En el cruce entre el poder político y la función pública, la Segunda Fiscalía Anticorrupción intervino el miércoles en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para examinar si dos contrataciones —una madre y su hija, ambas vinculadas al ministro Alberto Beingolea— responden al mérito o a la lealtad partidaria. Sofía Aguayo, sin trayectoria en gestión cultural, fue designada gerenta de la Biblioteca Nacional tres días después de visitar personalmente al ministro, con un salario de 15,600 soles mensuales, mientras su madre era contratada en el mismo despacho ministerial. La in
Fiscalía investiga contrataciones de madre e hija en Cultura vinculadas a Beingolea
Renunció un día antes de asumir en su nuevo puesto
Mark
¿Por qué la Fiscalía decidió intervenir precisamente ahora? ¿Qué disparó la investigación?
Mimi
Un portal de investigación llamado Lima Gris publicó los detalles de estas contrataciones. Cuando los medios exponen este tipo de patrones —la visita al ministro, la designación tres días después, el perfil que no encaja— la Fiscalía tiene que actuar.
Mark
Pero hay muchas contrataciones en el gobierno. ¿Qué hace que esta sea diferente?
Mimi
La velocidad y la coincidencia. Sofía renuncia a la ATU un día antes de asumir en la Biblioteca Nacional. Su madre aparece contratada en el mismo ministerio. Ambas tienen vínculos políticos con Beingolea. Eso no es coincidencia, es un patrón.
Mark
¿Y la experiencia de Sofía en bienes raíces? ¿Eso es realmente un problema?
Mimi
Para un cargo de gerente general de la Biblioteca Nacional, sí. Eso requiere conocimiento de gestión cultural, de acervos, de bibliotecología. No es lo mismo que vender propiedades. El salario de 15,600 soles es considerable para alguien sin ese perfil.
Mark
Mencionaste que ya enfrenta otra investigación por cohecho. ¿Eso qué significa?
Mimi
Significa que hay sospechas previas de que aceptó favores o dinero a cambio de decisiones en su cargo anterior en la ATU. Ahora, mientras esa investigación sigue abierta, aparece en un nuevo puesto de poder. Es preocupante.
Mark
¿Qué busca la Fiscalía exactamente con esta intervención?
Mimi
Documentos. Correos, memorandos, actas de designación, cualquier cosa que muestre cómo se tomó la decisión. Si encuentran que no hubo proceso de selección real, o que fue directo, eso es evidencia de favoritismo.
Mark
¿Y si encuentran que todo fue legal pero cuestionable?
Mimi
Entonces el caso se cierra, pero el daño a la credibilidad ya está hecho. El punto es que la cercanía política no debería ser el criterio para ocupar cargos públicos.
O Pulso
- La fiscal adjunta Jhannice Bastidas Arroyo irrumpió de urgencia en dos instituciones del Estado para capturar documentos antes de que la evidencia pudiera dispersarse.
- La secuencia es demasiado precisa para ignorarla: visita al ministro, designación tres días después, renuncia apresurada del cargo anterior, y contratación simultánea de la madre en el mismo ministerio.
- Aguayo llega a dirigir la Biblioteca Nacional con experiencia en el sector inmobiliario y con una investigación abierta por cohecho pasivo impropio en la ATU, de la que renunció un día antes de asumir su nuevo puesto.
- Los investigadores analizan expedientes de contratación y comunicaciones internas para determinar si hubo criterios legítimos de selección o si los cargos fueron distribuidos como recompensa política.
- El caso escala hacia una definición penal: si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, las contrataciones podrían configurar delitos de corrupción de funcionarios que comprometen directamente al titular del Mincul.
En el cruce entre el poder político y la función pública, la Segunda Fiscalía Anticorrupción intervino el miércoles en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para examinar si dos contrataciones —una madre y su hija, ambas vinculadas al ministro Alberto Beingolea— responden al mérito o a la lealtad partidaria. Sofía Aguayo, sin trayectoria en gestión cultural, fue designada gerenta de la Biblioteca Nacional tres días después de visitar personalmente al ministro, con un salario de 15,600 soles mensuales, mientras su madre era contratada en el mismo despacho ministerial. La investigación pone sobre la mesa una pregunta que atraviesa todas las épocas: ¿a quién sirve realmente el Estado cuando distribuye sus cargos?
La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llegó el miércoles al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional del Perú con una misión concreta: reunir documentos que permitan determinar si dos contrataciones vinculadas al ministro Alberto Beingolea constituyen delito penal. Al frente de las diligencias estuvo la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo.
El centro del caso es Sofía Aguayo Morales, designada gerente general de la Biblioteca Nacional el 6 de agosto, apenas tres días después de visitar personalmente el despacho del ministro en San Borja. Su salario: 15,600 soles mensuales. Al mismo tiempo, su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, fue contratada en ese mismo despacho ministerial. Ambas son exmilitantes del Partido Popular Cristiano, el partido del ministro.
Lo que encendió las alarmas fue el perfil de Aguayo: su carrera se desarrolló en el sector inmobiliario, sin trayectoria documentada en gestión bibliotecaria ni dirección de instituciones culturales. A eso se suma que enfrenta una investigación previa por cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, derivada de su paso por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Renunció a ese cargo un solo día antes de ser oficializada en la Biblioteca Nacional.
La Fiscalía recabó expedientes de contratación, procesos de selección y comunicaciones internas en ambas instituciones. Lo que busca establecer es si detrás de esta cadena de decisiones hay criterios administrativos legítimos, o si los cargos públicos fueron utilizados como moneda de cambio por cercanía política.
La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios entró el miércoles a las sedes del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú para recopilar documentos sobre un caso que toca directamente al despacho del ministro Alberto Beingolea. La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo lideró las diligencias de urgencia, buscando establecer si dos contrataciones —la de una madre y su hija— constituyen delito penal.
Sofía Aguayo Morales fue designada gerente general de la Biblioteca Nacional el 6 de agosto. Tres días antes, según reportes, visitó personalmente el despacho del ministro Beingolea en San Borja. En su nuevo cargo percibe 15,600 soles mensuales. Su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, fue contratada en el despacho ministerial. Ambas son exmilitantes del Partido Popular Cristiano, el mismo partido del ministro.
Lo que llamó la atención de los investigadores fue el perfil profesional de Aguayo. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en el sector inmobiliario, no en gestión bibliotecaria ni en dirección de instituciones culturales. El salario de 15,600 soles mensuales para una gerencia de esa envergadura, asignado a alguien sin trayectoria documentada en el ramo, generó preguntas sobre los criterios de selección.
Además, Aguayo enfrenta una investigación abierta en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presunta comisión de cohecho pasivo impropio y negociación incompatible. Esa investigación proviene de su paso anterior por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU. Renunció formalmente a ese cargo apenas un día antes de ser oficializada en su nuevo puesto en el Ministerio de Cultura.
La secuencia de eventos —la visita al despacho ministerial, la designación tres días después, la renuncia apresurada de su cargo anterior, y la contratación simultánea de su madre en el mismo ministerio— fue lo que motivó la intervención fiscal. Los investigadores buscan determinar si estas acciones responden a criterios administrativos legítimos o si constituyen favores derivados de la cercanía política con el titular de la cartera.
La Fiscalía recabó documentación en ambas instituciones para analizar los expedientes de contratación, los procesos de selección, y cualquier comunicación que pudiera esclarecer cómo se tomaron estas decisiones. El caso toca un punto sensible: la presunta utilización de cargos públicos como recompensa por lealtad política, en lugar de asignarse conforme a mérito y competencia profesional.
Citações Notáveis
Ambas son exmilitantes del Partido Popular Cristiano, el mismo partido del ministro Alberto Beingolea— Reportes de investigación
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