Gobierno renueva seguridad de viuda de Uribe tras revelarse infiltración en esquema de protección

El sábado 22 de agosto, el ministro del Interior Rodrigo Lara anunció que la Unidad Nacional de Protección había renovado el esquema de seguridad asignado a María Claudia Tarazona y su familia. El anuncio llegaba después de días tensos en los que la viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay había denunciado públicamente que su sistema de protección seguía intacto, a pesar de que investigadores habían descubierto indicios de que criminales se habían infiltrado en el equipo que debía protegerla.

La denuncia de Tarazona había sido contundente. En la noche del viernes 21 de agosto, escribió en redes sociales que la Fiscalía General de la Nación había revelado una presunta infiltración en su esquema de seguridad, y que algunos de sus integrantes habrían proporcionado información sobre los movimientos de su esposo que facilitó su asesinato. Lo más grave, según ella, era que había solicitado al Gobierno Nacional por múltiples vías —cartas, solicitudes oficiales, mensajes— que cambiara el sistema de protección, pero ningún funcionario de la administración le había respondido. El sistema seguía siendo el mismo, escribió, a pesar de todo.

El ministro Lara respondió directamente a Tarazona a través de X, dirigiéndose a ella por su nombre y asegurando que la seguridad de su familia era una prioridad absoluta del Gobierno. Explicó que el director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, había visitado personalmente al director de la UNP, Didier Blanco, y que ambos habían tomado medidas inmediatas. Lara caracterizó como "sumamente preocupante" la posibilidad de que criminales se hubieran infiltrado en el sistema de protección de Uribe Turbay, y prometió que la situación sería investigada exhaustivamente.

El contexto de esta crisis de confianza se remonta al 7 de junio de 2025, cuando Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fue asesinado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Las investigaciones posteriores han revelado que la estructura criminal responsable del crimen había logrado acceder a información detallada sobre sus movimientos y su esquema de protección. Un elemento particularmente inquietante que está siendo revisado por las autoridades es un contacto almacenado como "escolta del senador" en el teléfono celular de uno de los integrantes de la organización investigada.

La Fiscalía ha avanzado en las acusaciones. El 20 de agosto, dos días antes del anuncio de Lara, informó sobre dos nuevas condenas relacionadas con el magnicidio. Jhorman David Mora Silva, conocido como Caleño, fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión por su participación en la planeación y logística del ataque. Cristian Camilo González Ardila recibió 11 años y 7 meses por su rol en el plan. Ambos aceptaron mediante preacuerdo su participación en los delitos de homicidio agravado, tráfico de armas, concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

Los detalles de cómo operó la estructura criminal son perturbadores. Mora Silva fue quien contactó al adolescente que disparó contra Uribe Turbay, y durante el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados, incluido Elder José Arteaga Hernández, en la que el menor recibió instrucciones sobre cómo ejecutar el crimen. González Ardila, por su parte, fue reclutado para recoger al adolescente en motocicleta después del atentado y facilitar su escape. Recibió una transferencia de dinero para combustible y desplazamiento, aunque el plan fracasó cuando el esquema de protección del senador interceptó al menor antes de que llegara al punto de encuentro.

Con estas dos sentencias, la Fiscalía ha alcanzado siete condenas en firme por el magnicidio. Sin embargo, las investigaciones continúan enfocadas en una pregunta central: cómo la organización criminal logró penetrar tan profundamente el sistema de protección presidencial. La firma de abogados Víctor Mosquera Marín, que representa a las víctimas, ha informado que las autoridades están verificando datos que podrían establecer cómo la estructura criminal accedió a información sobre los movimientos y el esquema de seguridad de Uribe Turbay. Mientras tanto, la familia del senador asesinado permanece bajo un nuevo esquema de protección, aunque la pregunta de cómo fue posible que los anteriores guardianes de su seguridad colaboraran con sus asesinos sigue sin respuesta completa.