Enfrentamientos violentos en Cali y otras ciudades colombianas durante nuevas jornadas de protesta

El jueves por la mañana, mientras el presidente Iván Duque viajaba a Cali, las calles de la ciudad se convirtieron en escenarios de confrontación. Manifestantes intentaban bloquear vías en sectores como el Paso del Comercio, y la respuesta fue inmediata: el Escuadrón Móvil Antidisturbios llegó con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Cuando el polvo se asentó, había al menos veinte heridos y ocho personas detenidas. Pero lo que quedó grabado en la memoria de quienes estaban allí fue algo más grave: un joven había recibido un disparo en la cabeza durante los enfrentamientos, según denuncias de ciudadanos en el mismo lugar. En la calle 70, al norte de la ciudad, un autobús del sistema de transporte Mio ardía en llamas.

Esto no era un incidente aislado. Desde que las movilizaciones nacionales comenzaron el 28 de abril, Colombia ha estado atravesando una crisis de seguridad que se ha extendido por múltiples ciudades. Neiva, Bogotá, Medellín: en todas partes, manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaban. Lo que hacía diferente esta jornada era que provenía de sectores que se sentían abandonados por el Comité Nacional del Paro, que días antes había anunciado una "interrupción temporal" de las movilizaciones. Pero esa pausa no significaba el fin, aclararon los organizadores. Las causas seguían siendo las mismas, y para muchos jóvenes, la lucha continuaba sin importar lo que dijera el comité.

En Bogotá, frente al Portal Resistencia, la familia de Duban Barros seguía exigiendo respuestas. El joven había desaparecido el 5 de junio, y en medio de las protestas, su madre y sus allegados pedían a la Fiscalía que iniciara una búsqueda urgente. En Medellín, activistas de derechos humanos denunciaban que el Esmad había lanzado bombas aturdidoras contra miembros de organizaciones de protección humanitaria, e incluso había agredido a una fotógrafa independiente que documentaba los hechos.

Desde su viaje a Cali, el presidente Duque condenó la violencia pero enfatizó su rechazo a los bloqueos de vías. "En un Estado de derecho los bloqueos no tienen cabida porque son un acto de violencia", declaró. Agregó que el país "no puede llenarse de islas de anarquía" y que lo que se necesitaba era emprendimiento y participación de la juventud. Sus palabras reflejaban la posición oficial: la violencia de los manifestantes era el problema central, no las causas que los llevaban a las calles.

Pero los números contaban una historia más compleja. El Ministerio de Defensa reportaba 53 muertes desde el inicio de las protestas, de las cuales 23 estaban vinculadas directamente a las manifestaciones: veintiuno civiles y dos uniformados. Otras once muertes aún estaban en proceso de verificación. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una organización independiente, contabilizaba setenta víctimas de violencia homicida solo hasta el 15 de junio. La diferencia entre estas cifras subrayaba la dificultad de establecer la verdad en medio del caos.

Lo que quedaba claro era que Colombia estaba atrapada en un ciclo: protestas motivadas por demandas sociales, represión policial, más violencia, más muertes. El Comité del Paro había intentado pausar las movilizaciones, pero sectores más radicalizados rechazaban esa decisión y continuaban en las calles. Las fuerzas de seguridad respondían con gases y balas. Y cada día que pasaba, la cifra de víctimas crecía, mientras el diálogo parecía cada vez más lejano.