España se abre a participar en Ormuz mientras aprueba 1.300 millones más para Defensa

El Gobierno español se encuentra atrapado en una contradicción cada vez más visible. Mientras defiende públicamente una posición de "No a la guerra" frente a los conflictos de Oriente Medio, sus acciones militares crecen y sus puertas diplomáticas permanecen abiertas a una participación más profunda en operaciones europeas que podrían llevarlo directamente al centro de la tensión con Irán.

La escalada de violencia en Oriente Medio ha comenzado a erosionar el discurso que Pedro Sánchez ha mantenido con firmeza. El Ejecutivo ya envió un buque de guerra a Chipre tras los ataques con drones iraníes, una decisión que contradice la retórica pacifista que sigue proclamando. Ahora, con la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de organizar una misión europea para reapertura del Estrecho de Ormuz —bloqueado por el conflicto y por el cual circula el 20% del petróleo mundial— Madrid se encuentra nuevamente en la encrucijada. El Gobierno no cierra la puerta a una eventual participación española, lo que vuelve a poner en tela de juicio una posición que insiste en defender.

Esta ambigüedad se hizo evidente el martes cuando el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de crédito de más de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa "con la finalidad de atender necesidades ineludibles", sin proporcionar detalles adicionales. La aprobación ocurrió mientras el Gobierno seguía deliberando sobre su participación en la operación liderada por Francia. Desde Moncloa reconocen que "estudiarán" enviar tropas españolas cuando la propuesta de Macron se materialice, afirmando que "no lo descartamos". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue más cauteloso en sus declaraciones públicas, enfatizando que España no participará "en ningún tipo de acción que suponga el apoyo a la guerra en Oriente Medio", aunque sin precisar que los parámetros defensivos que plantea Macron podrían encajar exactamente en esa descripción.

La presión sobre Madrid es considerable. Francia planea desplegar ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaviones. Precisamente ese portaviones es el que la fragata española escolta actualmente en Chipre, lo que incrementa la presión política sobre Sánchez. Reino Unido, Italia y Alemania ya han acordado colaborar en los próximos días frente a las amenazas iraníes. La ausencia de España en esta coalición creciente podría debilitar su influencia en Europa, algo que el Gobierno parece reconocer implícitamente al mantener abierta la posibilidad de participación.

El conflicto retórico más profundo, sin embargo, es el que enfrenta a Sánchez con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Mientras von der Leyen ha cuestionado el orden internacional actual y se alinea más claramente con la posición de Estados Unidos e Israel, Sánchez intenta desmarcarse rápidamente de esa línea. Albares se posicionó del lado de Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, defendiendo que la única manera de proteger los intereses europeos es a través del orden existente, el multilateralismo y la diplomacia. Este distanciamiento retórico de von der Leyen marca una ruptura en lo que había sido una buena sintonía.

Pero la retórica no oculta una realidad incómoda: España ya tiene desplegados cerca de 200 militares en Chipre, y no descarta enviar nuevas embarcaciones o contingentes si la misión francesa prospera. El Gobierno intenta proyectar una distancia política que sus propias acciones militares contradicen. Esta brecha entre lo que dice y lo que hace podría terminar debilitando el peso de España en el tablero europeo, especialmente si el distanciamiento con von der Leyen se profundiza. Mientras tanto, el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado, los ataques iraníes a petroleros comerciales continúan, y la pregunta sobre la participación española permanece sin respuesta definitiva.