta, pero no la atraviesa por ellos. Hay barreras que van más allá de lo legal: no saben cómo funciona el sistema, hay barreras lingüísticas, desconfianza histórica. Las farmacias seguirán siendo importantes porque son el primer contacto, el lugar donde alguien puede hacer una pregunta sin sentir que está siendo juzgado.

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El estudio menciona que el 20 por ciento de quienes visitan farmacias son migrantes. ¿Eso es mucho?

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Considerando que los migrantes representan una fracción menor de la población total, sí es significativo. Significa que están buscando atención sanitaria, pero la están buscando en farmacias en lugar de en el sistema formal. Es un síntoma de que algo no funciona en cómo el sistema los recibe.

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¿Qué cambiaría si se implementaran todas las medidas del decálogo?

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Todo. Mediadores interculturales en hospitales, protocolos que garanticen que no serás discriminado, profesionales capacitados para entender tus necesidades específicas. Dejaría de ser un sistema que tolera a los migrantes y se convertiría en uno que los integra deliberadamente.

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¿Cuál es el riesgo si esto no se implementa?

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Que la regularización se quede en papel. Que las personas tengan documentos pero sigan sin acceder a servicios porque el sistema sigue siendo hostil o incomprensible. La equidad sanitaria requiere más que legalidad; requiere diseño deliberado.

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