Imputaron a seis policías por la muerte de Tomás Orihuela en comisaría de Córdoba

La noche del 27 de abril, una patrulla llegó a la casa de la familia Orihuela con un mensaje que cambiaría todo: Tomás, de 19 años, estaba en el Hospital Córdoba en muerte cerebral. Lo que comenzó como una detención rutinaria en la Comisaría Sexta del barrio General Paz terminó en una morgue, y ahora seis policías enfrentan imputaciones por privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo.

Tomás había sido arrestado dos veces en menos de 48 horas. La primera vez por estafas relacionadas con la venta de teléfonos celulares; la segunda por robo y violación de domicilio. Pero había un problema fundamental: las órdenes de captura estaban vencidas. Aun así, lo mantuvieron detenido. El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 8, ordenó que se investigara no solo cómo fue arrestado el joven, sino también las circunstancias de su muerte dentro de la dependencia policial. Una agente ya fue detenida; los demás permanecen bajo investigación mientras se secuestraron sus celulares para rastrear comunicaciones y procedimientos de esa noche.

La versión oficial fue clara desde el principio: el Ministerio de Seguridad anunció que Tomás se había quitado la vida dentro de su celda usando un buzo. Pero la familia rechazó esa explicación desde el primer momento. Su madre fue a la comisaría esa noche con comida y abrigo para su hijo, y le dijeron que no podía verlo. Su hermana Mariana cuestionó los tiempos: "Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 22:00 y ya sabía que lo tenían que largar". La familia insiste en que Tomás no era depresivo, no consumía alcohol ni drogas. Para ellos, esto no fue suicidio. Fue abuso.

Los registros médicos complicaron la narrativa oficial. Además del edema cerebral irreversible que causó su muerte, Tomás presentaba complicaciones pulmonares y renales. Esos hallazgos, según la familia y sus abogados, no encajan con la hipótesis de un intento de suicidio. El primer diagnóstico llegó el 27 de abril por la noche. Al día siguiente, en el Hospital Eva Perón, hubo un leve repunte de actividad neurológica que generó una breve esperanza. Pero el lunes por la tarde, la confirmación del fallecimiento cerró cualquier posibilidad.

La despedida de Tomás fue masiva. El 30 de abril, una caravana de motos recorrió el barrio Pueyrredón en lo que los medios llamaron una "despedida tumbera". Cuatro de sus familiares —dos hermanos y dos primos— estaban detenidos en los penales de Bouwer y Cruz del Eje. La ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria permitió que fueran trasladados bajo custodia policial para asistir al velorio. Una prosecretaria judicial autorizó el operativo invocando razones humanitarias, aunque el abogado penalista Facundo Pérez Lloveras aclaró que estos traslados solo ocurren tras evaluación de riesgos y antecedentes, con un dispositivo de seguridad definido por la autoridad penitenciaria.

Ahora la investigación avanza en dos frentes. El fiscal Godoy busca determinar si hubo irregularidades en el procedimiento de detención y en lo que sucedió dentro de la celda. Una agente ya está detenida. Los demás imputados podrían enfrentar medidas procesales en los próximos días. Los celulares secuestrados podrían revelar qué se comunicaron los policías esa noche, qué sabían, qué hicieron. Para la familia Orihuela, cada documento, cada mensaje, cada registro médico es una oportunidad de demostrar que su hijo no se quitó la vida voluntariamente. Para el sistema judicial de Córdoba, es la oportunidad de responder una pregunta que la versión oficial nunca pudo explicar satisfactoriamente: ¿cómo termina un joven de 19 años ahorcado en una celda con órdenes de captura vencidas?