Sus opciones educativas tienen consecuencias políticas
En el País Vasco, un centenar de jóvenes han visto truncadas sus aspiraciones universitarias tras suspender el examen de euskera en la PAU, no por falta de talento, sino por haber cursado el Bachillerato en español en colegios concertados que aún defienden esa opción. Lo ocurrido no es un tropiezo aislado, sino el reflejo de una política lingüística que, bajo el impulso del PNV y Bildu, convierte la lengua en un filtro de pertenencia y en un instrumento de exclusión. La historia de estos estudiantes plantea una pregunta que trasciende la gramática: ¿puede una sociedad democrática condicionar el futuro de sus jóvenes según la lengua en que aprendieron a pensar?
- Un centenar de estudiantes vascos suspendieron el examen de euskera en la PAU, cerrándoles el acceso a carreras como Medicina en las universidades públicas del País Vasco.
- Los afectados provienen mayoritariamente de colegios concertados religiosos que ofrecen Bachillerato en español, centros que llevan décadas resistiendo presiones institucionales para cambiar su modelo educativo.
- El tribunal calificador depende de la Universidad del País Vasco, cuyo rector —respaldado por Bildu— ha impulsado medidas que van más allá de lo académico, borrando el español incluso del nombre oficial de la institución.
- Por primera vez en décadas, grupos de jóvenes han salido a manifestarse, denunciando que sus oportunidades no están limitadas por su capacidad, sino por el idioma en que estudiaron.
- Lejos de corregir el rumbo, PNV y Bildu anuncian más horas obligatorias de euskera, usando los propios suspensos como argumento para endurecer una política que sus críticos califican de excluyente.
Cien estudiantes vascos suspendieron el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad este año. Para muchos, ese resultado no es solo un tropiezo académico: cierra el acceso a las plazas más competitivas en Medicina, Ingeniería y otros programas de las universidades públicas vascas. El daño es concreto y tiene nombre.
La mayoría de estos jóvenes proceden de colegios concertados religiosos que ofrecen Bachillerato principalmente en español —el llamado modelo A—. Estos centros han resistido durante décadas las presiones para cambiar su oferta educativa, y siguen existiendo porque hay familias que los eligen. Pero las instituciones vascas, controladas por el PNV y Bildu, han librado una batalla constante contra esa opción.
El tribunal que calificó los exámenes depende de la Universidad del País Vasco, dirigida por un rector cuya candidatura fue respaldada por Bildu. Bajo su liderazgo, la universidad ha eliminado el español de su nombre oficial y ha retirado de sus estatutos las referencias a las víctimas de ETA. Muchos ven en lo ocurrido con la PAU una consecuencia directa de esa orientación política.
Lo más llamativo es la respuesta de los propios afectados: por primera vez en décadas, grupos de jóvenes han salido a las calles a protestar. No es una queja abstracta. Estos adolescentes están descubriendo que sus oportunidades están siendo limitadas no por su capacidad, sino por dónde estudiaron y en qué lengua aprendieron.
Lo paradójico es que la situación es coherente con la lógica que la ha producido. No es un accidente, sino el resultado de una estrategia que prioriza el euskera como marcador identitario por encima de otros derechos. Y lejos de suavizarse, esa política se endurece: PNV y Bildu sostienen que los alumnos deben estudiar aún más horas en euskera, y usan este aluvión de suspensos como argumento para justificar más presión. Lo que está en juego es quién decide qué futuro tienen los jóvenes vascos, y si ese futuro puede depender de la lengua en que aprendieron a pensar.
Cien estudiantes vascos se presentaron al examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad este año y suspendieron. No es un número pequeño. Para muchos de ellos, ese suspenso cierra puertas que esperaban abrir: las plazas en Medicina, en Ingeniería, en los programas más competitivos de las universidades públicas vascas quedan ahora fuera de alcance, o al menos mucho más lejos.
Quiénes son estos estudiantes importa. Proceden mayoritariamente de colegios concertados religiosos que ofrecen la opción de cursar Bachillerato principalmente en español —lo que se conoce como modelo A. Estos centros han resistido durante décadas presiones administrativas y políticas para cambiar su oferta educativa. Siguen existiendo porque hay familias que los eligen, que quieren para sus hijos una educación donde el español sea la lengua vehicular principal. Esa demanda persiste en la comunidad autónoma, pero las instituciones vascas, controladas por el PNV y Bildu, han librado una batalla constante contra esta opción.
El tribunal que calificó los exámenes de euskera depende de la Universidad del País Vasco. La institución está bajo la rectoría de Joserramon Bengoetxea, cuya candidatura fue respaldada por Bildu. Bajo su liderazgo, la universidad ha tomado decisiones que van más allá de lo académico: ha eliminado el español del nombre oficial de la institución, ha retirado de sus estatutos referencias a las víctimas de ETA. Ahora, según el análisis de lo ocurrido, ampara o impulsa lo que muchos ven como un castigo directo a los colegios que mantienen viva la opción del Bachillerato en español.
Lo que ha sucedido es nuevo en su escala. Por primera vez en décadas, grupos de jóvenes han salido a las calles para protestar contra lo que viven como discriminación. No es una queja abstracta. El daño es concreto: esos suspensos les cierran acceso a las carreras que querían estudiar, especialmente a las más demandadas en la red pública. Una generación de adolescentes está descubriendo que sus opciones educativas están siendo limitadas no por su capacidad, sino por dónde estudiaron y qué lengua fue la principal en sus aulas.
Lo paradójico es que esta situación es coherente con la lógica de la política educativa que los ha escolarizado. No es un accidente. Es el resultado de una estrategia lingüística que prioriza la expansión del euskera como marcador identitario por encima de otros derechos. Y lejos de suavizarse, esa política se está endureciendo. El PNV y Bildu sostienen públicamente que todos los alumnos deben estudiar aún más horas en euskera, que solo así se garantiza que lo dominan realmente. Este aluvión de suspensos, paradójicamente, les sirve de argumento para justificar más horas, más presión, más exclusión de quienes estudian en español.
Lo que está en juego es más que un examen. Es la pregunta de quién decide qué oportunidades tienen los jóvenes vascos, y si esas decisiones pueden estar basadas en criterios lingüísticos e identitarios que castigan a familias que hacen elecciones educativas diferentes. Los estudiantes que suspendieron este año están aprendiendo una lección que va más allá de la gramática.
Notable Quotes
Toda política lingüística de cariz identitario conduce a situaciones de discriminación injusta y desigualdad de oportunidades— Editorial de El Mundo
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué suspendieron tantos estudiantes de repente? ¿Fue el examen más difícil que otros años?
No hay indicios de que el examen fuera más difícil. Lo que cambió fue quién lo calificaba y bajo qué criterios. La universidad está bajo una rectoría que ha tomado posiciones muy claras sobre la política lingüística.
Pero estos son estudiantes de colegios privados, ¿no? ¿Por qué debería importarle al Estado cómo enseñan?
Porque la PAU es un examen estatal que abre puertas a universidades públicas. El tribunal que lo califica depende de una institución pública. Cuando esa institución usa ese poder para castigar a estudiantes por dónde estudiaron, eso es un problema de equidad.
¿Crees que fue intencional? ¿Que alguien dijo "vamos a suspender a estos chicos"?
No necesariamente de esa forma explícita. Pero cuando una institución está radicalizada en una dirección política, eso permea todo. Los criterios de evaluación, las expectativas, la interpretación de respuestas ambiguas. Todo se tiñe.
¿Qué pasa ahora con estos cien estudiantes?
Algunos pueden repetir el examen. Otros verán cerradas las puertas a carreras competitivas. Pero el daño más profundo es que aprenden que sus opciones educativas tienen consecuencias políticas.
¿Esto es solo un problema vasco?
Es un problema vasco porque aquí la política lingüística es especialmente intensa. Pero la pregunta es universal: ¿hasta dónde puede llegar una institución pública en usar su poder para promover una identidad sobre los derechos individuales?