Fuerza Popular exige acciones penales por secuestro de periodistas de Cuarto Poder

El miércoles pasado, en el distrito de Chadín, en la región de Cajamarca, dos periodistas del programa Cuarto Poder fueron detenidos por miembros de rondas campesinas. Los retenedores los obligaron a leer un comunicado que favorecía al Gobierno. La noticia llegó a Lima y encendió una reacción política inmediata.

Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, emitió un comunicado rechazando lo que calificó como un acto de secuestro. La organización no solo condenó los hechos, sino que fue más allá: exhortó al Ministerio Público a abrir investigaciones penales contra los responsables. En su declaración, Fuerza Popular fue explícita sobre lo que veía detrás del incidente: una estrategia deliberada para intimidar a la prensa e impedir que continuaran las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucraban al presidente Pedro Castillo, su familia y su círculo político cercano.

El partido fujimorista argumentó que no se trataba de un hecho aislado. Señaló que el régimen de Castillo tenía antecedentes de instigar acciones violentas contra periodistas, y que lo ocurrido en Chadín era parte de un patrón de amedrentamiento. Desde su perspectiva, el objetivo era claro: silenciar a la prensa para evitar que siguiera documentando denuncias de corrupción contra el jefe de Estado y su entorno.

Fuerza Popular también dirigió un mensaje directo al Gobierno, exigiendo respeto irrestricto por la integridad de las personas y la libertad de prensa. La tensión entre el Ejecutivo y la oposición, que ya era evidente en otros frentes, se profundizaba ahora en torno a la cuestión de si el Gobierno estaba permitiendo o alentando acciones contra los medios de comunicación.

La reacción institucional no tardó. El jueves siguiente, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Provincial de Bambamarca había abierto una investigación de oficio por los hechos ocurridos en Chadín. La fiscalía tipificó los delitos como secuestro, en contra de la libertad, y hurto, en contra del patrimonio. Ambos cargos recaían sobre los dos periodistas de Cuarto Poder como víctimas.

El caso se convirtió rápidamente en un punto de fricción en el debate político nacional. No era solo una cuestión de dos periodistas retenidos; era una pregunta más amplia sobre los límites del poder estatal, la responsabilidad de los funcionarios públicos por las acciones de sus simpatizantes, y si la prensa podría seguir investigando libremente en un contexto de creciente polarización. La investigación fiscal que acababa de abrirse tendría que responder preguntas que iban más allá del incidente en sí: ¿quién había organizado la retención? ¿Había participación de autoridades locales? ¿Qué se buscaba lograr con la coerción de los periodistas? Las respuestas determinarían si el caso se convertía en un precedente sobre la protección de la libertad de prensa en Perú.