Juristas advierten: empresas aceleran IA sin conocer sus obligaciones legales

Las empresas españolas están incorporando inteligencia artificial a un ritmo que sus departamentos legales no logran seguir. Mientras miles de organizaciones despliegan herramientas de IA para automatizar procesos, analizar datos, seleccionar empleados y mejorar la atención al cliente, expertos en derecho digital advierten que muchas de estas compañías desconocen todavía las obligaciones que les impone el nuevo marco regulatorio europeo. El problema no es que la tecnología haya llegado a las empresas. El problema es que la regulación también ha llegado, pero ambas avanzan a velocidades completamente distintas.

Según datos de Eurostat, alrededor del 11% de las empresas españolas ya utilizaban tecnologías de inteligencia artificial en 2024, una cifra que continúa creciendo impulsada por la popularización de herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot y Gemini. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la primera norma integral del mundo para regular esta tecnología, ya ha comenzado su despliegue y obligará a empresas y administraciones a reforzar sus mecanismos de supervisión, transparencia y gestión de riesgos. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en un diagnóstico preocupante: la adopción tecnológica está avanzando mucho más rápido que la adaptación legal. Muchas organizaciones creen que simplemente están utilizando una herramienta más, cuando en realidad ya pueden estar sujetas a obligaciones regulatorias específicas.

La preocupación de los expertos no se centra principalmente en las multas millonarias que contempla el AI Act para los incumplimientos más graves. El verdadero desafío es mucho más básico: la mayoría de las empresas no sabe identificar qué sistemas de IA están utilizando dentro de su organización, para qué se emplean, qué datos procesan, quién supervisa su funcionamiento o qué proveedores intervienen en su desarrollo. Marina Villalonga, socia de Asensi Abogados, resume el riesgo de manera clara: el mayor peligro hoy no es usar inteligencia artificial, sino usarla sin saber que ya está regulada. Aunque las sanciones elevadas tendrán un efecto disuasorio que obligará a las empresas a profesionalizar su uso de la IA, los expertos consideran que las consecuencias legales más graves no vendrán de las multas, sino de decisiones automatizadas que afecten directamente a personas sin los controles adecuados.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan una vulnerabilidad particular. Mientras las grandes corporaciones ya han comenzado a desplegar políticas internas, inventarios de sistemas, procedimientos de supervisión y comités de gobernanza, muchas pymes siguen utilizando herramientas de inteligencia artificial sin contar con protocolos específicos ni una evaluación previa de riesgos. Francisco Javier Carbayo, experto en Privacidad, Derecho TIC y Cumplimiento Normativo de Deloyers, alerta de que muchas organizaciones están incorporando soluciones de IA impulsadas por expectativas de productividad o por miedo a quedarse atrás frente a la competencia, sin haber desarrollado previamente un modelo de gobierno adecuado para gestionar los riesgos asociados. El reglamento europeo no se dirige únicamente a las grandes tecnológicas: también afecta a cualquier empresa que utilice sistemas de IA en su actividad diaria, especialmente cuando estos pueden influir en decisiones sensibles relacionadas con trabajadores, clientes o consumidores.

Algunos sectores enfrentarán presiones regulatorias más intensas que otros. Recursos Humanos y selección de personal, donde la IA se utiliza para cribar currículos, hacer scoring de candidatos y evaluar desempeño, será un área de especial escrutinio. Lo mismo ocurre en banca, crédito y seguros, donde la IA determina scoring, pricing, evaluación de riesgo y elegibilidad. Salud, sociosanitario y educación también serán sectores críticos, al igual que administraciones públicas, utilities, marketing, medios y atención al cliente, donde chatbots y contenido generado por IA pueden influir en decisiones que afectan a ciudadanos y consumidores.

Durante los próximos meses, muchas organizaciones deberán centrarse en tareas fundamentales: identificar sus casos de uso de IA, revisar contratos con proveedores, establecer controles internos, documentar procesos y formar a los empleados en el uso responsable de estas herramientas. Pero los expertos advierten que el verdadero desafío va más allá del cumplimiento normativo. Giovanni Alessandrelo, director general de BIP Iberia, sostiene que uno de los errores más frecuentes consiste en considerar la IA como una colección de herramientas aisladas y no como una capacidad empresarial que requiere gobierno, supervisión y revisión continua de procesos. Aplicar IA sobre procesos ineficientes solo acelera las ineficiencias.

Guillermo Hidalgo, responsable del área de Derecho Digital de MAIO Legal, considera que muchas empresas siguen viendo la IA únicamente desde una perspectiva tecnológica, cuando el verdadero desafío pasa por establecer mecanismos de gobernanza, supervisión y control. El riesgo no es únicamente que la tecnología falle, sino que lo haga con apariencia de seguridad, lo que puede amplificar tanto el impacto reputacional como las consecuencias jurídicas. Gobernar la IA no significa frenarla, sino crear las condiciones para usarla con trazabilidad, prudencia y control humano real. El consenso entre especialistas es claro: la regulación no pretende frenar la innovación, sino generar un entorno de confianza que permita desplegar la inteligencia artificial de forma segura y responsable. La carrera por incorporar IA ya ha comenzado. Ahora, el desafío pasa por hacerlo sin perder de vista las reglas del juego.