El juicio no se vea contaminado por la polarización que se vive fuera del Palacio
García Ortiz se juega seis años de cárcel, su patrimonio y el cargo por presuntamente filtrar correos tributarios en 13 horas críticas entre el 13 y 14 de marzo de 2024. La defensa sostiene que fue el aparato institucional de Madrid quien orquestó una operación para construir un relato alternativo que neutralizara el daño político a Ayuso.
- García Ortiz enfrenta seis años de cárcel por presuntamente filtrar correos tributarios entre el 13 y 14 de marzo de 2024
- El correo en cuestión, del 2 de febrero de 2024, contenía la frase incriminatoria: "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública"
- González Amador está encausado por fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros
- El juicio durará dos semanas con 38 testigos convocados, entre ellos 8 fiscales y 12 periodistas
- La Sala está compuesta por 7 magistrados con sensibilidades ideológicas divididas: 4 conservadores y 3 progresistas
Álvaro García Ortiz enfrenta juicio en el Tribunal Supremo acusado de filtrar datos tributarios confidenciales de la pareja de Ayuso. El presidente del tribunal pide a las partes evitar polarización en un caso sin precedentes en la etapa constitucional.
Álvaro García Ortiz lleva tres años y tres meses como fiscal general del Estado. Mañana comienza un juicio que podría arrebatarle todo eso: seis años de cárcel, su patrimonio, su cargo. Todo por lo que sucedió en trece horas.
Entre las 21:29 del 13 de marzo de 2024 y las 10:22 del día siguiente, según las acusaciones, García Ortiz filtró a la prensa datos tributarios confidenciales sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo, sostienen los acusadores, para construir un relato institucional que permitiera atacar políticamente a Ayuso. Después de esa filtración, González Amador pasó a ser llamado públicamente "defraudador confeso" por miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE. El empresario está encausado por fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros, cantidad que habría defraudado en parte ya siendo pareja de Ayuso.
La defensa cuenta una historia distinta. Según García Ortiz y sus abogados, fue el aparato institucional de Madrid, encabezado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien puso en marcha una operación perfectamente orquestada para construir un relato alternativo: presentar a González Amador como víctima de una operación política del Gobierno y la Fiscalía. El núcleo de la acusación gira en torno a un correo electrónico. El 2 de febrero de 2024, Carlos Neira, abogado defensor de González Amador, escribió a la Fiscalía de Delitos Económicos proponiendo un acuerdo de conformidad. En ese correo afirmaba: "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". Esa frase incriminatoria fue difundida por primera vez en la Cadena Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo, desmintiéndose así una noticia publicada por El Mundo a las 21:29 que titulaba "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales". García Ortiz sostiene que pidió a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, que recabara esos correos para hacer una nota de prensa aclaratoria sobre la conducta de la Fiscalía madrileña, que había sido puesta en entredicho. Esa nota se difundió el 14 de marzo a las 10:22 horas.
No hay pruebas directas de que García Ortiz filtrara el correo a la Cadena Ser. Si la Sala le condena, deberá basarse en indicios. Los acusadores mencionan la secuencia cronológica: un correo que no se filtró durante seis semanas, revelado justo cuando llegó al fiscal general. Añaden que García Ortiz pidió que los correos le fueran reenviados a su dirección de Gmail personal, no a la oficial, lo que le permitiría después borrar el registro de operaciones. Citan también mensajes de WhatsApp de Pilar Rodríguez en los que se "imagina" que se ha dado publicidad por la Fiscalía General, el testimonio de la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra reprochando a García Ortiz la filtración, y el hecho de que el fiscal general borrara su teléfono móvil y cambiara de dispositivo. La defensa rechaza cada uno de estos puntos. Sostiene que la coincidencia cronológica era lógica porque tanto la Fiscalía como los medios estaban intentando verificar si era cierta la noticia de El Mundo. Argumenta que fue el propio abogado de González Amador quien rompió la confidencialidad de sus comunicaciones, enviando el correo del 2 de febrero a un abogado del Estado ajeno al asunto y remitiendo a su cliente información que después llegó a Miguel Ángel Rodríguez. Pero el elemento más crucial para la defensa es el testimonio de periodistas de varios medios que aseguran haber conocido el contenido del correo antes de que el documento llegara al fiscal general. Si eso es cierto, la acusación se desmorona.
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, se reunió el viernes pasado con las partes. Acompañado de la magistrada ponente Susana Polo, el encuentro fue frecuente en otros órganos judiciales ante juicios complejos, pero insólito en el Supremo. Se convocó para resolver cuestiones de intendencia: distribución de asientos, tiempos de intervención, duración prevista. Pero Martínez Arrieta buscaba algo más. Quería pedir a las partes que hicieran un esfuerzo por evitar la confrontación y los juicios de valor ajenos a lo jurídico. En sus palabras, que el juicio no se viera "contaminado" por la "polarización" que se vive fuera del Palacio de Justicia. El tribunal descartó usar el imponente salón de plenos del Tribunal Supremo, donde se juzgó el procés, y también rechazó retransmitir el juicio en directo.
El juicio durará dos semanas, seis sesiones de lunes a miércoles, mañana y tarde. Están convocados 38 testigos, entre ellos ocho fiscales, 12 periodistas, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. García Ortiz no se sentará en el banquillo, como permite la ley para juristas. Ha pedido estar en estrados junto a sus defensores, la exabogada general del Estado Consuelo Castro e Ignacio Ocio, vistiendo la toga de fiscal general. Enfrente tendrá la acusación particular de González Amador, que pide cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros, la suspensión de empleo durante tres años y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. También acusaciones populares del Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. García Ortiz ha llegado a la vista como fiscal general, con el apoyo férreo del Gobierno, incluido el del presidente Sánchez, pese a las peticiones de amplios sectores de la carrera fiscal de que renunciara al cargo.
La Sala está presidida por Martínez Arrieta e integrada por Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo. En términos de sensibilidad ideológica, habría una mayoría de cuatro magistrados conservadores, mientras que tres son considerados progresistas. La Sala de Apelación ya convalidó la decisión de llevar al fiscal general a juicio gracias a los votos de dos magistrados conservadores, con la discrepancia de un progresista. Su condena o su absolución serán, seguro, utilizadas políticamente por unos y por otros.
Notable Quotes
No filtré nada que afectase a la pareja de Ayuso ni a los medios ni al Gobierno. Rotundamente— Álvaro García Ortiz, fiscal general, ante el juez
De haber mantenido González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido esas delictivas conductas— Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del empresario González Amador
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué importa tanto este juicio si no hay pruebas directas de que García Ortiz filtrara nada?
Porque lo que se juzga no es solo un correo. Es si el fiscal general del Estado, la persona que vela por la legalidad, puede ser acusado de usarla como arma política. Eso toca el corazón de la independencia de la Fiscalía.
Pero la defensa dice que fue el otro lado, Madrid, quien orquestó todo. ¿Quién tiene razón?
Eso es exactamente lo que debe decidir la Sala. Pero fíjate en esto: el abogado de González Amador admite haber filtrado información a los medios. García Ortiz niega haber filtrado el correo. Los periodistas dicen que lo conocían antes de que llegara al fiscal general. Son tres versiones de la realidad.
¿Y si la Sala está dividida ideológicamente, como dice el análisis?
Entonces cada voto será leído como una posición política, no como una decisión judicial. Por eso el presidente pidió que evitaran la polarización. Sabe que cualquier sentencia será usada como munición política.
¿Qué pasa si lo condenan?
Pierde todo. Seis años de cárcel, su cargo, su patrimonio. Pero además, la Fiscalía pierde credibilidad. Y si lo absuelven, la otra mitad del país dirá que la justicia está capturada.
¿Hay algo que pueda cambiar el resultado?
Los periodistas. Si demuestran que conocían el correo antes de que llegara a García Ortiz, la acusación se desmorona. Ese es el elemento que podría romper todo el edificio de indicios que han construido contra él.