Fiscalía investiga presunta colusión en contratos de López Aliaga con estudio Boies Schiller Flexner

La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora en sus manos una denuncia que cuestiona cómo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha dirigido millones de soles públicos hacia un único estudio de abogados estadounidense. Los denunciantes, los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra, sostienen que la Municipalidad Metropolitana de Lima contrató en nueve ocasiones al despacho Boies Schiller Flexner por más de 97 millones y medio de soles, cifra que representa el 83 por ciento del presupuesto total destinado a servicios legales. El fiscal provincial Raúl Rivera Navarro, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, deberá determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones de colusión y negociación incompatible.

El despacho neoyorkino fue contratado para representar a la municipalidad ante cortes en Estados Unidos y Francia, con el objetivo de anular las concesiones de peajes administradas por Brookfield y Vinci Highways. Según López Aliaga, estas empresas compraron acciones de constructoras brasileñas que supuestamente obtuvieron las concesiones mediante actos de corrupción. Sin embargo, los resultados han sido magros. Una corte estadounidense rechazó una solicitud de la municipalidad para anular dos laudos arbitrales, lo que obligará a Lima a pagar 200 millones de dólares a Rutas de Lima. A pesar de la inversión sustancial, el estudio aún no ha logrado despojar de sus acciones a las empresas mencionadas.

Lo que ha encendido las alarmas entre los denunciantes es la relación personal entre López Aliaga y Martín De Luca, el representante del estudio que firma los contratos. De Luca no solo mantiene una amistad con el alcalde, sino que participa activamente en sus actos públicos y lo defiende en redes sociales. El sábado 4 de octubre, ambos encabezaron un homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk. En esa ocasión, De Luca escribió en X que fue un honor hablar en lo que llamó el único gran homenaje a Kirk celebrado en América Latina, y aprovechó para elogiar la gestión de López Aliaga y su lucha contra la corrupción. Días después, cuando el New York Times publicó un reportaje crítico sobre la administración del alcalde, De Luca volvió a intervenir en redes, esta vez defendiendo más explícitamente el movimiento político de López Aliaga y sugiriendo que podría ser un candidato presidencial viable.

Arbizu señala que el hecho de que De Luca actúe como agente de imagen del alcalde constituye un indicio adicional del delito de colusión. José Luis Gargurevich, director de Proética, enfatiza que los proveedores del Estado tienen la obligación de mantener neutralidad respecto a sus simpatías políticas, especialmente cuando son contratados con fondos públicos. "Pueden ser amigos, eso no es un delito, pero su desempeño como proveedor del Estado no puede teñirse de subjetividad que lleve a un uso político de sus servicios", precisó. Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, coincide en que existe un conflicto de interés claro: un abogado contratado con dinero municipal no debería hablar más allá de lo que ha sido específicamente contratado para hacer.

La denuncia plantea una pregunta incómoda sobre los límites entre la amistad y el conflicto de intereses en la contratación pública. Los contratos con Boies Schiller Flexner no incluyen servicios de defensa de imagen o proselitismo político, sin embargo, De Luca ha dedicado tiempo y energía a promover al alcalde en medios de comunicación y redes sociales durante su estancia en Lima. La República intentó obtener comentarios del estudio a través de su representante Scott Nielson, pero no recibió respuesta. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción debe ahora evaluar si el patrón de contrataciones repetidas con una sola firma, combinado con la participación política del representante de esa firma, constituye un delito o simplemente una amistad incómoda entre funcionario y proveedor.