Gobierno radicará Plan Nacional de Desarrollo el 6 de febrero con inversión de $1,048 billones

El lunes 6 de febrero, el gobierno colombiano presentaría ante el Congreso de la República su Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años, un documento de envergadura que movilizaría inversiones cercanas a 1.048 billones de pesos. El proyecto, que se especulaba podría contener entre 200 y 300 artículos, representaba la hoja de ruta que el presidente Gustavo Petro había trazado para su administración, un mapa de prioridades que atravesaría desde la seguridad hasta la transformación productiva del país.

La mañana del primero de febrero, mientras los últimos detalles del documento se ajustaban en los despachos del ejecutivo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una solicitud específica y directa. En el marco de una presentación sobre los avances del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá-Región (DCTIB), López se dirigió al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, con una petición que iba más allá de la cortesía institucional. Le pidió que fuera el vocero de este proyecto dentro del gabinete presidencial y, crucialmente, que asegurara su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo como un proyecto estratégico de país. No era suficiente que quedara como un propósito; López buscaba que tuviera respaldo financiero garantizado desde el Gobierno Nacional.

El cronograma era ajustado. El articulado del plan llegaría a manos del presidente a primera hora de la mañana del 6 de febrero, y luego el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lo radicaría ante el Congreso. Antes de eso, el documento debería pasar por el escrutinio del Consejo Superior de Política Fiscal y ser revisado en detalle por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), instancia que examinaría no solo los números sino también los proyectos estratégicos y cada uno de los artículos que conformaban la propuesta.

Los números eran considerables. El gobierno había destinado 329,2 billones de pesos para seguridad humana y justicia social; 70,9 billones para internacionalización, transformación productiva y acción climática; 106 billones para ordenamiento territorial; 26,6 billones para el derecho humano a la alimentación; 459 billones para convergencia regional, y 56,6 billones para cierre macroeconómico. Pero había una variable en movimiento: el ejecutivo estaba analizando si mantendría la inversión total en 1.048,2 billones o si la incrementaría en 15 billones adicionales para modificaciones en la construcción del Metro de Bogotá, un proyecto que requeriría que el Estado asumiera el cien por ciento del costo de un tramo subterráneo.

La inversión privada estimada para el período 2023-2026 ascendería a 949,7 billones de pesos, recursos que se esperaba impulsaran el cumplimiento de las promesas de campaña en el componente social. Las fuentes de financiación pública provendrían principalmente del Presupuesto General de la Nación, que aportaría el 49,3 por ciento; el Sistema General de Participaciones, con el 24,8 por ciento; los recursos propios de las entidades territoriales, con el 14,4 por ciento; las empresas públicas industriales y comerciales del Estado, con el 6,2 por ciento, y el Sistema General de Regalías, con el 4,4 por ciento.

Lo que estaba en juego era más que números sobre un papel. Era la definición de hacia dónde se dirigiría el país en los próximos cuatro años, qué se priorizaría, qué se financiaría y qué quedaría fuera. Para Bogotá, la apuesta era clara: que su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación no fuera solo una aspiración regional sino un compromiso nacional con recursos asignados. El documento que se radicaría el 6 de febrero sería la prueba de si esa solicitud había sido escuchada.