El crecimiento es exponencial, y las redes eléctricas no estaban preparadas
Los centros de datos consumen el 1,5% de la electricidad mundial y crecen 12% anual, con proyecciones de duplicarse a 945 TWh en 2030. La UE implementará etiquetado anual obligatorio (A-G) midiendo eficiencia energética (PUE) y uso de agua (WUE) a partir de agosto de 2027.
- Los centros de datos consumen 415 teravatios-hora anuales (1,5% de la electricidad mundial) y crecen 12% cada año
- La UE implementará etiquetado obligatorio A-G midiendo eficiencia energética (PUE) y uso de agua (WUE) a partir de agosto de 2027
- España ha concedido derechos de acceso a la red por 12 gigavatios desde 2020, el triple de lo previsto
- En Irlanda, los centros de datos ya consumen más del 20% de la electricidad nacional
La Comisión Europea desarrolla un marco regulatorio para centros de datos con etiquetado obligatorio de eficiencia energética y uso de agua, buscando controlar su expansión y consumo creciente de electricidad.
Los centros de datos se han convertido en la columna vertebral de la economía digital mundial. Almacenan nuestros datos, procesan nuestras búsquedas, ejecutan nuestras aplicaciones. Pero su crecimiento es vertiginoso, y Europa está empezando a sentir el peso.
Según la Agencia Internacional de Energía, estos centros consumen alrededor del 1,5% de toda la electricidad que genera el planeta cada año, lo que equivale a 415 teravatios-hora. Esa cifra ha crecido un 12% anualmente durante los últimos cinco años. Para 2030, se espera que se duplique hasta alcanzar 945 teravatios-hora. En la Unión Europea, el consumo fue de 70 teravatios-hora en 2024, con una proyección de 115 teravatios-hora en 2030. El problema no es solo la energía. Estos centros requieren cantidades enormes de agua para refrigeración, generan residuos electrónicos significativos, y si la energía que los alimenta no proviene de fuentes limpias, producen emisiones de dióxido de carbono. Además, muchos lugares carecen de la capacidad necesaria en sus redes eléctricas para conectarlos.
La Comisión Europea ha decidido actuar. Está desarrollando un paquete de medidas para garantizar que estos centros sean eficientes y sostenibles. El elemento central es un Reglamento Delegado que establece un sistema de etiquetado anual obligatorio, similar al que ya existe para electrodomésticos y edificios. El borrador ha sido puesto a consulta pública y podría entrar en vigor en el segundo trimestre de 2026. El objetivo es permitir que los operadores, inversores y gobiernos comparen instalaciones en toda la Unión, identifiquen buenas prácticas y dirijan el dinero hacia infraestructuras más eficientes.
Cada centro será clasificado en una escala de la A a la G según dos métricas. La primera mide la Eficiencia en el Uso de la Energía, conocida por sus siglas en inglés como PUE. Una instalación recibe la calificación A si su PUE es igual o inferior a 1,15, y la G si supera 1,9. La segunda métrica es la Eficiencia del Uso del Agua, o WUE. La A corresponde a centros con un WUE igual o inferior a 0,1, y la G a los que superan 1,0. El sistema se apoyará en una base de datos europea creada en 2024, donde los operadores ya reportan indicadores clave. A partir de esa información, una plataforma generará automáticamente una etiqueta electrónica anual. Se espera que comience a funcionar el 15 de agosto de 2027.
Cada etiqueta incluirá información detallada: el nombre del centro, su tipo, el operador responsable, la ubicación, la fecha en que entró en funcionamiento, el tamaño, el consumo energético, el porcentaje de energía renovable utilizada, y las calificaciones PUE y WUE. También mostrará indicadores sobre las condiciones climáticas del lugar y cómo interactúa el centro con la red eléctrica. Un aspecto particularmente importante es la información sobre la capacidad de reutilizar el calor residual, un indicador clave para evaluar si estos centros pueden integrarse en sistemas energéticos más amplios, como redes de calefacción urbana. Cada etiqueta tendrá un código QR que permitirá acceder a información ampliada. Todas irán acompañadas de un documento explicativo para ayudar a interpretar los indicadores. La Comisión revisará el Reglamento cada tres años, a más tardar el 31 de marzo de 2029, para adaptarlo a los avances tecnológicos.
El boom de los centros de datos está obligando a gobiernos de todo el mundo a replantearse cómo regularlos. En Estados Unidos, el auge está generando preocupación por el impacto en el sistema eléctrico y en los precios de la energía para los consumidores. Grandes tecnológicas como Microsoft, Meta y Amazon han prometido asumir parte de los costes energéticos tras una reunión con Donald Trump, pero expertos y organizaciones consideran que es insuficiente. La demanda eléctrica podría duplicarse en cinco años y encarecer la energía hasta un 50%. Algunos estados, reguladores y empresas de servicios públicos exploran soluciones como tarifas específicas para grandes consumidores, inversiones en energías limpias o incluso moratorias a nuevos centros de datos.
En Europa, el crecimiento está dibujando un mapa desigual. En Reino Unido, la avalancha de proyectos en espera de conexión ha saturado el sistema eléctrico, con plazos que pueden superar los diez años. El Gobierno ha decidido proponer reformas que incluyen priorizar los centros de datos, especialmente los vinculados a la inteligencia artificial, sobre proyectos menos críticos. En Irlanda, los centros de datos ya consumen más del 20% de la electricidad, lo que ha provocado restricciones a nuevas conexiones y requisitos energéticos cada vez más duros. En Alemania, el principal freno es una burocracia compleja y fragmentada. En Países Bajos, la congestión de la red y el rechazo social han llevado a moratorias y exigencias estrictas de eficiencia.
España se ha consolidado como uno de los grandes polos de atracción para la inversión en centros de datos en Europa. La abundancia de energía renovable competitiva, el liderazgo en red de fibra óptica y un contexto económico favorable han impulsado el interés del sector tecnológico. La patronal SpainDC valora positivamente el avance de la Unión Europea hacia un marco común que mejore la transparencia mediante el etiquetado anual. Subrayan que estos centros son una infraestructura estratégica para la digitalización y ya presentan altos niveles de eficiencia y descarbonización. El consumo representa el 0,8% de la electricidad nacional, con un PUE medio de 1,36 y un 95% de energía de origen bajo en carbono. El sector ha crecido fuertemente, con unas 100 instalaciones y 439 megavatios de potencia instalada en 2025, con previsiones de alcanzar 2.537 megavatios en 2030 si se garantiza un desarrollo acompasado de redes y certidumbre regulatoria.
El Gobierno, a través de su Estrategia de Inteligencia Artificial, prevé un despliegue de alrededor de 2,5 gigavatios de capacidad de computación, equivalente a unos 4 gigavatios eléctricos. Sin embargo, el fuerte atractivo inversor ha generado señales de alerta. Desde 2020 se han concedido derechos de acceso a la red por más de 12 gigavatios, el triple de lo previsto. Si todos estos proyectos se materializan, obligaría a inversiones en infraestructuras eléctricas gigantescas con un impacto enorme en costes para el sistema. A ello se suma la incertidumbre sobre la demanda real, ya que muchos proyectos solicitan múltiples puntos de conexión, alimentando el riesgo de una posible burbuja. El Gobierno apuesta por ordenar el crecimiento mediante nueva regulación que priorice proyectos maduros, eficientes y con impacto positivo en el territorio. Un futuro Real Decreto exigirá transparencia en consumos energéticos e hídricos, criterios de sostenibilidad, aprovechamiento del calor residual y aportación económica local, en un intento de evitar las tensiones vividas en otros países europeos y garantizar que el desarrollo contribuya de forma equilibrada a la economía y a la transición energética.
Notable Quotes
La patronal SpainDC valora positivamente el avance de la UE hacia un marco común que mejore la transparencia y comparabilidad mediante un sistema de etiquetado anual con indicadores armonizados— SpainDC
El Gobierno apuesta por ordenar el crecimiento mediante nueva regulación que priorice proyectos maduros, eficientes y con impacto positivo en el territorio— Gobierno de España
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Europa siente tanta urgencia ahora por regular los centros de datos?
Porque el crecimiento es exponencial. Hace cinco años nadie hablaba de esto. Ahora consume el 1,5% de toda la electricidad mundial y se duplica cada cinco años. Los gobiernos se dieron cuenta demasiado tarde de que sus redes eléctricas no estaban preparadas.
¿Y qué hace diferente el etiquetado obligatorio de otras regulaciones?
Es transparencia radical. En lugar de prohibir o restringir, obliga a mostrar. Cualquiera puede ver cuánta agua usa un centro, cuánta energía renovable tiene, cómo se compara con otros. Eso crea presión del mercado, no solo del regulador.
España parece estar en una posición privilegiada. ¿Cuál es el riesgo real?
La burbuja. Desde 2020 se han concedido derechos de acceso a la red por 12 gigavatios, pero nadie sabe si todos esos proyectos se van a construir realmente. Si se construyen, la red colapsa. Si no se construyen, fue dinero invertido en infraestructura que no se necesitaba.
¿Qué diferencia hay entre lo que hace España y lo que hace Irlanda o Reino Unido?
España todavía tiene margen. Irlanda ya está al límite, con los centros de datos consumiendo el 20% de su electricidad. Reino Unido tiene colas de espera de diez años. España está intentando aprender de esos errores antes de llegar a ese punto.
¿El etiquetado realmente va a cambiar algo, o es solo una etiqueta bonita?
Depende de cómo se use. Si los gobiernos lo usan para tomar decisiones sobre qué proyectos aprobar, sí. Si los inversores lo usan para elegir dónde poner dinero, sí. Si nadie lo mira, es solo papel. Pero la experiencia con electrodomésticos sugiere que funciona.