JNE fija plazo de 10 años para que condenados vuelvan a postular

El Jurado Nacional de Elecciones acaba de trazar una línea en la arena electoral peruana: diez años. Es el tiempo que deberá transcurrir desde que una persona cumpla una condena penal y obtenga su rehabilitación judicial antes de poder volver a postular a un cargo de elección popular. La decisión, aplicada recientemente en el caso del candidato presidencial Mario Vizcarra de Perú Primero, representa un giro interpretativo en cómo se entiende la Ley 30717, norma que históricamente ha cerrado las puertas electorales de manera permanente a quienes fueron condenados por corrupción, narcotráfico, violación sexual o peculado, incluso después de cumplir sus penas.

Lo que el JNE ha hecho es reinterpretar una ley que el Tribunal Constitucional ya había cuestionado en cinco acciones de amparo distintas. En esos fallos, la corte constitucional advirtió que la aplicación perpetua de la Ley 30717 vulneraba derechos fundamentales, particularmente el principio de resocialización de la pena. El organismo electoral, entonces, decidió no aplicar la ley tal como está escrita, sino establecer una nueva regla basada en lo que llamó un criterio de consciencia: si alguien cumplió su condena hace más de una década y fue rehabilitado, la ley no le aplica. Si el cumplimiento fue más reciente, sí.

Esta decisión tiene alcance inmediato. No solo afecta el caso Vizcarra; es un precedente que abre la puerta a muchas otras personas que en el pasado fueron condenadas por los delitos que la Ley 30717 enumera. Para las Elecciones Generales de 2026 y los próximos comicios regionales, el criterio define qué candidaturas quedan habilitadas y cuáles no. Es un cambio de reglas a mitad del juego electoral.

Pero aquí surge una tensión fundamental. José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, señala que el JNE ha hecho algo que no le corresponde hacer: legislar. El organismo electoral, según Villalobos, no tiene la competencia para establecer plazos que modifiquen la aplicación de una ley. Esa facultad pertenece exclusivamente al Congreso de la República. Lo máximo que el JNE podría haber hecho era exhortar al Parlamento a que legislara mejor sobre esta situación. En cambio, actuó como legislador positivo, creando una regla nueva donde antes no la había.

Esta crítica fue recogida en el voto del magistrado Aaron Oyarce, quien argumentó que el Congreso debería haber legislado expresamente sobre el plazo para la rehabilitación electoral. La decisión se adoptó por mayoría, pero no fue unánime. La magistrada Martha Maisch votó en discordia, manteniéndose en la posición que ha sostenido en procesos electorales anteriores: la Ley 30717 debe aplicarse sin excepciones.

Lo que está en juego es más que un caso individual. Es una pregunta sobre quién tiene autoridad para reinterpretar las reglas electorales cuando una ley existente parece entrar en conflicto con derechos fundamentales. El JNE encontró una salida: un plazo de diez años que, en su lectura, evita sanciones perpetuas mientras respeta el espíritu de la ley. Pero esa salida asume un poder que, según los críticos, no le pertenece. El Congreso, hasta ahora, no ha actuado para resolver esta tensión. Y mientras tanto, candidatos con condenas penales en su historial esperan a ver si el plazo de diez años los rehabilita también políticamente.