La Audiencia ordena investigar el hackeo de emails de la exconcejala que denunció acoso al alcalde

Una exedil del Partido Popular de Móstoles denunció acoso sexual y laboral del alcalde Manuel Bautista después de rechazar sus proposiciones. Días después de comunicar esta denuncia a dirigentes regionales del PP y al Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, su correo electrónico fue hackeado. Los archivos fueron borrados el 7 de noviembre de 2024, eliminando precisamente los mensajes que había intercambiado con la presidenta madrileña en los que relataba el hostigamiento que sufría.

La investigación inicial fue archivada en febrero de 2025 por un juzgado de Móstoles, que consideró que el borrado pudo haber sido realizado desde el propio ordenador de la concejala. Pero un análisis más cuidadoso del informe policial reveló algo que no podía ignorarse: una dirección de IP sospechosa, distinta a todas las demás que la denunciante había proporcionado, pertenecía al rango de direcciones utilizadas por empleados de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. El letrado de la exedil, Antonio Suárez-Valdés, recurrió el archivo, señalando que esa IP merecía investigación. La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto del 14 de septiembre, le dio la razón.

Ahora el tribunal ha ordenado que se localice quién tenía asignada esa IP sospechosa dentro de la Agencia para la Administración Digital madrileña, que se investigue qué accesos se realizaron desde esa dirección al correo de la exedil, y que esa persona sea citada a declarar como imputada. El timing de los hechos resulta significativo: el 10 de octubre de 2024, el Gabinete de Ayuso le comunicó que no podía activar protocolos de protección porque ella ya se había dado de baja del PP. El 31 de octubre, reenviaba toda la documentación al PP nacional. El 7 de noviembre, su correo fue atacado.

La historia de esta mujer es más amplia que el hackeo. Según su relato, después de rechazar las proposiciones sexuales del alcalde, Bautista inició una campaña contra ella. Propagó rumores falsos sobre una relación íntima entre ambos, la aisló en el consistorio, le impidió ejercer sus funciones, hasta que presentó su dimisión. Cuando buscó amparo en el PP, los máximos responsables del partido en Madrid la presionaron para que no denunciara. En una grabación aportada a la causa, Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP madrileño, le dice: "El Partido Popular está para ayudarte. Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada".

No fue hasta febrero de 2026 cuando la exedil se atrevió a interponer una querella contra el alcalde y su antiguo partido por acoso laboral y sexual, lesiones, coacciones, delito contra la integridad moral y revelación de secretos. La jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles consideró que los hechos denunciados eran "claramente constitutivos de ilícito penal" e imputó al alcalde. Identificó a testigos que presenciaron los hechos y acordó tomarles declaración.

Pero casi ocho meses después de presentada la querella, el alcalde aún no ha declarado. Estaba citado para este viernes pasado, pero su abogado solicitó un aplazamiento alegando otras citaciones previas. Se reprogramó para el 1 de diciembre, pero nuevamente el regidor pidió postergar la comparecencia. La jueza le ha reclamado que aporte fechas disponibles. Estos retrasos sucesivos han retrasado también la declaración de los testigos y el avance de toda la investigación, lo que podría permitir que el tribunal resuelva el recurso del alcalde contra su imputación antes de que tenga que declarar. Mientras tanto, la reapertura de la investigación sobre el hackeo avanza en paralelo, buscando identificar quién dentro de la administración madrileña tenía acceso a esa IP sospechosa.