Sin confianza en la justicia, el Estado de derecho se desmorona
Encuesta de 40dB muestra que solo el 32,2% considera justas e imparciales las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos. Gobierno y PSOE denuncian estrategia de judicialización de la derecha; PP y Vox rechazan acusaciones de lawfare como populismo.
- Encuesta 40dB: 75% de españoles cree que partidos políticos influyen en decisiones judiciales
- Solo 32,2% considera justas e imparciales las resoluciones sobre asuntos políticos
- José Luis Ábalos condenado a 24 años de prisión; ciudadanos no ven motivaciones políticas en este caso
- Investigación a Begoña Gómez: mayoría ve motivaciones políticas según la encuesta
El Gobierno insta al Poder Judicial a reflexionar sobre la desconfianza ciudadana mientras el PP rechaza acusaciones de guerra judicial. Una encuesta revela que el 75% de españoles cree que los partidos influyen en decisiones judiciales.
La desconfianza en la justicia española ha alcanzado un punto de quiebre. Una encuesta del instituto 40dB encargada por EL PAÍS y la Cadena SER revela que tres de cada cuatro españoles creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones judiciales, y que solo el 32,2% considera que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales. Estos números no son accidentales. Son el reflejo de una batalla política que ha convertido los tribunales en arena de confrontación partidista, donde cada lado acusa al otro de manipular la justicia según sus intereses.
Lo que sorprende es que esta práctica no es nueva. En 1997, el expresidente Felipe González criticó a jueces "descerebrados" y su poder excesivo. Años después, Mariano Rajoy caracterizó el caso Gürtel como "una trama contra el PP, no del PP", incluyendo en esa acusación a jueces, fiscales y policía. El PSOE respondió con sus propias denuncias, citando declaraciones de José María Aznar. La politización de la justicia es un deporte de todos los colores. Lo que ha cambiado es la intensidad y la capacidad de cada bando para amplificar su narrativa.
El Gobierno y el PSOE leen la encuesta como una llamada de atención. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, afirmó que los datos "deberían llevar a la reflexión a quienes administran la Justicia", argumentando que el Estado de derecho se sostiene en la confianza en los tribunales y la separación de poderes. Desde la sede del PSOE en Ferraz, las fuentes consultadas insisten en que su partido respeta la independencia judicial, pero añaden que "la estrategia de judicialización permanente impulsada por la derecha, la ultraderecha y sus organizaciones satélite" ha deteriorado la confianza ciudadana. Señalan específicamente que el PP y Vox han convertido las querellas de organizaciones ultras en el eje de su estrategia de oposición. También mencionan "actuaciones individuales" de algunos jueces que se apartan de la imparcialidad. Pedro Sánchez ha hablado de "diferentes velocidades" en los criterios judiciales, sugiriendo que casos que afectan a socialistas reciben trato distinto que aquellos que involucran al PP. Como ejemplo, citan los audios del caso Kitchen, donde aparecen conversaciones claras pero ni María Dolores de Cospedal ni Mariano Rajoy fueron imputados.
La derecha rechaza estas acusaciones como populismo. Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, tachó de "populismo" tanto las palabras de López como la propia encuesta. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, cuya pareja está siendo investigado por varios delitos, habló de la "terrible teoría" del lawfare, instando a los ciudadanos a defender "la independencia judicial". José María Fúster, portavoz de Vox, negó la existencia de guerra judicial en España, calificando la denuncia del PSOE de "matraca" que se ha "apoderado" de algunos ciudadanos. Según Fúster, lo que realmente existe son instituciones "asaltadas por el sanchismo".
Podemos ocupa un espacio incómodo en este mapa. Pablo Fernández, secretario de organización del partido, reivindicó que Podemos lleva "años" alertando sobre el lawfare y que es "el que más lo ha sufrido, junto a los independentistas". Pero luego matizó: "No todos los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista son lawfare". Mencionó específicamente la condena de José Luis Ábalos a 24 años de prisión, así como los casos de Santos Cerdán y Leire Díez, como ejemplos de corrupción real que no pueden etiquetarse como persecución política. Criticó al PSOE por no asumir responsabilidades en estos casos.
La encuesta misma sugiere que los ciudadanos hacen distinciones que los políticos evitan. Mientras que la mayoría ve "motivaciones políticas" en la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente, no ocurre lo mismo con la condena de Ábalos. Esto indica que la población no acepta un relato único de persecución, sino que evalúa cada caso según sus propias circunstancias. La pregunta sobre si las críticas políticas a decisiones judiciales están justificadas revela más polarización: el 34,3% cree que nunca lo están cuando vienen del Ejecutivo, mientras que el 32,4% piensa que sí si los jueces no son imparciales, y el 19,9% considera que siempre están justificadas. Estos porcentajes varían significativamente según la intención de voto de cada encuestado.
Lo que emerge de todo esto es un sistema judicial atrapado entre la desconfianza ciudadana y la batalla política. Los números de la encuesta no mienten: tres cuartas partes de España cree que la política contamina la justicia. Pero la pregunta que queda sin respuesta es si esa contaminación es real o si es el resultado de una narrativa política tan efectiva que ha convencido a la mayoría de que existe. Probablemente sea ambas cosas. Y mientras eso permanezca sin resolverse, la confianza seguirá cayendo.
Notable Quotes
El Estado de derecho se basa en la confianza en la justicia y la separación de poderes— Óscar López, ministro para la Transformación Digital
No todos los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista son lawfare. Hay que distinguir el grano de la paja— Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué importa tanto que la gente desconfíe de los jueces? ¿No es solo un problema de imagen?
Porque sin confianza en la justicia, el Estado de derecho se desmorona. Si tres de cada cuatro españoles creen que los políticos controlan los tribunales, entonces la justicia deja de ser un árbitro neutral. Se convierte en un arma más en la batalla política.
Pero los políticos siempre han atacado a los jueces cuando pierden. ¿Qué es diferente ahora?
La escala y la sofisticación. Antes eran críticas aisladas. Ahora hay un relato coordinado, amplificado por redes sociales, que ha calado en la población. Y lo interesante es que no es solo la izquierda o la derecha. Todos lo hacen.
¿Entonces quién tiene razón? ¿Hay realmente guerra judicial o es populismo?
La encuesta sugiere que los ciudadanos no creen en un relato único. Ven motivaciones políticas en algunos casos pero no en otros. Eso significa que probablemente hay un poco de ambas cosas: jueces que pueden tener sesgos, y políticos que exageran esos sesgos para su beneficio.
¿Y qué pasa con los casos de corrupción real, como el de Ábalos?
Ese es el dilema. Si todo se etiqueta como lawfare, entonces los casos reales de corrupción quedan atrapados en la misma narrativa. Podemos lo entiende mejor que nadie: si no distingues el grano de la paja, pierdes credibilidad.
¿Cómo se sale de esto?
Eso es lo difícil. Alguien tendría que asumir responsabilidades por la corrupción real sin usarla como arma política. Pero mientras cada partido vea los tribunales como un campo de batalla, eso es casi imposible.