Juez brasileño detalla plan de Bolsonaro para asesinar a Lula y mantenerse en el poder

En la sala de audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, el magistrado Alexandre de Moraes presentó este martes una acusación que trasciende los cargos convencionales de golpe de Estado: según su relato, Jair Bolsonaro no solo conspiró para derrocar la democracia tras perder las elecciones de 2022, sino que diseñó un plan meticuloso para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin, y al propio Moraes, quien entonces presidía el Tribunal Superior Electoral.

El plan llevaba un nombre: Puñal Verde y Amarillo. Los colores de la bandera brasileña. Según la Fiscalía, no fue concebido en la clandestinidad ni en espacios ocultos, sino en el corazón mismo del poder ejecutivo. El general retirado Mário Fernandes, quien trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia durante el mandato de Bolsonaro, confesó durante la instrucción del caso que él había sido el autor de este documento. El material fue impreso en el Palacio de Planalto, la sede del Poder Ejecutivo, y posteriormente trasladado a la residencia oficial presidencial, el Palacio de la Alvorada, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro aún gobernaba Brasil.

Moraes enfatizó la gravedad de este hecho con una observación que subraya la audacia de la conspiración: el documento no fue producido en una cueva ni en una sala de terroristas, sino en el Palacio de Planalto. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro no solo tuvo conocimiento de este plan, sino que lo aprobó. Esta acusación convierte la conspiración de un acto de violencia política aislada en una operación de Estado, gestada desde dentro de la estructura oficial del gobierno federal.

Moraes declaró ante la Primera Sala del Tribunal Supremo que el contenido del plan está plenamente demostrado en el expediente y que existen pruebas en abundancia. El juicio, que comenzó la semana pasada, reúne a Bolsonaro junto a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y altos mandos militares. Todos enfrentan acusaciones por cinco delitos vinculados a ataques contra el orden democrático. En conjunto, los cargos podrían acarrear penas de hasta 40 años de prisión para cada uno de los imputados según la legislación brasileña.

Este martes marcó un punto de inflexión en el proceso: la Primera Sala del Tribunal Supremo entró en la fase de votación de sus cinco jueces. Las audiencias continuarán diariamente hasta el viernes, cuando se espera que el tribunal emita su sentencia. Lo que comenzó como una investigación sobre un intento de golpe de Estado ha evolucionado hacia acusaciones de conspiración para cometer magnicidio, transformando el caso en uno de los más graves que enfrenta la justicia brasileña en décadas.