La conflictividad laboral se duplica en ocho meses: casi 1,4 millones de jornadas perdidas por huelgas

España está viviendo un año de conflictividad laboral sin precedentes. Hasta agosto de 2026, los trabajadores han dejado de trabajar 1,37 millones de jornadas por huelgas, una cifra que casi duplica los 382.700 días perdidos en el mismo período de 2025. Con cuatro meses aún por delante, el país ya ha superado ampliamente el total de conflictividad de todo el año anterior. Los números son contundentes: 579.000 afiliados a la Seguridad Social han participado en paros este año, frente a 167.300 en 2025.

Los sindicatos mayoritarios apuntan a una causa estructural: la ausencia de un acuerdo nacional de convenios que vencía a finales de 2025. Sin ese marco de referencia que las patronales y los sindicatos negocian para establecer pautas en la negociación colectiva, la conflictividad se ha disparado. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, describe una situación de tensión generalizada: paros en las cárnicas, la limpieza, las conservas, y especialmente en la enseñanza de 0 a 3 años. El panorama es tan grave que los sindicatos han convocado para el 11 de noviembre la primera huelga general apoyada por las centrales mayoritarias en catorce años, una jornada que afectará a casi veinte millones de asalariados.

Dos sectores concentran la mayor parte de la movilización. La educación lidera con 259.600 huelguistas, impulsada por conflictos en la enseñanza infantil y, esta semana, por una huelga indefinida en colegios e institutos públicos de Madrid. La sanidad le sigue con 120.200 participantes, principalmente médicos, aunque estos han anunciado un aplazamiento de sus protestas hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, decisión que no secundan Comisiones Obreras ni UGT. Juntos, estos dos sectores representan el 65% de todos los huelguistas del año. Otros sectores también elevan su conflictividad: la industria manufacturera suma 67.000 participantes, 43.000 más que en 2025; las actividades financieras registran 22.500 paros cuando el año pasado no hubo ninguno; el comercio acumula 23.700, casi veinte mil más que hace un año.

La geografía del conflicto revela desequilibrios notables. Cataluña concentra el 35% de los huelguistas de 2026 aunque solo emplea al 18% de los afiliados a la Seguridad Social, un peso que refleja la intensidad del conflicto educativo en la región. El País Vasco también está sobrerrepresentado: con el 4,5% de los afiliados nacionales, acumula el 17,4% de quienes han participado en huelgas. La Administración pública es la excepción: registra 30.100 paros, 28.600 menos que en 2025, después de que el Gobierno alcanzase un acuerdo con los sindicatos para revalorizar los salarios de estos empleados.

El trasfondo económico es claro. Los salarios pactados en convenios están creciendo al 3% anual, mientras que la inflación interanual en septiembre alcanza el 4,9%, lo que significa que los trabajadores pierden poder adquisitivo. Luján subraya que esta brecha es insostenible y que mientras no exista un nuevo acuerdo nacional de convenios que estructure la negociación colectiva, la conflictividad seguirá en aumento más allá del 11 de noviembre. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ve en la huelga general una oportunidad para explicar a los trabajadores que están pidiendo subidas salariales fuertes porque la inflación está erosionando sus ingresos. También identifica el precio de la vivienda como un factor crítico de extracción de renta de la clase trabajadora.

La patronal, representada por Antonio Garamendi en su reelección como presidente de CEOE, ha manifestado su intención de alcanzar un nuevo acuerdo nacional de convenios, pero ha condicionado esa negociación a una reforma de la incapacidad temporal, un sistema que actualmente cuesta a las mutuas patronales alrededor de cuatro mil millones de euros anuales. Los sindicatos ven en esa exigencia una maniobra para trasladar esos costos a la Seguridad Social. Con la legislatura en su fase final y las elecciones del 29 de noviembre a la vista, todo apunta a que el diálogo sobre una reforma del sistema de incapacidad temporal se retomará después de los comicios con el Gobierno resultante. Mientras tanto, la conflictividad laboral continúa su escalada.