¿Exporta EE.UU. criminalidad a África? Las deportaciones a terceros países generan alarma

Cuando Donald Trump propuso enviar a inmigrantes irregulares a terceros países, la iniciativa encendió un debate que atraviesa continentes. En Occidente, muchos advierten sobre el riesgo de exponer a los deportados a torturas, esclavitud y malos tratos en naciones donde las garantías legales son frágiles. Pero hay un segundo aspecto, menos mencionado en esa conversación, que preocupa profundamente a voces africanas: qué sucede cuando esos deportados son criminales peligrosos que llegan a países ya desgarrados por crisis humanitarias.

Uganda y Sudán del Sur cargan ya con un peso enorme. Uganda es hoy el mayor país de acogida de refugiados en toda África, con cerca de dos millones de personas procedentes sobre todo de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Sudán del Sur no solo alberga a más de medio millón de refugiados y solicitantes de asilo, sino que más de 2,3 millones de sus propios ciudadanos viven como refugiados en el extranjero. Estos números ilustran la fragilidad de naciones que ya enfrentan crisis humanitarias de gran magnitud. Además, las tasas de homicidios son alarmantes: Sudán del Sur tiene una tasa tres veces mayor que la de Estados Unidos; la de Uganda es casi trece veces superior a la española. Human Rights Watch ha señalado recientemente que ambos países no son seguros para los deportados debido a la represión política, el uso excesivo de la fuerza en sus cárceles y la opacidad del proceso.

En julio de 2025, cinco hombres fueron deportados desde Estados Unidos hacia Esuatini. Provenían de Vietnam, Cuba, Jamaica, Yemen y Laos, y enfrentaron detención en prisiones de máxima seguridad sin acceso a abogados ni explicación legal clara. Según Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estos hombres habían sido condenados por delitos que incluían violación infantil, asesinato y robo, y eran tan graves que sus países de origen se negaron a aceptarlos de regreso. El gobierno de Esuatini estimó que permanecerían detenidos durante unos 12 meses. Organizaciones locales entregaron una petición a la embajada de Estados Unidos pidiendo el regreso de los deportados, con el fin de que su país no se convierta en un vertedero de problemas no resueltos de otros lugares.

Las debilidades institucionales de estos países para contener a criminales peligrosos son evidentes. En septiembre de 2020, 219 presos escaparon de la prisión de Singila en el noreste de Uganda tras apoderarse del arsenal del penal, incluyendo 15 fusiles AK-47 y munición, escapando hacia las montañas de Karamoja. En enero de 2025, se reportó una fuga masiva desde una instalación militar en Juba, en Sudán del Sur. Aproximadamente 600 detenidos escaparon; más tarde, 410 de ellos fueron recapturados por las fuerzas de seguridad pero el resto sigue huido. Martin Mawut Ochalla, un joven de 28 años de Sudán del Sur, expresó recientemente su preocupación: quienes son deportados, algunos son delincuentes involucrados en delitos graves, y una vez que son traídos al país, eso significa que las actividades delictivas también aumentarán.

La historia ofrece precedentes inquietantes. En los años noventa, Estados Unidos deportó a miles de inmigrantes con antecedentes criminales a El Salvador, Honduras y Guatemala. Entre ellos estaban miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, pandillas nacidas en Los Ángeles que encontraron terreno fértil en sociedades recién salidas de guerras civiles con instituciones debilitadas. Deportados como Ernesto Deras reorganizaron estas estructuras en su país de origen y las expandieron, contribuyendo a convertir a Centroamérica en una de las regiones más violentas del mundo. Casos similares se dieron en Haití, donde retornados como Amaral Duclona y Evans Jeune se convirtieron en líderes de bandas armadas responsables de secuestros, asesinatos e incremento de la criminalidad en barrios populares de Puerto Príncipe.

El patrón no es exclusivo del continente americano. En Nueva Zelanda, la aplicación por parte de Australia de la llamada política 501, que permite expulsar a no ciudadanos con condenas de más de un año, derivó en la llegada de centenares de delincuentes con fuertes vínculos entre sí. Muchos formaron nuevas pandillas y reforzaron el crimen organizado, lo que se tradujo en un aumento perceptible de la violencia en ciudades como Auckland. En Jamaica, deportados desde el Reino Unido con condenas por narcotráfico y delitos violentos alimentaron las guerras entre bandas rivales en Kingston. En Filipinas, varios deportados con historial delictivo se integraron en el narcotráfico local, fortaleciendo redes criminales transnacionales. A veces, ni siquiera los recién llegados eran nacionales del país receptor; se ha documentado que algunos no tenían documentación clara de nacionalidad o vínculos reales con el país receptor, pero fueron enviados allí como tercer destino.

Jesús Muñoz, un hombre de nacionalidad mexicana, fue trasladado de forma temporal a Sudán del Sur tras ser condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Pasó varios meses en el país africano hasta ser repatriado a México en septiembre de 2025. Muñoz es solo un caso más; un elevado número de los deportados a Uganda, Sudán del Sur o Esuatini arrastran consigo graves condenas por delitos cometidos. La pregunta que permanece sin respuesta clara es qué garantías de seguridad ofrece Estados Unidos a los ciudadanos de estos países cuando envía a su territorio a criminales peligrosos.