La justicia como 'contrapoder de Estado' en tiempos de déficit político

Los tribunales españoles han comenzado a ejercer una función que trasciende su rol tradicional. Ya no son simplemente árbitros de la ley, sino actores políticos cuyas decisiones redefinen el curso del país. Esto no ocurre porque los jueces hayan decidido abandonar su función; ocurre porque el vacío dejado por la política convencional ha creado un espacio que la justicia, casi por defecto, ha comenzado a ocupar. Mientras la política se debate en sus propias contradicciones, son las salas de los tribunales las que emiten los pronunciamientos que marcan la agenda nacional.

La acumulación de resoluciones judiciales en los últimos años ha generado un patrón inquietante: decisiones que parecen desafiar la lógica elemental. La Corte Suprema condenó al fiscal general por una filtración que buscaba esclarecer la actuación de la Fiscalía en un procedimiento por delito fiscal, identificando un delito de revelación de secretos pero atribuyéndolo al acusado o a una persona desconocida de su círculo cercano. Un empresario que colaboró con la justicia para condenar a un exministro y su asesor a 24 y 19 años de prisión, respectivamente, fue eximido de ingreso en prisión, a pesar de que el fiscal reconoció que su cooperación no había sido determinante en el caso. El Supremo rechazó la amnistía establecida por ley para varios líderes del procés, argumentando que se habían enriquecido con lo que la propia Sala Penal denominó una "ensoñación" independentista, dado que no la financiaron de su propio bolsillo.

Estos ejemplos no son aislados. El expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, continúa sin asumir responsabilidad por lo sucedido en su región hace casi dos años. Mientras tanto, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y Cristina Álvarez, su asistente en La Moncloa, han sido enviadas a juicio con jurado. Gómez enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y malversación, con la organización Hazte Oír solicitando 13 años de prisión, la misma pena impuesta a los máximos líderes del procés en el Supremo. El juez Peinado ha reiterado comparaciones entre la situación actual y la época de Fernando VII y el absolutismo.

Lo que está ocurriendo refleja un desequilibrio fundamental en la distribución del poder. Cuando la política falla en su capacidad de resolver conflictos, la justicia se ve obligada a llenar ese vacío. Las sentencias se extienden a decenas o centenares de páginas en un intento de explicar decisiones que resultan difíciles de comprender como proporcionales y coherentes. El lenguaje judicial, que durante décadas se ha reconocido como necesitado de simplificación para acercarse al ciudadano común, se ha vuelto aún más complejo, generando textos que confunden más que persuaden.

No se trata de cuestionar la ley en sí. La ley vincula a ciudadanos e instituciones, y nadie sensato lo discute. El problema surge cuando la interpretación de las normas parece contradecir el sentido común más elemental. Los jueces no son oráculos; no tienen la función de predecir males que quizá solo existan en la imaginación. Sin embargo, la concatenación de episodios en los que la interpretación legal desafía la lógica genera una inquietud legítima en la sociedad.

Esta abundancia de decisiones forenses complejas y desconcertantes es síntoma de un déficit político más profundo. Cuando la política no funciona, la justicia se convierte en el escenario donde se dirimen cuestiones que deberían resolverse en otros ámbitos. Algún día se recuperarán la calma y los esquemas clásicos de distribución del poder, pero por ahora es desde las salas de justicia desde donde emergen las decisiones que definen la vida política del país. La pregunta que permanece sin respuesta es cuánto tiempo puede sostenerse este desequilibrio antes de que el sistema político se vea obligado a reconstruirse.