La Argentina de Milei regala lo que el mundo protege

El Gobierno argentino está abriendo las puertas a una industria que el resto del mundo mantiene bajo llave. A través de la Super RIGI, una herramienta de incentivos fiscales, impulsa la instalación de enormes centros de datos —las infraestructuras que sostienen la nube global— sin exigir regulaciones ambientales ni evaluar el costo real que tendrán sobre recursos estratégicos como el agua y la electricidad. Mientras otros países debaten cuidadosamente cómo integrar estas operaciones a su territorio, Argentina ofrece un régimen de exenciones sin precedentes que convierte al país en un destino irresistible para inversores tecnológicos de alcance mundial.

Los centros de datos no son instalaciones modestas. Consumen energía eléctrica en cantidades que rivalizan con ciudades pequeñas y requieren volúmenes de agua que pueden competir con la demanda de regiones enteras. Cada servidor que procesa información, cada refrigeración de equipamiento, cada operación de la infraestructura digital global tiene un costo físico concreto. Sin embargo, el diseño de la Super RIGI no contempla estudios de impacto ambiental ni establece límites sobre cuánta agua o electricidad pueden extraer estas operaciones. No hay regulaciones que obliguen a los operadores a reportar su consumo, a invertir en eficiencia energética, o a compensar a las comunidades locales por el uso de recursos compartidos.

La experiencia de otros países en la región ofrece lecciones que Argentina aparentemente no está considerando. Cuando Brasil, Chile o Colombia evaluaron la llegada de centros de datos, lo hicieron con cautela. Negociaron términos que protegieran sus recursos naturales, establecieron regulaciones ambientales claras, y en algunos casos rechazaron proyectos que amenazaban acuíferos o sistemas eléctricos frágiles. Argentina, en cambio, está compitiendo por atraer estas inversiones ofreciendo lo que otros países protegen: acceso sin restricciones a recursos que son finitos y estratégicos.

La llegada de figuras como Peter Thiel, el inversor tecnológico estadounidense conocido por su influencia en Silicon Valley, marca un punto de inflexión. Su interés en Argentina no es casual; refleja que el país se está posicionando como un destino donde las grandes corporaciones tecnológicas pueden operar con un nivel de libertad regulatoria que ya no encuentran en sus mercados de origen. Thiel y otros inversores de su calibre buscan jurisdicciones donde puedan expandir operaciones sin las restricciones ambientales, laborales o fiscales que enfrentan en Estados Unidos o Europa.

Esta estrategia plantea una pregunta fundamental sobre qué tipo de desarrollo Argentina está eligiendo. El Gobierno argumenta que los centros de datos generarán empleo, atraerán divisas y posicionarán al país en la economía digital global. Esos beneficios son reales, pero incompletos. No capturan el costo de agotar acuíferos, de sobrecargar sistemas eléctricos ya frágiles, o de transferir la riqueza generada por estas operaciones a inversores extranjeros mientras las consecuencias ambientales quedan en territorio argentino. Otros países han aprendido que es posible atraer inversión tecnológica sin renunciar a la protección de recursos naturales; Argentina está eligiendo un camino diferente.

El momento es crítico porque las decisiones que se tomen ahora sobre regulación ambiental, consumo de agua y energía, y distribución de beneficios, serán difíciles de revertir una vez que los centros de datos estén operando. Una vez que la infraestructura esté instalada, los contratos firmados y los inversores establecidos, el margen para negociar términos más protectores se reduce drásticamente. Argentina está en una encrucijada: puede seguir el modelo de países que protegen sus recursos mientras atraen inversión selectiva, o puede apostar a que el crecimiento económico de corto plazo justifica el costo ambiental de largo plazo. La Super RIGI, tal como está diseñada, sugiere que ya eligió.