Fiscal Juárez: sentencia brasileña contra Nadine Heredia no afecta condena peruana

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial que llevó adelante las investigaciones de Lava Jato en Perú, rechazó categóricamente que la anulación de pruebas contra Nadine Heredia ordenada por un juez brasileño tenga consecuencias para la condena que pesa sobre ella y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, en territorio peruano.

La decisión llegó el 10 de noviembre cuando José Antonio Dias Toffoli, magistrado de la Corte Suprema de Brasil, anuló las evidencias recopiladas contra Heredia en las investigaciones por corrupción contra Odebrecht. El fallo también prohibió que esas pruebas se utilicen en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades peruanas. Heredia, quien recibió asilo en Brasil después de ser condenada, se beneficia ahora de una medida que Dias Toffoli ya había extendido a su esposo y a otros acusados en casos derivados de la operación anticorrupción.

Pero Juárez fue contundente en sus declaraciones a Canal N: las resoluciones judiciales brasileñas simplemente no pueden afectar procesos penales que ya concluyeron en Perú. Argumentó que aunque la decisión del magistrado brasileño podría tener validez dentro de Brasil, carece de toda relevancia legal en el territorio peruano. Enfatizó que ningún juez peruano debería permitir que una resolución extranjera comprometa su independencia judicial, un principio que consideró fundamental para la integridad del sistema.

El punto central de la defensa de Juárez descansa en una distinción técnica pero crucial: las pruebas utilizadas para condenar a Humala y Heredia no provinieron de investigaciones brasileñas de Lava Jato, sino de un acuerdo de colaboración eficaz suscrito directamente con Odebrecht en Perú, bajo leyes peruanas. Los documentos que la empresa proporcionó fueron presentados dentro de ese proceso de colaboración nacional, no remitidos por autoridades brasileñas. Juárez subrayó que el equipo fiscal nunca solicitó información a Brasil ni dependió de la cooperación judicial brasileña para fundamentar sus acusaciones.

Además, Juárez defendió la calidad del proceso penal que culminó en la condena. Aseguró que se respetó escrupulosamente el debido proceso, los derechos de defensa de los acusados y que todas las pruebas fueron debidamente actuadas y valoradas conforme a la ley. En su perspectiva, el juicio cumplió con todos los requisitos de legalidad exigibles.

El fiscal también ofreció una lectura política de la decisión brasileña. Sugirió que la intención detrás de la anulación de pruebas sería debilitar o derribar el proceso penal porque vincula directamente al presidente brasileño Lula da Silva. Según Juárez, quedó fehacientemente acreditado en el juicio que el Partido de los Trabajadores, cuyo representante es Lula, recibió tres millones de dólares que llegaron de manera clandestina al Partido Nacionalista peruano. La anulación de pruebas, en esta lectura, buscaría eliminar evidencia que compromete al mandatario brasileño actual.

Anticipando los próximos movimientos legales, Juárez advirtió que la defensa de Humala intentará incorporar el argumento brasileño en la apelación de la sentencia condenatoria. Sin embargo, consideró difícil que logren lograr la nulidad de las pruebas peruanas basándose en decisiones judiciales extranjeras. La batalla legal continúa, pero desde la perspectiva del fiscal, el fundamento de la condena permanece intacto e inamovible por lo que suceda al otro lado de la frontera.