En el corazón del verano español, la crisis migratoria de Ceuta —con la entrada de 70.000 personas en la ciudad autónoma— ha desencadenado una disputa institucional que va más allá del hecho concreto: el Senado, controlado por el PP, exige la presencia de ministros del Gobierno de Sánchez, quienes se niegan argumentando que el Congreso es la cámara legítima de control. Lo que comenzó como una discrepancia procedimental amenaza con convertirse en un conflicto constitucional, revelando las tensiones profundas de una democracia donde las mayorías parlamentarias están fracturadas entre dos cámaras
Gobierno y Senado hacia choque institucional por comparecencias sobre Ceuta
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