En los últimos días de 2025, el gobierno de Gustavo Petro abrió una puerta que estuvo sellada durante décadas: la de los archivos del extinto DAS, el organismo de inteligencia colombiano que vigiló ilegalmente a jueces, periodistas y opositores. El Decreto 1400, firmado el 22 de diciembre, desclasifica más de 57.000 cajas de documentos y cerca de 48.000 medios electrónicos, devolviendo a las víctimas y a la historia lo que el secreto de Estado les había negado. Es un acto que no resuelve el pasado, pero lo nombra — y en ese nombramiento comienza una forma de rendición de cuentas.
Gobierno desclasifica archivos del DAS: más de 57.000 cajas serán digitalizadas
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Geopolitical Impact
Colombia desclasifica 57.000 cajas de archivos del DAS revelando vigilancia ilegal a magistrados, periodistas y opositores, marcando un giro hacia la transparencia en inteligencia estatal.
El Gobierno Petro fortalece su posición política mediante transparencia institucional y reconocimiento de abusos históricos, debilitando potencialmente a élites que se beneficiaron de vigilancia estatal. Esto reposiciona a Colombia como referente regional en rendición de cuentas, pero genera tensiones con sectores de defensa y seguridad que operaban bajo secreto.
Similar a la desclasificación de archivos de la DINA en Chile (1990s) y documentos de la dictadura argentina, procesos que permitieron justicia transicional pero generaron resistencia institucional.
Economic Lens
La desclasificación de 57.000 cajas de archivos del DAS genera costos administrativos significativos pero potencial impacto económico limitado, principalmente en sectores de tecnología y servicios de digitalización.
El impacto directo en consumidores es mínimo. Indirectamente, la transparencia institucional podría fortalecer la confianza en instituciones públicas y el estado de derecho, beneficiando el clima de inversión y negocios a largo plazo.
Se requieren inversiones públicas en infraestructura digital y recursos humanos para el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia. Potencial necesidad de presupuesto adicional para digitalización, anonimización de datos y vigilancia de procesos. Establece precedentes para transparencia institucional y acceso a información pública.