Fiscalía vincula a generales militares en venta de combustible del Ejército

A la madrugada del 23 de febrero de 2021, agentes de la Policía Nacional y fiscales especializados en corrupción se presentaron simultáneamente en veinte inmuebles distribuidos entre Lima y Piura. Las viviendas y oficinas pertenecían a doce investigados, entre ellos el general César Astudillo, quien en ese momento ejercía como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Los allanamientos fueron ordenados en el marco de una investigación que llevaba tres años en desarrollo: la sustracción sistemática de combustible asignado al Ejército y su posterior venta en el mercado civil.

La trama que los fiscales desentrañaban había comenzado años atrás con un incidente aparentemente menor. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad detuvieron una camioneta acondicionada para transportar combustible que salía de la Escuela Militar de Chorrillos rumbo a grifos privados. En esa intervención inicial fueron capturados suboficiales del ejército y se allanaron viviendas de oficiales de rango medio, como intendentes y comandantes. Pero conforme avanzó la investigación, los fiscales comenzaron a identificar un patrón más amplio y más grave: la participación de generales en la operación.

Omar Tello, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, explicó a El Comercio cómo la investigación había escalado. Gracias a testimonios de personas que colaboraron con la justicia, a declaraciones de testigos protegidos y al análisis minucioso de documentación incautada, los fiscales lograron vincular a varios generales de alto rango. Además de Astudillo, los investigados incluían a Jorge Celiz Kuong, Edward Gratelly y otros más. Según Tello, estos generales habrían recibido dinero para permitir que el combustible saliera de las instalaciones militares sin obstáculos y fuera comercializado hacia el exterior.

El mecanismo de la sustracción era relativamente simple pero efectivo. Los generales tenían bajo su mando las instalaciones del Pentagonito y de la Escuela Militar de Chorrillos, donde se asignaba combustible para dos propósitos: la cocción de alimentos en las cocinas militares y el abastecimiento de vehículos. En el caso de los vehículos, siempre quedaba un saldo sobrante después de cubrir las necesidades operativas. Ese saldo era vendido a terceros, y el dinero resultante era apropiado por diversos oficiales, incluyendo a los generales que supervisaban estas instalaciones. Respecto al combustible destinado a la cocina, Tello señaló algo revelador: durante una primera intervención, los fiscales no encontraron cocinas en las instalaciones. Era imposible, argumentó, que hubiera cocción de alimentos con petróleo si no existían los equipos para hacerlo. Lo que sí encontraron fue la camioneta en plena acción de venta, y el dinero de esas transacciones también terminaba en manos de los funcionarios militares investigados.

La construcción del caso se basaba en múltiples capas de evidencia. Además de los testimonios protegidos y las declaraciones de colaboradores eficaces, los fiscales habían incautado cuadernos y apuntes que documentaban las operaciones. Estos elementos, tomados en conjunto, formaban un cuadro coherente de la participación de los altos mandos en el esquema de sustracción y venta.

El Ministerio Público había solicitado al Poder Judicial una orden de detención preliminar por siete días para los implicados, pero el juez rechazó la medida, considerando que no existía peligro procesal. Los fiscales discreparon con esa evaluación. Argumentaron que los investigados seguían en actividad y que, dada la estructura jerárquica de la institución castrense, tenían la capacidad de obstruir las investigaciones. Para Tello, el peligro procesal era permanente. Sin embargo, reconoció que el efecto sorpresa que habían logrado con los allanamientos ya se había perdido. Anunció que la Fiscalía evaluaría solicitar nuevamente la detención preliminar si surgían elementos adicionales en el curso de la investigación.

Astudillo respondió a los allanamientos con una declaración airada. Negó categóricamente haber sido investigado por el caso y cuestionó la legalidad del procedimiento, argumentando que jamás había sido notificado formalmente antes de que los fiscales llegaran a su domicilio. Acusó a los investigadores de violar la presunción de inocencia y anunció que presentaría sus descargos. Los allanamientos simultáneos en diecinueve viviendas en los distritos de Surco, San Borja, Surquillo, Chorrillos, Lima Cercado, Rímac, Los Olivos y Villa el Salvador, más dos inmuebles adicionales en Piura, marcaban un punto de quiebre en una investigación que había permanecido en la sombra durante años. Lo que sucediera en los siguientes meses determinaría si los generales enfrentarían cargos formales o si la falta de detención preliminar permitiría que la investigación se diluyera.