En San Francisco, un juez federal interpuso su autoridad entre más de un millón de inmigrantes y la incertidumbre de la deportación, dictaminando que el gobierno no puede desmantelar el Estatus de Protección Temporal para venezolanos y haitianos sin respetar los límites que la ley le impone. El fallo del juez Edward Chen recuerda que en una democracia constitucional, incluso el poder ejecutivo debe rendir cuentas ante el derecho administrativo. Pero la historia no termina aquí: la Corte Suprema ya mostró simpatía por la posición del gobierno en mayo, y el camino hacia la resolución definitiva
Juez bloquea plan de Trump para terminar TPS de 1.1 millones de haitianos y venezolanos
1.1 millones de inmigrantes venezolanos y haitianos enfrentan incertidumbre sobre su derecho a permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
arbitraria y caprichosa, según escribió en el fallo
Mark
¿Por qué un juez en San Francisco tiene poder para bloquear una decisión de la secretaria de Seguridad Nacional?
Mimi
Porque la ley federal requiere que las agencias gubernamentales actúen dentro de su autoridad legal y de manera racional. Chen determinó que Noem simplemente decidió cancelar el programa sin justificación adecuada.
Mark
Pero la Corte Suprema ya permitió que Trump congelara esto en mayo. ¿Cómo puede Chen ignorar eso?
Mimi
No lo ignoró. Chen fue cuidadoso en señalar que la decisión de mayo solo trataba sobre una medida cautelar temporal. No resolvía el fondo del caso ni le impedía a él otorgar sus propias protecciones bajo la ley administrativa.
Mark
¿Qué significa esto para los 1.1 millones de personas?
Mimi
Por ahora, pueden seguir trabajando. Pero viven en incertidumbre. El gobierno apelará, probablemente llegará a la Corte Suprema de nuevo, y esta vez el resultado podría ser diferente.
Mark
¿Por qué Trump está tan decidido a terminar esto?
Mimi
Es parte de una estrategia más amplia de restricción migratoria. Pero también hay un patrón: intentó esto en su primer mandato y perdió. Ahora tiene una corte diferente.
Mark
¿Qué pasa si la Corte Suprema finalmente lo permite?
Mimi
Entonces 1.1 millones de personas perderían su derecho a trabajar legalmente. Algunos podrían enfrentar deportación. Es un cambio radical en sus vidas.
El Pulso
- Más de 1.1 millones de venezolanos y haitianos despertaron el viernes con una protección legal restaurada, al menos por ahora, después de meses de angustia sobre su derecho a permanecer en el país.
- El juez Chen determinó en 69 páginas que la secretaria Kristi Noem actuó de forma 'arbitraria y caprichosa' al cancelar el TPS, excediendo la autoridad que la ley le confiere.
- La administración Trump ya anunció que apelará, y el historial reciente de la Corte Suprema —que en mayo permitió congelar el programa para venezolanos— sugiere que la batalla está lejos de resolverse.
- El gobierno argumenta que el fallo de Chen no debería tener alcance nacional, abriendo un frente adicional sobre el poder de los jueces federales para frenar políticas migratorias a escala del país.
- La Alianza Nacional TPS celebra una victoria táctica, pero sus abogados saben que el resultado final dependerá de una Corte Suprema con composición distinta a la que frenó los intentos similares del primer mandato de Trump.
En San Francisco, un juez federal interpuso su autoridad entre más de un millón de inmigrantes y la incertidumbre de la deportación, dictaminando que el gobierno no puede desmantelar el Estatus de Protección Temporal para venezolanos y haitianos sin respetar los límites que la ley le impone. El fallo del juez Edward Chen recuerda que en una democracia constitucional, incluso el poder ejecutivo debe rendir cuentas ante el derecho administrativo. Pero la historia no termina aquí: la Corte Suprema ya mostró simpatía por la posición del gobierno en mayo, y el camino hacia la resolución definitiva pasa por tribunales que aún no han dicho su última palabra.
Un juez federal en San Francisco detuvo el viernes el intento de la administración Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal para más de un millón de inmigrantes venezolanos y haitianos. El juez Edward Chen, en una sentencia de 69 páginas, determinó que la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem excedió sus facultades legales y que su decisión de febrero fue 'arbitraria y caprichosa'. Con el fallo, los venezolanos cuyas protecciones habían expirado en abril o estaban a punto de vencer el 10 de septiembre conservan su estatus legal para vivir y trabajar en el país.
El caso fue presentado por la Alianza Nacional TPS junto a siete inmigrantes venezolanos directamente afectados, y abarcaba dos grupos: unos 250,000 que recibieron TPS bajo Biden en 2021 y aproximadamente 350,000 cuya protección fue extendida en 2023, además de medio millón de haitianos. Chen reconoció que la Corte Suprema había permitido en mayo congelar temporalmente el programa, pero argumentó que esa decisión no le impedía analizar el fondo del caso ni otorgar medidas cautelares bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La administración ya anunció que apelará, y la victoria de mayo en la Corte Suprema le da fundamentos para confiar en que los tribunales superiores podrían revertir el fallo. No es la primera vez que Trump intenta desmantelar el TPS: durante su primer mandato buscó cancelarlo para inmigrantes de seis países y perdió en los tribunales. Ahora, con una Corte Suprema de composición diferente y una agenda migratoria más agresiva, el destino de 1.1 millones de personas quedará en manos de instancias que aún no han pronunciado su veredicto definitivo.
Un juez federal en San Francisco detuvo el viernes el esfuerzo de la administración Trump por cancelar el Estatus de Protección Temporal para más de un millón de inmigrantes de Haití y Venezuela. La decisión del juez Edward Chen representa un freno temporal a los planes del gobierno, aunque la batalla legal está lejos de terminar.
El TPS ha permitido a aproximadamente 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Los venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril o estaban a punto de vencer el 10 de septiembre ahora mantienen su estatus. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había ordenado la cancelación del programa en febrero, argumentando que tenía autoridad para hacerlo. Chen rechazó esa posición en una sentencia de 69 páginas, determinando que Noem excedió sus facultades legales y que su decisión fue "arbitraria y caprichosa".
La querella fue presentada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos directamente afectados. El caso involucraba dos grupos de venezolanos: unos 250,000 que recibieron TPS en 2021 bajo la administración Biden, y aproximadamente 350,000 más cuya protección fue extendida en 2023. También buscaba mantener las protecciones para medio millón de haitianos. Chen argumentó que aunque la Corte Suprema había permitido en mayo que Trump congelara temporalmente el programa, esa decisión no le impedía fallar sobre el fondo del caso ni otorgar medidas cautelares bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley federal que rige cómo las agencias gubernamentales toman decisiones normativas.
El gobierno Trump ya ha indicado que apelará la decisión. La Casa Blanca obtuvo una victoria en la Corte Suprema en mayo cuando ese tribunal permitió congelar el programa para venezolanos, un resultado que sugiere que el destino final de estos 1.1 millones de personas podría decidirse en instancias superiores. El gobierno ha sostenido que posee la autoridad para terminar el beneficio y que cualquier fallo de Chen no debería aplicarse a nivel nacional.
Esta no es la primera vez que Trump intenta desmantelar el TPS. Durante su primer mandato, buscó terminar las protecciones para inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió esos casos en los tribunales. Ahora, con una composición diferente de la Corte Suprema y una administración más agresiva en materia de inmigración, el resultado podría ser distinto. Los próximos meses determinarán si la decisión de Chen prevalece o si los tribunales superiores permiten que la administración proceda con la cancelación.
Citas Notables
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional fue arbitraria y caprichosa y excedió su autoridad legal— Juez Edward Chen, en su sentencia de 69 páginas
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