Estamos disponibles para mejorar las disposiciones originales
Ministros de Seguridad e Interior confirmaron flexibilidad para incorporar cambios al registro durante fase de debate particular del proyecto legislativo. El gobierno enfatiza que el registro no vulnera principios de publicidad jurisdiccional, ya que sentencias condenatorias son públicas actualmente.
- Ministros Arrau y Alvarado presentaron el proyecto ante la Comisión de Seguridad el lunes
- El gobierno propone agregar categorías de infracciones y regular acceso al registro
- Municipios gastan cientos de millones de pesos reparando daños por vandalismo anualmente
El gobierno chileno señaló disposición para modificar el proyecto del Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades durante debate en la Comisión de Seguridad, considerando ajustes en categorías y acceso a información.
El lunes pasado, dos de los funcionarios más visibles del gobierno chileno se presentaron ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para defender un proyecto legislativo que ha generado inquietud en el Parlamento: la creación de un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, y Claudio Alvarado, quien ocupa simultáneamente los cargos de ministro del Interior y de la Segegob, llegaron con un mensaje que buscaba tranquilizar a los legisladores preocupados por las consecuencias que podría enfrentar quien figure en ese registro.
La inquietud parlamentaria se centra en si el registro vulneraría derechos de las personas inscritas. Alvarado respondió directamente a esa preocupación, argumentando que el proyecto no altera el principio fundamental de publicidad en los procedimientos judiciales. Su razonamiento es simple: las sentencias condenatorias ya son públicas hoy en día, por lo que el registro no introduce un nuevo tipo de exposición. Sin embargo, reconoció que hay espacio para mejorar la forma en que se presenta esa información.
Lo más significativo de la intervención fue la apertura explícita del gobierno a introducir cambios. Alvarado detalló qué tipo de modificaciones estaría dispuesto a considerar: agregar categorías que distingan entre tipos de infracciones, establecer niveles de gravedad, o regular quién tiene acceso a consultar el registro. Estas no son concesiones menores. Significan que el gobierno reconoce que la versión original del proyecto, tal como fue presentada, genera dudas legítimas sobre cómo se usará la información y quién podrá acceder a ella.
El ministro enfatizó que esta disposición a negociar no cuestiona la constitucionalidad del registro en sí mismo, sino únicamente la forma en que funcionaría. "Si hay preocupación sobre esta materia, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto", dijo. Arrau, por su parte, reconoció ante la prensa que existen diferencias que deberán resolverse durante el debate particular del proyecto, cuando se presentarán las indicaciones específicas.
Pero el gobierno también dejó clara su posición de fondo. Arrau argumentó que quienes dañan espacios públicos generan un costo que pagan todos los contribuyentes. Cada municipio, señaló, gasta cientos de millones de pesos reparando infraestructura vandálica. Desde esa perspectiva, las personas que cometen estos actos no tienen derecho a recibir beneficios sociales que el resto de la ciudadanía financia. Es un argumento que apunta al corazón del debate: si el daño a lo público es un problema colectivo, ¿es legítimo que la sociedad tenga un registro de quiénes lo cometen?
La apertura del gobierno a modificaciones sugiere que el proyecto avanzará, pero no sin cambios. El debate particular, donde se presentarán las indicaciones, será el espacio donde se definirá exactamente cómo funcionará el registro, quién podrá consultarlo, y cómo se categorizará la información. Los legisladores que expresaron preocupaciones ahora tienen una puerta abierta para negociar los detalles. Lo que queda por verse es si esas modificaciones serán suficientes para resolver las inquietudes sobre privacidad y proporcionalidad que han surgido en el Parlamento.
Notable Quotes
Si hay preocupación sobre esta materia, quiero transmitir que nosotros estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto— Claudio Alvarado, ministro del Interior y Segegob
Cuando alguien daña lo que es de todos, esa reparación la pagan todos los contribuyentes— Martín Arrau, ministro de Seguridad
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el gobierno insiste en crear este registro si ya las sentencias son públicas?
Porque la diferencia está en la accesibilidad y la permanencia. Una sentencia en un tribunal es pública, pero está dispersa en archivos judiciales. Un registro centralizado es otra cosa: es un catálogo que cualquiera puede consultar rápidamente. El gobierno ve eso como una herramienta de seguridad pública.
¿Y los legisladores qué temen exactamente?
Temen que la gente figure en una lista de por vida por actos que podrían ser menores, y que eso afecte su acceso a empleos, créditos, o simplemente su reputación. Es el efecto de una marca permanente.
Entonces, ¿por qué el gobierno se abre a modificaciones?
Porque reconoce que la inquietud es legítima. Si diferencias entre un acto grave y uno menor, o si restringes quién puede consultar el registro, reduces ese riesgo de estigmatización permanente.
¿Esto significa que el proyecto va a pasar?
Probablemente sí, pero transformado. El gobierno tiene los votos. Lo que está negociando es la forma final, no si existe o no.
¿Y el argumento sobre los costos municipales? ¿Eso es decisivo?
Es el corazón moral del proyecto. Si aceptas que el daño a lo público es un problema colectivo grave, entonces un registro tiene sentido. Si crees que es desproporcionado, no. Esa es la verdadera tensión.