Estudio revela que mayores con problemas de salud mental sufren exclusión, soledad y envejecimiento acelerado

Un estudio presentado esta semana por la Federación Salud Mental Castilla y León documenta una realidad incómoda: las personas mayores que viven con trastornos mentales graves envejecen más rápido, mueren antes, y lo hacen frecuentemente en soledad. El informe, elaborado en colaboración con la Fundación Caser, recogió datos de más de 320 personas mayores de 45 años con problemas de salud mental, además de entrevistas y grupos de discusión con sus familias y profesionales del sector. Lo que emergió fue un retrato de exclusión sistemática, desigualdad territorial y un sistema de cuidados que descansa casi enteramente sobre los hombros de mujeres de la familia.

Los números son contundentes. Cerca del 90 por ciento de estos mayores sigue viviendo con sus familias de origen, muchas veces bajo el mismo techo que progenitores ya ancianos. Un porcentaje significativo envejece en aislamiento, particularmente en zonas rurales donde el acceso a servicios especializados es prácticamente inexistente. El estudio constata que quienes padecen trastorno mental grave experimentan un envejecimiento biológico más temprano, una esperanza de vida notablemente reducida, y una prevalencia elevada de enfermedades crónicas. Las mujeres cargan desproporcionadamente con esta realidad.

El perfil que emerge del análisis revela patrones profundos de vulnerabilidad. Hay una fuerte feminización del envejecimiento en salud mental. Los niveles de desempleo son altos o hay ausencia total de ingresos. La dependencia de cuidados familiares es casi absoluta, recayendo principalmente en madres y hermanas. Un porcentaje importante de estas personas vive en entornos rurales donde las dificultades para acceder a servicios especializados no son una molestia sino una barrera estructural. El aislamiento social, la estigmatización, la depresión, la ansiedad y la ideación suicida figuran entre los factores de riesgo que obstaculizan un envejecimiento saludable. A esto se suma el efecto acumulativo de tomar múltiples medicamentos sin coordinación adecuada.

Las necesidades identificadas son amplias y complejas. El colectivo requiere atención sanitaria y de salud mental continuada y personalizada. Necesita recursos que apoyen su autonomía, vivienda adecuada, redes comunitarias de apoyo afectivo. Las mujeres mayores con trastorno mental grave requieren programas específicos. Hay demanda de servicios de rehabilitación psicosocial y oportunidades de empleo protegido u ocupacional. En esencia, lo que falta es un sistema que las vea como personas con derechos, no como casos clínicos aislados.

Durante la presentación del estudio en el Consejo Económico y Social de Castilla y León, Elena Briongos, presidenta de la Federación, subrayó que el informe representa un punto de partida imprescindible para avanzar hacia un modelo más humano, coordinado y centrado en las personas. Ángel Lozano, gerente de la organización, fue más directo: la atención a la salud mental de las personas mayores debe salir del ámbito estrictamente sanitario y abordarse desde la comunidad con una perspectiva de derechos humanos y justicia social.

Las propuestas concretas que plantea el estudio incluyen la implantación de un modelo de atención integral y comunitaria con enfoque biopsicosocial y de derechos. Se propone desarrollar servicios de asistencia personal, promover programas de envejecimiento activo, reforzar la coordinación sociosanitaria específicamente en zonas rurales, y apoyar a las familias cuidadoras. Hay énfasis en la atención específica a mujeres mayores con trastorno mental grave y en la detección precoz del deterioro cognitivo y trastornos afectivos en personas mayores de 70 años.

El informe concluye que el colectivo afronta un envejecimiento acelerado y desigual, marcado por la soledad y el aislamiento, con acceso insuficiente a recursos especializados y un fuerte impacto del estigma social. Esta realidad exige, según el documento, avanzar hacia un modelo de atención integral, equitativo y centrado en la dignidad de las personas. Lo que está en juego no es solo la calidad de vida de cientos de personas en Castilla y León, sino la pregunta más amplia de cómo una sociedad cuida a sus miembros más vulnerables cuando la enfermedad mental se cruza con el envejecimiento.